El caso de los 43 presuntos enchufados del PSOE en Benidorm llega a juicio quince años después

Quince años después de los hechos, la Audiencia Provincial de Alicante celebrará entre el 6 de noviembre y el 18 de diciembre el juicio por el conocido como caso de los 43 presuntos enchufados del PSOE en Benidorm. En el banquillo se sentarán ocho acusados -entre ellos dos exconcejales socialistas, sindicalistas y técnicos municipales- a quienes la Fiscalía atribuye delitos de prevaricación administrativa continuada, malversación y tráfico de influencias.

Los principales procesados son los exediles socialistas Juan Ramón Martínez, que fue concejal delegado de Recursos Humanos entre 2009 y 2011, y Natalia Guijarro, responsable de Hacienda durante ese mismo periodo. Junto a ellos se enjuiciará a Carmen Navarro Orts, jefa de Recursos Humanos cesada en 2011; Daniel Caneiro, coordinador del área y jefe de Personal; y cuatro funcionarios municipales relacionados con nóminas, contratos y personal.

La Fiscalía solicita para los dos exconcejales penas de hasta ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación y cuatro años y medio de prisión por malversación. Según el escrito de acusación, los hechos investigados se produjeron entre 2009 y 2012 y habrían consistido en una política de contrataciones y complementos salariales presuntamente irregulares que afectaron a 43 trabajadores supuestamente vinculados al PSOE.

Una denuncia que remonta al año 2010

La causa se inició hace más de una década a raíz de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que posteriormente se personó como acusación particular. El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm abrió juicio oral a instancias del Ministerio Público tras analizar la documentación remitida por dicho sindicato.

Los hechos investigados se sitúan en 2010, cuando el PSOE gobernaba en Benidorm tras una moción de censura apoyada por el concejal tránsfuga José Bañuls. En ese contexto, el Ayuntamiento aprobó una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que, según la acusación, contó con el aval sindical sin que estos fueran conocedores de los reparos formulados por Intervención, que había pedido incluso su suspensión hasta corregir irregularidades.

En virtud de aquella RPT se habrían autorizado 130 contratos temporales, de los cuales 43 corresponderían presuntamente a personas afines al PSOE, así como el otorgamiento de pluses y complementos salariales a trabajadores con vínculos personales o familiares con el partido.

Un impacto económico millonario

El Ministerio Público sostiene que las presuntas irregularidades «propiciaron un extraordinario desajuste económico en el Ayuntamiento», con un sobrecoste superior a los cuatro millones y medio de euros en dos ejercicios. En su escrito, la Fiscalía indica que dicho gasto se generó «con cargo al erario público (…) y que se aplicó para satisfacer una necesidad artificialmente generada por los acusados como consecuencia de la mendaz aprobación de la RPT».

Asimismo, subraya que los responsables políticos y técnicos eran «conocedores» de que la Intervención municipal no había avalado el procedimiento y que, pese a ello, continuaron con la tramitación. En palabras literales del Ministerio Público, «los acusados, siendo conscientes de lo ilícito de su proceder, en el periodo comprendido entre finales del año 2009 y hasta 2012, llevaron a cabo una irregular política presupuestaria y de personal, y ello a pesar de tener conocimiento de quebranto de la legalidad».

Esa actuación, añade la acusación, «supuso un aumento desproporcionado de la masa salarial que debía ser satisfecha con cargo a las arcas municipales», y «violentando la legislación aplicable, propiciaron que ciertos complementos retributivos fueran aumentando».

Veinte testigos citados

Durante las siete sesiones previstas del juicio declararán una veintena de testigos, entre ellos personal de Intervención, técnicos municipales, la entonces edil Gema Amor, y el que fuera jefe de la Policía Local, Juan Fuertes. También están citados cuatro agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, que participaron en la investigación.

El proceso ha sufrido varios retrasos y modificaciones desde que se inició la instrucción, entre ellas la inclusión de una acusada inicialmente omitida y ajustes de calendario. Ahora, tras años de diligencias, el tribunal analizará si las contrataciones y complementos aprobados en aquel periodo fueron el resultado de decisiones administrativas legítimas o de un presunto uso partidista por parte de los socialistas del poder municipal.