Una organización de Gandia empadronaba ilegalmente a ciudadanos extranjeros en viviendas sin que los dueños lo supieran

La Policía Nacional ha desarticulado en Gandia (Valencia) una organización dedicada presuntamente a obtener datos personales y falsificar documentos para empadronar de manera masiva a ciudadanos extranjeros, sin conocimiento de los propietarios de las viviendas utilizadas. La investigación ha permitido constatar 127 empadronamientos fraudulentos y la existencia de 15 víctimas, según ha informado el cuerpo policial.

Los agentes han detenido a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, de entre 28 y 47 años, como presuntas autoras de delitos de falsedad documental, estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.

La investigación, desarrollada por la Brigada Local de Extrangería y Frontera de Gandia, comenzó en julio, tras varias denuncias de vecinos que descubrieron que en sus domicilios figuraban empadronadas personas a las que no conocían. A raíz de las primeras consultas al padrón municipal, los investigadores detectaron una estructura criminal asentada en la ciudad y dedicada a falsificar documentos y facilitar empadronamientos fraudulentos con fines lucrativos.

Los agentes identificaron a 15 propietarios afectados, la mayoría personas de edad avanzada, que desconocían que en sus viviendas figuraban empadronados varios ciudadanos extranjeros, en algunos casos más de una decena.

La Policía señala que la organización estaría formada por al menos ocho integrantes, con funciones diferenciadas y «un alto grado de especialización». Su actividad delictiva se habría mantenido entre abril de 2023 y agosto de 2025. Los miembros del grupo combinaban la obtención ilícita de datos personales con la elaboración de contratos de arrendamiento falsificados, en los que incluían incluso referencias catastrales para dotarlos de apariencia legal.

Robo de correspondencia para obtener datos

Para conseguir esa información personal, los investigados sustraían correspondencia de los buzones de las víctimas, en ocasiones forzándolos, y utilizaban los datos para confeccionar contratos falsos que presentaban ante el padrón municipal. Con ello tramitaban el empadronamiento de ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad administrativa, facilitando que posteriormente pudieran consolidar derechos de residencia.

Por cada empadronamiento, la red cobraba entre 200 y 1.000 euros, siempre en efectivo, sin recibos ni documentación que permitiera rastrear los pagos. La Policía estima que podrían haber obtenido más de 50.000 euros, además de al menos 3.000 euros en falsos alquileres.

Los cinco detenidos han quedado en libertad tras declarar, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. La investigación continúa abierta y no se descartan más arrestos.