Sánchez condena a Alicante por quinto año consecutivo como la provincia con menos inversión de España

La provincia de Alicante encara un nuevo ejercicio marcada por la falta de inversión estatal. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no presentar en plazo el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, que debía registrarse antes del 30 de septiembre según marca la Constitución, aboca a la prórroga de las cuentas de 2023. Sería el quinto año consecutivo en el que Alicante quede a la cola en materia de inversión pública, consolidando un escenario que la Federación de Obra Pública y Auxiliares de la provincia (FOPA) ha bautizado como el «quinquenio negro».

La patronal denuncia que este bloqueo político supondrá «un golpe a la productividad empresarial» durante las próximas décadas y una pérdida irreversible de oportunidades para el tejido económico de la provincia. Javier Gisbert, presidente de FOPA, advierte de que esta dinámica es «inaguantable» y que «no se trata del día de hoy, se trata de que no hay apuesta de futuro para nuestra provincia, mientras el resto del mundo sí se está preparando para otras situaciones económicas. Una situación que pagaremos décadas, tiempo necesario para recuperar el tiempo perdido en este quinquenio negro».

Licitaciones a la baja

La falta de nuevas cuentas no llega sola. Los datos de licitación en obra pública reflejan un desplome acusado respecto a ejercicios anteriores. En el primer semestre, el Estado licitó en Alicante 37,6 millones de euros, frente a los 122,2 millones del mismo periodo de 2024. La Generalitat Valenciana también ha recortado su esfuerzo inversor: de más de 71 millones en 2024 a apenas 29,5 millones hasta junio de este año.

FOPA alerta de que este retroceso es aún más grave por la ausencia de información clara sobre el nivel real de ejecución de los proyectos. «Son datos preocupantes, que permiten deducir que no hay un impulso por no perder el tren de la conectividad, la seguridad y la generación de infraestructuras destinadas a la mejora de la sociedad», advierte la organización.

El impacto del Tajo-Segura

A este déficit estructural en infraestructuras se suma otra losa para la provincia: el recorte del trasvase Tajo-Segura. El Gobierno mantiene su plan de reducción progresiva de caudales, en línea con las nuevas directrices comunitarias sobre pozos subterráneos. Una medida que compromete el suministro de agua tanto para el consumo humano como para sectores clave de la economía alicantina, desde la agricultura intensiva hasta la industria turística.

Los regantes advierten de que este «hachazo histórico» acelera la desertificación de la provincia y pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos. Con menos inversiones en infraestructuras y un acceso al agua cada vez más restringido, Alicante se enfrenta a una doble pinza que erosiona su competitividad frente a otras regiones españolas y frente a competidores europeos.

Empresarios en pie de guerra

El malestar en el empresariado alicantino es generalizado. FOPA alerta de que extender los presupuestos de 2023 hasta 2026 significará «un lastre importante a medio y largo plazo» y denuncia una «miopía política que no es consciente de los riesgos de trabajar en precario, sin presupuestos durante toda una legislatura, que tiene un efecto social y económico que no se contabiliza».

Además, la patronal recuerda que la inversión en obra pública no solo afecta a la competitividad empresarial, sino también a la seguridad ciudadana: carreteras, puentes y sistemas de defensa frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos requieren actuaciones urgentes. «Invertir en obra pública supone trabajar en seguridad, en protección, en la reducción de riesgos y en salvar vidas», insisten desde la organización.

Con esta nueva prórroga y el recorte del trasvase, Alicante queda nuevamente relegada al último lugar en el reparto de recursos estatales, confirmando un escenario que empresarios e instituciones valencianas califican de insostenible.