El «ecologismo radical» de Sánchez destruirá 100.000 empleos con el tijeretazo al trasvase Tajo-Segura

El estado de ánimo de los agricultores de la zona del sureste español que riegan sus cultivos con aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura o utilizan las subterráneas de la zona es inversamente proporcional a cómo están los embalses de le cuenca del Segura. Así, cuanto más crece su rabia, indignación y desesperación por el recorte aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez a la infraestructura hídrica, más secos están los embalses que abastecen al Segura.

Al respecto, el último dato oficial, con fecha 22 de septiembre, indica que el total de agua embalsada en la citada cuenca es únicamente de 206 hectómetros cúbicos de los 1.140 que puede contener. Es decir, un escuálido 18,07 %. En términos de comparados, esta cifra supone un 1,49 % menos que la última semana y más de diez puntos por debajo según cómo lleva el lugar de media durante los últimos diez años.

Con ese panorama, miles campesinos de Alicante, Murcia y Almería llevan años exigiendo al Ejecutivo que dé marcha en un 'hachazo' que creen «ideológico» y que obedece a «criterios políticos y no científicos» y que puede terminar con el ecosistema y la economía de la llamada 'Huerta de Europa'. En esa masiva reivindicación han contado en todo momento con el apoyo de los presidentes autonómicos afectados, el valenciano Carlos Mazón, el murciano Fernando López Miras y el andaluz Juanma Moreno.

De Teresa Ribera a Sara Aagesen

Respecto al primero, el pasado martes en su intervención en el Debate de Política General señaló en no pocas ocasiones que bajo su Consell, la Generalitat no iba a «renunciar» a «exigir el agua que merece esta tierra» frente a un «ecologismo radical», una línea de actuación política que no solo la lleva defendiendo desde que es mandatario regional, sino antes incluso de la campaña electoral que le llevó al cargo.

Y es que la importancia del trasvase Tajo-Segura es absoluta, un aspecto que ha confirmado la consultora PriceWaterhouse Coopers (PwC) en un informe a petición del Sindicato de Regantes del Trasvase (SCRATS). En lo relativo al empleo, las conclusiones del estudio son que si Sánchez y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, no rectifican su hoja de ruta, la pérdida de decenas de hectómetros cúbicos de agua provocaría la destrucción de 102.894 puestos de trabajo a tiempo completo que genera la actividad agrícola en las provincias dañadas en un año. O, lo que es lo mismo, el 0,48 % del empleo total en España.

En este sentido, la compañía subraya que la aportación de este sector al Producto Interior Bruto (PIB) nacional fue en 2024 de 3.912 millones de euros, lo que significa el 0,25 %. En ese sentido, cabe recordar que desde el Gobierno central, tanto con Aagesen al frente del Ministerio como con su antecesora, Teresa Ribera, se deslizó que los regantes abastecidos debían llevar a la práctica una mejor gestión del agua, algo que repercutiría en la rentabilidad de sus explotaciones.

Pues bien, PwC tumba ese reproche, poniendo sobre la mesa la realidad, que no es otra que cada euro vinculado a la agricultura en las tierras regadas por el Tajo-Segura se convierte en 2,5 para las finanzas de todo el país. Y no solo en cuestión interna, sino también en imagen de marca, dado que el 70 % de los productos cultivados allí se exportan a otros países del mundo. Esto es posible, resalta la consultora, gracias a las cantidades transferidas hasta la fecha y al uso de aguas subterráneas, que también se ve amenazado por la aplicación de una normativa europea.

Por todo ello, esos prácticamente 4.000 millones de euros estarían en peligro casi en su totalidad por el recorte a la infraestructura planeado, aprobado y respaldado íntegramente desde el Palacio de la Moncloa, a lo que se uniría el cierre de acuíferos de la cuenca del Segura. Fue el propio Mazón el que semanas atrás definió gráficamente el plan que el Ejecutivo no pretende revocar y sus consecuencias: «Es una salvajada», afirmó.