La acusación contra Ribó por la piscina de 1,2 millones pide el escrito de Catalá en el que autoriza que le defienda el abogado municipal

La causa por la construcción de una piscina municipal ilegal por 1,2 millones de euros está a las puertas de provocar cierto maremoto. Ya no es que para el alcalde de Alboraya se le puedan juzgar solicitándole una pena de hasta ocho años de cárcel y que pueda sentar en el banquillo a la eurodiputada socialista Sandra Gómez, sino por la propia estrategia judicial del ex primer edil de Valencia Joan Ribó.

El que fuera alcalde de Valencia entre 2015 y 2023 solicitó el aplazamiento de su declaración, prevista para este 24 de octubre, en una carta con el membrete oficial de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Valencia y, además cuenta con el abogado municipal para proteger su imputación por un delito de «prevaricación urbanística omisiva».

Podría parecer obvio y normal que el Ayuntamiento de Valencia haya 'prestado' al abogado del Consistorio para que defienda la actuación de Ribó durante su mandato. A ello se acoge el exdirigente de Compromís, pero se dan dos circunstancias ciertamente especiales en este sentido.

Tal y como indica Víctor Soriano, abogado encargado de dirigir la acusación popular ejercitada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED), el Ayuntamiento de Valencia «no está personado» en la causa para defenderse del perjuicio que le supuso que Alboraya construyera en su término municipal en una piscina sin ningún tipo de permiso, además de que el terreno estaba catalogado como huerta protegida.

La segunda cuestión es que para que el abogado municipal pueda defender a Ribó debe existir una «resolución municipal», bien sea «decreto de alcaldía o resolución de la junta de gobierno local», mediante el cual se autoriza dicha representación.

En base a que no consta dicha autorización firmada por María José Catalá, el letrado ha presentado al Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia un escrito solicitando el «apoderamiento apud acta o poder para pleitos otorgado por el investigado al que dice representar y copia de la resolución del Ayuntamiento de Valencia que acuerda otorgar la defensa letrada al investigado», tal y como ha podido comprobar El Debate.

Ribó, en su misiva con membrete oficial del Ayuntamiento y folios con marca de agua que llevan el escudo de la ciudad, afirmaba contar con el abogado Joan Hernández Pérez y con el procurador Juan Salavert como miembros «adscritos a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valencia, en base al Reglamento Orgánico y Funcional de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valencia» por el cual se permitiría en casos como este la defensa judicial por parte del abogado municipal, pero según el abogado Víctor Soriano para ello además debe haber una autorización expresa.

Lo cierto es que si se admitiera la defensa del abogado municipal, se daría la paradoja de que el Ayuntamiento de Valencia defendería antes a Ribó que a sus propios intereses en un caso judicial que justamente investiga el perjuicio ocasionado por el Ayuntamiento de Alboraya al de la capital.

La estrategia de Joan Ribó para dilatar su declaración como investigado, lo que hace, es poner aún más contra las cuerdas al alcalde socialista de Alboraya, Miguel Chavarría, cuya situación procesal queda inamovible, como mínimo, hasta que declaro el ex alcalde de Valencia.

Pero aquí también se ve salpicada la socialista Sandra Gómez, responsable de Urbanismo cuando Alboraya construyó sin permiso en terreno de Valencia una piscina de 1,2 millones de euros. Para que la actual eurodiputada pueda ser imputada en el caso el juez Zaragoza Campos debe elevar una exposición razonada de los hechos al Tribunal Supremo, un trámite que parece más o menos evidente conforme acabe la instrucción con la, aún sin fecha, declaración de Joan Ribó.