Imagen de archivo de la vista de una calle en Sedaví que amanecía abarrotada de vehículos arrastrados por la corriente un día después de la dana
El fiscal pide a la jueza de la dana prorrogar seis meses más la instrucción por las diligencias pendientes
La petición de posicionamiento a las partes personadas que la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 sobre si conviene o no prorrogar otros seis meses más la investigación, hasta el 30 de octubre, ya tiene respuesta de la Fiscalía.
Y es que el Ministerio Público ha pedido que amplíe el periodo de la instrucción dado que quedan diligencias por practicar, entre ellas comisiones rogatorias al extranjero, y testificales sin fecha, y porque la magistrada acaba de elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que pide que se investigue al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por «inactividad negligente» durante las riadas.
Así lo traslada en un escrito en el que se pronuncia sobre la posible prórroga del plazo de instrucción por tiempo de seis meses, desde la fecha de su próximo vencimiento, el 30 de abril de 2026, un extremo que había planteado la instructora. Esta misma posición es la que han expresado ya varios letrados en la causa que se sigue en el Juzgado de Catarroja por la muerte de 230 personas en la riada.
El fiscal apunta que el artículo 324.1 de la LECrim establece que la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa pero que si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constata que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, y una vez oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.
Por ello, el Ministerio Público se pronuncia a favor de prorrogar la instrucción, tomando en consideración que esta misma semana la jueza elevó una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV respecto al expresidente y diputado, por tanto aforado; que está pendiente la comisión rogatoria acordada en febrero, que algunas de las testificales pendientes aún no tienen fecha para su realización y dado que otras están señaladas precisamente para abril.
En este sentido, pide ampliar el plazo seis meses más «porque previsiblemente no podría finalizarse» en la fecha del 30 de abril «debido a que del resultado de las referidas diligencias probablemente se derive la necesidad de practicar alguna/s otra/s para el esclarecimiento de los hechos investigados en el presente procedimiento».