El Gobierno y la política verde de la UE condenan a la desertificación a la provincia de Alicante

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha sido noticia durante el verano (especialmente, en el mes de agosto) por los incendios que han asolado miles de hectáreas en comunidades autónomas como Castilla y León, Galicia y Extremadura y por la gestión contra los fuegos que ha llevado a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que también encabeza la socialista.

Su conocimiento público está lejos de alcanzar registros como los que tienen colegas suyos como María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Fernando Grande-Marlaska u Óscar Puente, entre otros. Sin embargo, es muy probable que no pocos agricultores de Alicante sepan bien quién es Aagesen y cuáles son sus políticas. Sobre todo, una de ellas: el trasvase Tajo-Segura, ya que la número cuatro del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez no ha hecho sino calcar y poner en práctica la misma hoja de ruta que heredó de Teresa Ribera, también más que conocida y no demasiado querida por el gremio dado el recorte drástico impulsado a la infraestructura hídrica, clave para la economía y el medioambiente de la provincia y de otras zonas como Murcia o Almería.

Las críticas y protestas de los regantes afectados no son nuevas. Llevan años denunciando que el plan del Gobierno no se sustenta en datos técnicos y científicos, sino en «criterios políticos» e «ideológicos». Al respecto, la Universidad de Alicante (UA) ha publicado un informe que alerta de los efectos que tendrá la ejecución de lo impuesto por Ribera y Agesen, unido a la aplicación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (UE).

2027, fecha clave

En este sentido, según el documento, las líneas diseñadas tanto en el Palacio de La Moncloa como en Bruselas supondrían la pérdida de 40.722 hectáreas para regadío en la cuenca del río Segura o, lo que es lo mismo, un 15 % de la superficie total destinada para dicho uso. El escrito, que fue solicitado en su día por la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, establece que el recorte al trasvase conllevaría eliminar 105 hectómetros cúbicos para abastecer de agua a los campos.

Si Aagesen y la UE no dan un cambio de rumbo y se enmiendan a sí mismos, este nada deseable panorama será una realidad a partir de 2027, dado que es la fecha prevista para seguir con los nuevos caudales ecológicos del Tajo y cuando la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tiene previsto aplicar restricciones en los acuíferos donde hay sobreexplotación. En concreto, 63 son las masas de agua subterránea que se han identificado en la demarcación hidrográfica del Segura a criterio de la Confederación, de las que 43 entran en niveles de la citada sobreexplotación, detalla el informe del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la UA.

Del mismo modo, explica que la estrategia verde que comparten Bruselas y el Ejecutivo central, cada uno con sus medidas y sus actuaciones en los correspondientes marcos competenciales, acarrearía «la reducción de la superficie de regadío». «La agricultura de regadío es el principal sector afectado por las restricciones impuestas en el uso de estas aguas», avisa la Universidad alicantina, añadiendo un efecto económico adicional, puesto que «la eliminación de la sobreexplotación y la reconversión de tierras de regadío a secano reducirán significativamente el valor de mercado de las tierras afectadas» por la «menor rentabilidad de las explotaciones de secano».

Unión de economía y medioambiente

Este aspecto no es nuevo y ni mucho menos coge por sorpresa a los campesinos de los municipios afectados. De hecho, llevan advirtiendo a Sánchez, Ribera, Aagesen y a las autoridades comunitarias de que el camino emprendido será el fin de los cultivos de la zona, conocida como 'la huerta de Europa', con lo que la desertificación se verá agravada con una nada desdeñable pérdida de puestos de trabajo y de la economía de la zona. Con tal de evitarlo, el estudio de la UA aboga inequívocamente por la comunión entre el fomento de la economía y la defensa del medioambiente:

«La gestión sostenible de los recursos hídricos constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el equilibrio entre el desarrollo económico, la cohesión territorial y la conservación del medio ambiente», subraya el documento.

Si los datos expuestos por la Universidad ya son lo suficientemente duros y preocupantes, más todavía son los que ha calculado el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). A juicio de este colectivo, al sumar los 212 hectómetros cúbicos consecuencia de la Directiva Marco de Bruselas a los 105 que Sánchez y Aagesen se niegan a revocar, la superficie de regadío afectada podría alcanzar incluso el 35 %. Sean unos porcentajes u otros, el varapalo será doble y simultáneo para unos agricultores que no se resignarán a toda una serie de agravios y asfixias por parte de quienes, en España y en Bruselas, les gobiernan.