El mapa de la delincuencia de los extranjeros en la Comunidad Valenciana: las diez nacionalidades con más detenidos

La relación entre inmigración y delincuencia vuelve de forma recurrente al debate público, especialmente en comunidades con una elevada población extranjera. La Comunidad Valenciana es una de ellas. Los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior correspondientes a 2024 permiten abordar esta cuestión desde una base objetiva: las cifras de detenidos e investigados por infracción penal. El balance del pasado año arroja 26.677 actuaciones policiales sobre ciudadanos extranjeros.

El desglose por nacionalidades muestra una concentración clara en un número reducido de países. Marruecos encabeza la estadística con 5.005 detenidos e investigados, seguido de Argelia (3.862) y Colombia (3.607). Estas tres nacionalidades suman por sí solas más de la mitad de todas las detenciones de extranjeros en la Comunidad Valenciana durante 2024.

Tras ellas aparece Rumanía, con 2.519 casos, y ya a mayor distancia Reino Unido (784), Ucrania (654), Ecuador (601), Venezuela (575), Bulgaria (539) y Francia (494), que completan el listado de las diez nacionalidades con mayor presencia en los registros policiales.

El peso africano

Por áreas geográficas, África es el continente que concentra más detenciones, con 9.761, impulsadas casi en su totalidad por Marruecos y Argelia. Esta realidad estadística conecta con una sucesión de episodios delictivos que el pasado año situaron el foco mediático y vecinal en determinados entornos urbanos de la provincia de Alicante, donde se han repetido casos de agresiones sexuales, reincidencia delictiva y situaciones de marginalidad extrema protagonizadas por individuos de origen magrebí.

Fuentes policiales consultadas en su momento por este medio subrayaban que muchos de estos casos se producen en contextos de exclusión, sinhogarismo o ausencia total de arraigo, factores que dificultan el control judicial y favorecen la reincidencia. No se trata de hechos aislados en el discurso público, sino de situaciones que han terminado reflejándose en las estadísticas oficiales, a pesar de los intentos del Gobierno por ocultar la nacionalidad de los arrestados. Cabe tener en cuenta que una parte -no informada- de los detenidos con ciudadanía española son de origen extranjero.

América y Europa

El segundo gran bloque lo conforman los ciudadanos de origen europeo, con 8.969 detenciones, donde destaca Rumanía como nacionalidad más representada. En muchos casos se trata de población asentada desde hace años, con presencia estable en determinados barrios y municipios.

Por su parte, América suma 7.170 detenciones, con Colombia muy por delante del resto de países hispanoamericanos. La Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor crecimiento de población procedente de América en las dos últimas décadas, un factor que explica, al menos en parte, su peso en cifras absolutas.

Delitos y economía sumergida

Más allá de los delitos contra las personas, las fuerzas de seguridad vienen detectando un aumento de actividades ilícitas ligadas a la okupación organizada, pequeños robos, fraude administrativo o economía sumergida en barrios con alta densidad de población extranjera. Alicante es uno de los ejemplos más citados, con zonas donde la okupación ilegal se ha profesionalizado hasta convertirse en un negocio, con intermediarios que cobran por forzar viviendas vacías o facilitar trámites al margen de la ley.

A ello se suma la aparición de redes que se lucran con la reventa de citas administrativas, empadronamientos o gestiones municipales, una picaresca que prolifera en contextos de colapso institucional y alta demanda, y que las autoridades reconocen tener dificultades para erradicar.

Detenciones no son condenas

Conviene subrayar un elemento clave: detención o investigación no equivale a condena. Los propios datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que en 2024, en la Comunidad Valenciana, 26.785 personas condenadas eran de nacionalidad española, frente a 12.816 extranjeras. Es decir, si bien la mayoría de los condenados siguen siendo nacionales, la cifra de foráneos penados en relación al porcentaje de población que representan es mayor.

Una fotografía incómoda, pero necesaria

Las cifras oficiales no explican por sí solas las causas, pero sí dibujan una realidad que alimenta la percepción de inseguridad en determinados barrios y municipios. La combinación de inmigración ilegal descontrolada, exclusión social, falta de vivienda y respuestas institucionales limitadas genera un caldo de cultivo en el que una minoría delictiva acaba proyectando su impacto sobre el conjunto de la población extranjera.

Los datos del Ministerio del Interior no dictan conclusiones políticas ni morales. Lo que hacen es ofrecer una fotografía incómoda, pero necesaria, de cómo se distribuye la delincuencia entre ciudadanos extranjeros en la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, el debate queda abierto y cada vez es más recurrente.