El informe que desnuda la presión migratoria: el 96% de las solicitudes de padrón especial en Valencia son de extranjeros y colapsan el sistema

El III Balance Anual sobre Racismo y Xenofobia en Valencia, elaborado por once entidades sociales, nace con el propósito de documentar casos de discriminación hacia personas migrantes. Sin embargo, una lectura detallada del informe revela un fenómeno estructural mucho más profundo: la administración valenciana está completamente sobrepasada por el volumen de solicitudes, trámites y necesidades vinculadas a personas extranjeras, especialmente aquellas que no pueden acreditar residencia estable, se encuentran en realquiler, pasan por múltiples domicilios o simplemente no tienen donde vivir. El resultado es un colapso administrativo que afecta al padrón, a Extranjería, a los Servicios Sociales, a la sanidad, a la escolarización y hasta a la relación con entidades bancarias.

Uno de los datos más significativos que el informe recoge procede de la propia Generalitat. A septiembre de 2025, se acumulaban 4.174 empadronamientos especiales archivados o pendientes de resolución, lo que supone el 48 % de todas las solicitudes presentadas desde 2023. Estas cifras muestran que la administración es incapaz de gestionar un volumen tan elevado de peticiones en las que, además, resulta extremadamente complejo verificar la residencia efectiva. El informe detalla que muchas de las personas que acuden a solicitar el padrón no pueden aportar contrato de alquiler:

En estos casos, la comprobación del domicilio —obligatoria por ley— se vuelve prácticamente inviable, lo que conduce al atasco sistemático de expedientes.

El Ayuntamiento de Valencia, en una respuesta recogida en el informe, aporta otro dato clave: entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2025 se gestionaron 4.563 solicitudes de empadronamiento especial, de las cuales el 96 % correspondían a personas extranjeras. Esta cifra confirma que la carga administrativa del padrón recae casi en su totalidad sobre procedimientos especiales relacionados con personas que no disponen de un domicilio acreditable.

El informe incluye además testimonios de trabajadores y usuarios que evidencian la tensión diaria que se vive en las oficinas municipales. Algunos empleados, citados por las entidades, admiten que no existe capacidad real para verificar miles de domicilios que cambian de una semana a otra, lo que genera conflictos recurrentes y bloquea trámites posteriores en cascada.

El documento también detalla un episodio de enorme repercusión administrativa: en agosto de 2025, el Ayuntamiento dio de baja del padrón a 8.594 personas migrantes, tanto comunitarias como extracomunitarias, por no haber renovado la inscripción obligatoria. El propio informe reconoce que la renovación bienal es un requisito legal para quienes no cuentan con residencia permanente, y que la falta de renovación implica la baja automática. Esta situación tuvo efectos inmediatos en el acceso a la tarjeta sanitaria, a la escolarización y a distintas prestaciones, lo que vuelve a demostrar la dependencia absoluta del padrón como puerta de entrada a cualquier trámite público.

La saturación no se limita al padrón. Los Servicios Sociales municipales aparecen descritos en el informe como estructuras al borde del colapso, con esperas prolongadas, falta de personal, centros cerrados temporalmente y retrasos significativos en trámites esenciales. El propio documento recoge casos de usuarios que no pudieron ser atendidos porque su padrón estaba caducado, otros que llevaban meses esperando una resolución urgente y episodios en los que se anularon citas por motivos procedimentales no previstos, como la ausencia de intérprete. Todo ello genera un efecto dominó: si una persona no tiene padrón, tampoco puede acreditar vulnerabilidad, solicitar ayudas, acceder a programas de inserción ni obtener la certificación necesaria para abrir una cuenta bancaria básica.

El sistema sanitario también queda afectado por esta dependencia registral. El informe afirma que, aunque existen vías alternativas a la inscripción en el padrón para obtener tarjeta sanitaria, estas no se aplican en la práctica. Se documentan casos de personas que no pudieron ser atendidas si no presentaban padrón actualizado y el ejemplo extremo de una paciente oncológica que recibió reclamaciones de pago por valor de 30.000 euros por no poder acreditar su residencia durante el tratamiento. La sanidad, según el propio texto, se encuentra atrapada entre la normativa de acceso universal y la imposibilidad de gestionar un número creciente de casos sin documentación ni domicilio acreditable.

La situación en Extranjería es similar o incluso más crítica. El informe recoge decenas de casos de personas que no pueden renovar permisos de residencia o trabajo porque es prácticamente imposible conseguir una cita. Este bloqueo genera despidos, suspensiones de contrato y pérdida de oportunidades laborales. El documento también menciona un mercado ilegal de citas que alcanza precios de hasta 1.000 euros, lo que demuestra hasta qué punto el sistema está saturado. El Defensor del Pueblo había advertido de esta situación ya en 2022 y 2024, pero, según el informe, no se ha producido ninguna mejora sustancial.

El ámbito educativo tampoco queda al margen. El informe describe situaciones en las que familias no pudieron matricular a sus hijos o en las que la matriculación se retrasó semanas por falta de padrón o de documentos esenciales. Los centros escolares requieren acreditar domicilio y, cuando las familias no pueden hacerlo, los menores quedan temporalmente fuera del sistema educativo. En todos estos casos, el denominador común vuelve a ser la ausencia o la caducidad de la inscripción en el padrón.

En materia de vivienda, el informe documenta desalojos de personas que dormían en el antiguo cauce del Turia y la ocupación de fábricas abandonadas, especialmente tras la dana de 2024. El Defensor del Pueblo concluye que la ciudad no dispone de suficientes recursos habitacionales para atender la demanda existente, y el informe recoge episodios de desalojos violentos o intervenciones de empresas privadas de desokupación. De nuevo, muchas de estas situaciones están directamente relacionadas con personas que no pueden acreditar un domicilio estable y se ven excluidas de programas de alojamiento por la falta de padrón.

Incluso la banca aparece afectada. El informe afirma que diversas entidades financieras rechazaron documentación válida, bloquearon cuentas sin previo aviso o negaron la apertura de cuentas básicas por falta del certificado de vulnerabilidad que emiten los Servicios Sociales. Y este certificado, de nuevo, depende de estar empadronado en la ciudad.

La lectura global del informe, más allá de su marco interpretativo, muestra un patrón claro y basado en datos: el padrón municipal y los principales servicios públicos de Valencia se encuentran saturados por un volumen de solicitudes estrechamente ligado a personas que no pueden acreditar residencia efectiva o que se hallan en situación administrativa irregular o muy precaria. El documento demuestra que miles de expedientes quedan estancados, que los procedimientos se ralentizan o bloquean y que los recursos municipales no alcanzan para absorber esta carga. Todo ello aparece recogido con cifras, casos y testimonios en el propio informe.

Lo que este balance anual expone, de manera objetiva, es que la administración no dispone de capacidad para gestionar con garantías miles de solicitudes que dependen del padrón, ni para verificar residencias que en la práctica resultan imposibles de comprobar. El resultado es un sistema que colapsa, arrastra consigo a todos los servicios esenciales y convierte el empadronamiento en un cuello de botella que condiciona toda la vida administrativa de la ciudad. Esa conclusión es la que deja al descubierto la necesidad de revisar el modelo actual y de plantear controles más claros para evitar que un registro diseñado para certificar residencia efectiva acabe desbordado por expedientes imposibles de verificar.