El Gobierno concede cada día el Ingreso Mínimo Vital a diez nuevos extranjeros en la Comunidad Valenciana

Cada día del mes de septiembre se han concedido 46 ayudas del Ingreso Mínimo Vital en la Comunidad Valenciana. El dato publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones evidencia la dependencia del sistema de un grupo de personas que mensualmente no deja de crecer. En septiembre se han acogido a esta prestación más de 1.400 personas, de las que 302 son extranjeras.

Tampoco es que el beneficiario del Ingreso Mínimo Vital en la Comunidad Valenciana se vaya a montar en el dólar. El Ministerio señala que el cobro medio es únicamente de 180 euros por beneficiario, 543 euros por hogar. La clave de los datos es que la cifra no deja de subir, constatando que el IMV se ha convertido en una especie de refugio al que acogerse en situaciones de falta de empleo e ingresos.

La cifra de valencianos que cobran el IMV supera ya los 87.062 beneficiarios, de los que 67.689 son de nacionalidad española y 19.325 son extranjeros. La proporción general ronda el 77,75 % de nacionales y 22,25 % de foráneos, pero analizando las situaciones por provincias e incluso haciendo la media diaria la proporción arroja detalles diferentes.

En septiembre se han incluido a dicha prestación un total de 1.407 nuevos beneficiarios, de los que 1.106 son españoles y 302 extranjeros, una proporción 80 % - 20 % que se mantiene desde hace meses.

En septiembre se han concedido cada día 46 ayudas del Ingreso Mínimo Vital en la Comunidad Valenciana, de las que 36 son de ciudadanos nacionales y 10 de extranjeros. Mientras que en Alicante el 76% de las solicitudes diarias son patrias y el 24 % foráneas, Castellón y Valencia reflejan situaciones muy dispares. Si en la provincia de la capital de las casi 22 aprobaciones diarias, 18 son españolas y 4 extranjeras, en Castellón una de cada tres aprobaciones diarias del IMV son para población nacida fuera de España, según señalan los datos del propio Ministerio.

En la Comunidad Valenciana se encuentran el 3,61 % de todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, una cifra que paulatinamente no deja de crecer. En el último trimestre se han aprobado que casi 5.000 personas de Valencia, Alicante y Castellón cobren esta ayuda básica de poco más de un centenar de euros, elevando la concepción de que el Estado cada vez tiene a más gente dependiente de sus prestaciones públicas.

Por qué los extranjeros cobra el IMV

El propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala en su página web que esta ayuda busca «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas».

En base a ellos se configuran una serie de requisitos que debe cumplir todo solicitante para percibir la cantidad que se le considere personalmente. En el primer punto se indica que la primer cláusula a cumplir es demostrar que se tiene «residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud», tiempo que se obvia en casos de «menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y las mujeres víctima de violencia de género».

A partir de ahí se aplican una serie de cálculo y fórmulas en base a los ingresos mensuales y anuales, así como el patrimonio al nombre del solicitante para otorgar una cantidad u otra a través de escalas y porcentajes.

Plan del PP

Al respecto del cobro de este tipo de ayudas por parte de los extranjeros, el Partido Popular propuso recientemente aplicar un cambio normativo por el que el Ingreso Mínimo Vital sólo se pueda cobrar por parte de aquellos extranjeros que cuenten con un permiso de residencia de larga duración que se conseguirá habiendo cotizado un 70% del tiempo de residencia legal en España que habrá de ser, como mínimo, de cinco años continuados.