La Fiscalía pide tres años de cárcel para una concejala de Vox en Valencia por sus tuits con «ataque» a «personas de color» y LGTBI

La Fiscalía de Valencia, a través de la sección de Delitos de Odio y contra la Discriminación, ha emitido un duro escrito de calificación contra la concejala de Vox en el Ayuntamiento de la capital autonómica Cecilia Herrero, por unos tuits escritos años atrás y que considera racistas. Así, el Ministerio Público pide tres años de prisión, a la que acusa de difundir mensajes en su cuenta de la red social X «encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia las personas migrantes, además de a las pertenecientes al colectivo LGTBI, o con discapacidad, haciendo uso, además, de un lenguaje peyorativo y de expresiones de burla hacia los mismo».

De este modo consta en el documento, avanzado por elDiario.es, en el que también solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por tiempo de seis años por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.

Igualmente, por el mismo delito pero por otros apartados del texto, solicita un año y dos meses de cárcel, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 4.800 euros y la inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por cinco años.

En cualquier caso, y de conformidad con diversos artículos del Código Penal, considera que procede la imposición de la pena de inhabilitación para empleo o cargo público por el mismo tiempo que dure la condena. Herrero, edil de Vox y miembro del equipo de gobierno que integran esta formación política y el PP, está actualmente al frente de la Delegación de Responsabilidad Patrimonial.

Cabe recordar que el juez del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dictó en junio del pasado año un auto en el que incoó procedimiento abreviado a la edil por estos tutis, como paso previo a sentarla en el banquillo de los acusados al ver «suficientes indicios de criminalidad» en su actuación. En opinión de la Fiscalía, entre abril de 2020 y abril de 2024 la acusada publicó diversos mensajes en sus cuentas de la red social Twitter, un perfil que cambió sucesivamente de nombre, si bien borró ese contenido. El perfil cuenta con, a la fecha, con 11.300 seguidores.

Entre los mensajes difundidos por Herrero que recoge el Ministerio Público en su calificación, se encuentran algunos como «BASTA. Blindar nuestras fronteras y apoyar a las FCSE (DEL ESTADO SÍ) es una obligación del Gobierno. La expulsión de inmigrantes NUESTRO DERECHO. Expulsión YA»; «No son ni migrantes ni inmigrantes. Son INVASORES» o «Los moros nos invaden».

«Estigmatizar y criminalizar»

De acuerdo con la Fiscalía, la acusada «ha venido sirviéndose de estas cuentas, abiertas al público en general y sin ningún tipo de restricciones, para publicar de forma masiva e indiscriminada mensajes e imágenes dirigidos, deliberadamente y de forma unidireccional, a estigmatizar y criminalizar a personas del colectivo LGTBI y con discapacidad, entre otras».

A través de los contenidos publicados durante esos años «ha venido asociando inmigración con una invasión del territorio español, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social entre la población», con el objetivo de «tratar de orientar su voto a favor del partido político Vox», del que es concejala.

En concreto, subraya la Fiscalía, «centra su ataque con especial beligerancia en el colectivo LGTBI, en las personas con discapacidad, en las personas de color de piel negra, de otros orígenes nacionales, a quienes cosifica, deshumaniza y les atribuye generalizadamente la comisión de delitos, sirviéndose en ocasiones para ello de una selección interesada de supuestas noticias, que manipula para generar alarma o temor en la población».

Para ello, «hace uso del origen de la persona, magrebí, o su religión, musulmana, como un rasgo definitorio del presunto agresor con la clara voluntad de asociar su procedencia con la delincuencia y de atribuir connotaciones negativas y estigmatizadoras a la inmigración en general». Con todos estos mensajes, añade, «contribuye a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos de forma generalizada e injusta contra estos colectivos de personas, con el evidente peligro de generar sentimientos odio, de rechazo y hostilidad frente a ellos por parte de la población».

La Fiscalía destaca 31 mensajes publicados entre el 17 de abril de 2020 y 19 de abril de 2024, publicaciones que eliminó de sus cuentas de redes, si bien han sido archivadas por usuarios en una red de acceso público.

La acusada «era consciente de que sus mensajes se incorporaban a redes telemáticas con vocación de perpetuidad, careciendo desde ese momento del control sobre su zigzagueante difusión, habida cuenta de que dichos mensajes una vez llegaron a manos de sus destinatarios éstos podían multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión, circunstancia que incrementaba exponencialmente los hechos y la consiguiente humillación del colectivo de víctimas objeto de sus ataques», zanja la acusación pública.