El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la vicealcaldesa, Sandra Gómez, en la constitución del Ayuntamiento en 2019

Imagen de archivo del exalcalde de Valencia Joan Ribó y la vicealcaldesa Sandra Gómez en 2019.Jorge Gil / Europa Press

El abogado de Joan Ribó intenta «cerrar por la puerta de atrás» el caso de la piscina ilegal de 1,2 millones de euros

El letrado del Ayuntamiento de Valencia remite al Juzgado un escrito de defensa en el que solicita la expulsión de las dos acusaciones personadas

Un escrito en víspera de la declaración de Joan Ribó el 24 de diciembre en busca de una decisión judicial que minimizaría el caso de la piscina ilegal de 1,2 millones de euros. El abogado del Ayuntamiento de Valencia ejerce la defensa del exalcalde Joan Ribó y ha remitido al Juzgado número 19 de Valencia un escrito mediante el cual solicita la expulsión de las dos acusaciones que sustentan el caso de la construcción ilegal por parte del Ayuntamiento de Alboraya en terreno municipal protegido de la ciudad de Valencia. El caso, que podría tener contra las cuerdas tanto al Ayuntamiento de Alboraya como a concejales de las últimas dos corporaciones municipales de la capital, podría dar un vuelco insospechado.

Ya es bastante peculiar que el abogado actual del Ayuntamiento de Valencia defienda al exalcalde imputado por no preservar, en este caso, la totalidad del término municipal de la capital. El letrado ya aportó un escrito al Juzgado en el que diseminaba las culpas atribuidas en la instrucción a Joan Ribó, señalando contra cuatro concejales, tanto del PSOE como de Compromís y Podemos. Entre esos nombres aparecía de nuevo Sandra Gómez, actual eurodiputada socialista que estaba ya contra las cuerdas al ser señalada en varias testificales como responsable en materia de Urbanismo en Valencia durante el tiempo en el que Alboraya construyó la piscina ilegal.

Pero el letrado ha dado un paso más y si se estima por el juez podría ser un revés considerable para el caso. Es decir, que si hace una semana repartía «responsabilidades» en base a las «delegaciones de alcaldía», ahora el ataque es a la línea de flotación de la causa: que el juez eche a las acusaciones del caso.

Este movimiento implicaría, siempre que el juez instructor lo considere, que el caso quedaría en manos estrictamente de la Fiscalía, que hasta el momento «no se ha pronunciado ni ha asistido a las declaraciones», según señala Víctor Soriano, abogado encargado de dirigir la acusación popular ejercitada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED). Esta entidad quedaría fuera de la causa así como el denunciante del caso tras un duro escrito del abogado municipal de Valencia que defiende a Joan Ribó.

Entre el denunciante «beneficiado» y la «opacidad» de la asociación

Según el documento, al que ha tenido acceso El Debate, el abogado municipal de Ribó pide que se eche de la causa al denunciante del caso porque a la vista de su criterio «no ha acreditado que haya sufrido ningún perjuicio» por la construcción de la piscina ilegal de 1,2 millones de euros de Alboraya en terreno protegido de la ciudad de Valencia. Es más, al contrario, el letrado estima que el denunciante del caso debería ser considerado como «beneficiado pues como vecino de Alboraya tiene acceso a una instalación municipal nueva como es la piscina descubierta de la que antes no disponía».

La defensa de Ribó también ataca a la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, sobre la que pide que se le eche del caso por «opacidad» y por defender un «interés privado (que no particular), que se esfuerza en no desvelar», entre otras cuestiones procesales.

En base a ello, si el juez estimara el escrito de la defensa del exalcalde de Valencia por parte del abogado del Ayuntamiento de Valencia, el caso quedaría únicamente en manos de una Fiscalía inédita en la causa. Esta situación podría llevar la instrucción a un callejón sin salida por el que se evitaría cualquier responsabilidad penal tanto en la construcción ilegal como en el delito de «prevaricación urbanística omisiva» que se persigue en la parte que atañe al Ayuntamiento de Valencia.

Víctor Soriano señala que este movimiento implicaría «cerrar por la puerta de atrás» esta causa que, por ahora, afecta al Ayuntamiento socialista de Alboraya y al Ayuntamiento de Valencia en tiempos de Compromís y PSOE. Mientras no haya novedad judicial, Ribó acudirá el 24 de diciembre a declarar al Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia.

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