El juez deja en libertad a los detenidos por el presunto expolio a una anciana con alzhéimer y abre una línea por posible homicidio

El titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha acordado la libertad provisional de los cinco detenidos por presuntamente expoliar el patrimonio de una anciana con alzhéimer, si bien ha impuesto medidas cautelares a cuatro de ellos, a excepción del notario, al que no se le han aplicado restricciones.

Los arrestados —dos abogados, un notario, la cuidadora de la víctima y el comprador de los inmuebles— fueron puestos a disposición judicial este miércoles por la noche y quedaron en libertad provisional conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Para los dos abogados, la cuidadora y el comprador, el magistrado ha decretado la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer en sede judicial cada quince días. En el caso del notario, el juez no ha adoptado medidas cautelares al considerar que los indicios de su participación son menores que los existentes respecto al resto de investigados.

La causa está abierta inicialmente por los delitos de estafa, apropiación indebida y hurto, sin perjuicio de una posterior calificación jurídica.

Además, el juez ha acordado abrir una línea de investigación por un posible delito de homicidio en grado de tentativa, que por el momento no se atribuye directamente a ninguno de los investigados, después de que un informe médico haya detectado la presencia de una sustancia química en el organismo de la víctima que podría resultar mortal para una persona de su edad y con sus patologías, durante uno de sus ingresos hospitalarios.

Una investigación iniciada por la familia

La operación policial se inició en junio de 2025 por agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Ruzafa, tras la denuncia presentada por la familia de la octogenaria. Los denunciantes alertaron de las crecientes dificultades para contactar con ella o mantener encuentros presenciales, lo que les llevó a consultar su situación patrimonial en el Registro de la Propiedad.

Fue entonces cuando comprobaron que la totalidad de los bienes inmuebles de la mujer habían sido vendidos. Las pesquisas revelaron que las operaciones se habían realizado con el asesoramiento de dos letrados que, además, actuaban como abogados de la parte compradora, lo que provocó que los inmuebles se vendieran por valores muy inferiores a los de mercado.

Todas las ventas se formalizaron ante el mismo notario. Incluso en el caso del piso donde residía la anciana —transmitido en régimen de nuda propiedad— se establecieron condiciones consideradas gravosas y desfavorables para la afectada, que incluían la posible pérdida del usufructo.

Las investigaciones constataron que todas las operaciones se llevaron a cabo en un periodo de poco más de un año y que los abogados realizaban un doble asesoramiento que beneficiaba al comprador y dejaba desprotegida a la vendedora, quien padecía alzhéimer. Además, estos letrados habían obtenido un poder de subsistencia que les permitía administrar el patrimonio de la víctima.

Posteriormente, los agentes averiguaron que el notario se personó junto con el comprador para realizar gestiones encaminadas a suprimir el usufructo de la mujer, entrevistándose con vecinos y realizando preguntas destinadas a acreditar que ya no residía en la vivienda, pese a que seguía siendo su domicilio habitual.

Asimismo, la cuidadora fue incluida en el testamento de la anciana y, según la investigación, era la persona con mayor influencia sobre ella y la encargada de realizar extracciones de dinero de su cuenta bancaria. Como consecuencia de todas estas operaciones, los investigadores estiman que los beneficios obtenidos ascendieron a unos 785.000 euros.

La operación culminó con la detención de los cinco implicados, cuya situación judicial continúa ahora bajo investigación.