Bar La Bola de Sevilla propiedad de Vicente Fernández Guerrero
Investigación
La UCO apunta a que el expresidente de la SEPI usa desde hace tres años un bar de Sevilla para blanquear comisiones ilegales
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado un nuevo elemento a la investigación que afecta a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y ex mano derecha de María Jesús Montero. Según la documentación policial a la que ha tenido acceso El Debate, los agentes investigan si durante al menos tres años utilizó un bar de Sevilla del que es administrador único como pieza auxiliar para blanquear fondos procedentes de las comisiones ilegales que manejaba la red vinculada a Santos Cerdán.
El establecimiento, gestionado a través de la sociedad La Bola Innovación SL, está ubicado en la Avenida Marie Curie, en la zona empresarial del Parque Científico y Tecnológico Cartuja. Se trata de un local de hostelería aparentemente modesto, sin expansión conocida y con una estructura societaria mínima. Sin embargo, la evolución de sus cuentas ha llamado poderosamente la atención de los investigadores. La empresa declaró en 2023 una facturación de 386.997 euros, un 29 % más que el año anterior, y un beneficio neto que pasó de cifras negativas en 2022 a más de 19.000 euros en el último ejercicio.
Ese salto contable, unido al hecho de que Vicente Fernández Guerrero asumió la administración única de la sociedad en junio de 2023, ha situado al local en el punto de mira de la UCO. Los agentes analizan minuciosamente la evolución de la tesorería, las existencias declaradas, los pagos a proveedores y la relación entre ventas y actividad real en busca de patrones compatibles con la integración de dinero ilícito en la contabilidad ordinaria del negocio. La hipótesis policial es que el bar pudo haber funcionado como una estructura de blanqueo mediante la mezcla de ingresos reales con fondos procedentes de sobornos.
La investigación encaja este posible uso del bar de Sevilla en el funcionamiento general de la trama. Según el trabajo de los agentes, la red encabezada por Cerdán cobró durante años comisiones ilegales a empresas interesadas en adjudicaciones públicas. Parte de esos fondos, según sostiene la UCO, se canalizaban a través de la constructora Servinabar, compañía en la que Fernández Guerrero trabajó entre 2021 y 2023 y que recibió un contrato de 72 millones de euros para la reforma del túnel de Belate. Para los investigadores, el exalto cargo de Montero actuó como «muleta» del entonces número tres del PSOE, facilitando la recepción de dinero por vías encubiertas.
El análisis sobre el bar coincide, además, con el incremento patrimonial del expresidente de la SEPI durante su paso por el Gobierno. Tal y como ha publicado El Debate, desde que fue incorporado al Ministerio de Hacienda en 2018 por María Jesús Montero, Fernández Guerrero ha llevado a cabo un proceso de adquisiciones inmobiliarias de un valor inusual para un alto cargo con remuneración pública. En apenas siete años, ha pasado a ser titular de propiedades en Madrid, Marbella y Sevilla con un valor conjunto que roza los cuatro millones de euros. Los agentes, además, le atribuyen otro tipo de inversiones que ascienden a 1.045.000 euros, por lo que el enriquecimiento supera los 5 millones de euros.
La expansión patrimonial destaca tanto por la magnitud del capital movilizado como por la concentración temporal de las compras, efectuadas prácticamente todas entre 2018 y 2025. Durante ese periodo, Fernández Guerrero adquirió una vivienda en Puerta de Hierro, varios inmuebles en urbanizaciones de lujo de Marbella y un chalet pareado en la exclusiva urbanización sevillana de La Juliana. La documentación a la que ha tenido acceso este periódico también revela que una parte considerable del patrimonio fue financiada mediante hipotecas y que solo alrededor del 10 % de las compras se abonó al contado, lo que, para los agentes, refuerza la necesidad de esclarecer el origen de los fondos utilizados para sufragar esta expansión.
La UCO estudia ahora si existe relación entre ese incremento patrimonial y el presunto papel del exalto cargo en la red. El análisis conjunto de sus adquisiciones, su relación laboral con Servinabar y la posible utilización del bar como vía para legalizar capitales ofrece un esquema coherente con el funcionamiento habitual de organizaciones dedicadas al cobro y blanqueo de comisiones ilegales. Los investigadores buscan determinar si los ingresos declarados por La Bola Innovación SL pudieron servir para justificar dinero de procedencia irregular.
Este periódico publicó hace varias semanas que la Guardia Civil seguía el rastro de Fernández Guerrero por considerarle «muleta» de Cerdán en el circuito económico de la trama. Con la incorporación del bar de Sevilla como posible instrumento de blanqueo, la figura del exalto cargo queda cada vez más definida dentro del engranaje financiero del caso. La UCO continúa cruzando datos bancarios, declaraciones societarias y movimientos patrimoniales para determinar el alcance real de su implicación en la red de sobornos.
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