Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional junto a un furgón en Valencia
La Policía destapa en Valencia una red de empadronamientos fraudulentos a inmigrantes ilegales a cambio de dinero
Dos jóvenes cobraban por inscribir a extranjeros sin residencia real en viviendas ajenas
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a dos hombres de 23 y 25 años por su presunta implicación en un entramado de empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en situación irregular. Los arrestados están acusados de falsedad documental y de favorecer la inmigración ilegal tras, supuestamente, utilizar viviendas de terceros para inscribir a personas que nunca llegaron a residir en ellas.
La investigación fue desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y se inició el pasado mes de octubre a raíz de una denuncia. Una mujer alertó a los agentes de que no podía empadronarse en la vivienda donde vivía, propiedad de su padre, al constar inscritas diez personas desconocidas que jamás habían residido en el inmueble.
A partir de esa información, los investigadores comprobaron que no se trataba de un caso aislado. En ese mismo domicilio y en otro del mismo edificio, también propiedad del padre de la denunciante, se habrían empadronado desde el año 2022 cerca de 30 personas de origen extranjero, siempre por periodos mínimos de un año.
Según la investigación policial, los ciudadanos empadronados pagaban alrededor de 750 euros anuales a los dos detenidos a cambio de contratos de alquiler que eran presentados ante el Padrón Municipal. Estos documentos, que resultaron ser falsos, permitieron a los arrestados obtener un beneficio económico que asciende a 26.250 euros.
Los agentes constataron que estos empadronamientos irregulares facilitaban a los inscritos el acceso a certificados oficiales, que posteriormente podían ser utilizados para acreditar arraigo, solicitar permisos de residencia, obtener tarjetas sanitarias u otros derechos administrativos. De este modo, la actuación de los detenidos habría contribuido a favorecer la permanencia irregular de estas personas en España.
Tras su detención, uno de los jóvenes con antecedentes policiales, ambos prestaron declaración y quedaron en libertad, a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial en el marco del procedimiento abierto.
