Imagen de archivo de Mónica Oltra en un acto en octubre de 2025 en Valencia.
Mónica Oltra, medio año esperando al juez: ¿Caso cerrado o juicio?
La izquierda a la izquierda del PSOE anda con la mosca detrás de la oreja por la situación judicial de Mónica Oltra. El juez archivó en junio la causa por la que la exvicepresidenta había sido imputada al considerarse inicialmente que había encubiertos los abusos sexuales del que fuera su marido a una menor tutelada entre 2016 y 2017, pero no se puede decir que el carpetazo sea definitivo. De la total absolución de la ex líder de Compromís dependerá un hipotético regreso a la primera línea de la política valenciana, bien a la coalición catalanista valenciana o a un nuevo partido de izquierdas.
Desde el entorno de Compromís consideran que los tiempos de la Justicia corren en su contra y todo porque en seis meses el togado Vicente Ríos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, no ha resuelto la totalidad de los recursos de reforma presentados ante la decisión de archivar provisionalmente la causa contra Mónica Oltra y otros catorce funcionarios dependientes de la exvicepresidenta.
Según señalan fuentes judiciales a El Debate, «los recursos de reforma se tiene que responder por cada parte», lo que implica que cada interpelación debe contar con las respuestas de las quince defensas, lo que se advierte como un proceso nada ágil y ciertamente costoso en el tiempo.
Desde hace unas semanas las quince defensas cuentan con los recursos presentados por una acusación particular y dos populares, por lo que el magistrado Ríos ahora deberá hacer frente a un total de 45 respuestas antes de decidir si finalmente estima los recursos de las acusaciones y abre juicio oral o si mantiene el archivo provisional señalado el 27 de junio.
Para entender los plazos judiciales, en este sentido el juez no tiene ningún plazo legalmente establecido para determinar su decisión final, a lo que además hay que sumarle la particularidad de que Ríos fue el encargado de la macrooperación Spider con más de 70 detenidos por tráfico de drogas en el Puerto de Valencia. Una actuación judicial de este calibre se presupone como motivo suficiente para reajustar el calendario del Juzgado.
Este impás judicial provoca que la ex líder de Compromís no haya podido reiniciar la carrera política, ya que podría darse la situación de que el juez estime los recursos de las acusaciones y abra juicio oral, lo que dinamitaría cualquier opción política. En el caso de que el juez mantenga su decisión de junio, la izquierda parece decidida a asumir la absolución de cualquier responsabilidad judicial por encima de si la actuación de la exvicepresidente fuera socialmente reprobable.
Y es que aquí se entra en el eterno juego político de si las actuaciones de los dirigentes sólo se rigen por la vara judicial y nunca por la valoración popular. Parece evidente que Mónica Oltra actuó internamente en la Conselleria al enterarse de la situación del ya su exmarido, otra cosa es que dichos movimientos administrativos constituyan o no delito.
Lo que parece innegable es considerar como cuestionable la actuación de Mónica Oltra justamente en un caso que afectaba tanto a su área de trabajo como al entorno familiar. Así fue el «jarabe» de la dirigente que un día soñó con liderar a toda la izquierda valenciana y que acabó siendo presa de su propio listón político.