Imagen de archivo del momento en el que la Policía Nacional saca el cuerpo del canónigo de la Catedral de Valencia de su domicilio
Juicio por el asesinato del canónigo de la Catedral de Valencia: un acusado en el banquillo y un cómplice sin identificar
El 22 de enero es una de las fechas más señaladas del año en la ciudad de Valencia, ya que se celebra la festividad de San Vicente Mártir. Además de que el día no es laborable, a lo largo de la jornada se celebran procesiones en honor del religioso. La de 2024 también tuvo lugar, pero hubo un hecho que llamó poderosamente la atención: el que entonces era el canónigo de la Catedral de la capital regional, Alfonso López Benito, no asistió, algo del todo anormal.
Lo raro no tardó en tornarse sospechoso en un trágico suceso. Eso sucedió el 23, el día siguiente a San Vicente, cuando el conserje de la finca de la céntrica calle Avellanas (justo detrás de la Catedral) en la que vivía don Alfonso, que era como le conocían, entró al inmueble de éste y se encontró su cuerpo sin vida tendido en su cama y con signos de estrangulamiento. Las posteriores pesquisas evidenciaron que todo ocurrió en la madrugada del 21 al 22.
La muerte rápidamente se convirtió en noticia, más aún cuando se supo que el domicilio no estaba revuelto, una escena común cuando el móvil del crimen es el robo como tal, y que, además, la cerradura de la puerta de entrada no estaba forzada. Con esa base, los agentes de la investigación se centraron en personas del círculo del canónigo y dieron como principal sospechoso con un joven de origen peruano con el que mantenía una amistad y que algunos testigos del barrio aseguraban haberle visto por las inmediaciones del lugar del fallecimiento.
Petición de libertad denegada
Cuando ya se han cumplido dos años de todo lo anterior, este mismo lunes comienza el juicio contra el único acusado, que continúa en prisión provisional desde su primera declaración judicial y cuya petición de quedar en libertad hasta que hubiera sentencia fue denegada de manera contundente por existir «razones objetivas y suficientes para apreciar un riesgo real y actual de fuga», especialmente por la cercanía a sentarse en el banquillo y afrontar una petición de 28 años de cárcel por parte de la Fiscalía en su escrito provisional.
Tal como establece la ley, el juicio se celebrará mediante jurado popular. Este mismo día 24, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), las sesiones serán los días 26, 27, 28, 29 y 30 de enero, así como el 2 y el 3 de febrero «sin interrupción». A lo largo de todas ellas, los jurados deberán valorar la culpabilidad o no culpabilidad del procesado.
Imagen de archivo de Alfonso López Benito, quien fuera canónigo de la Catedral de Valencia
En este sentido, tendrán que justificar si creen probado o no que, según aparece en el sumario, si sobre las 23:00 horas del día 21 de enero de 2024 el reo se dirigió al domicilio de la víctima en Valencia, «con quien mantenía una relación de amistad hacía meses y en unión de otra persona -de nacionalidad colombiana- no identificada y con quien actuaba de acuerdo, logró» que el fallecido «les franqueara la entrada, ya que confiaba en él la persona que acompañaba al acusado». Además, valorarán si «aprovechando el hecho de hallarse solo» el canónigo y que el procesado sabía «dónde guardaba Alfonso su dinero y sus tarjetas, lo tiró en la cama, le tapó la boca hasta que a la vez que le ahogaba con la otra mano apretándole el cuello» y «logró acabar con su vida sin que el anciano tuviera oportunidad alguna de defenderse», en palabras del TSJCV.
El compinche, sin identificar
No solo eso, sino que, además de asesinato, sobre el acusado también recaen las imputaciones por robo con violencia y estafa. Respecto al primero, en el veredicto también deberá quedar justificación acerca de si el jurado considera probado que tras matarle, se quedó con su teléfono móvil y varias tarjetas bancarias. Al respecto, la investigación detalla que hizo ambos extremos y que, incluso, sacó dinero en efectivo, hizo compras en unos famosos grandes almacenes y pagó varias copas hasta alcanzar un importe total presuntamente defraudado de 2.327,16 euros.
Finalmente, hay un aspecto del caso que resulta especialmente llamativo, como es el de la no identificación del supuesto compinche con el que el peruano pudo haber matado al religioso. Tanto es así que la propia Audiencia de Valencia lo resalta: «La Policía no hizo ninguna averiguación útil tendente a localizarle y solo preguntó al presidente de una finca en abril de 2025, después de que la defensa se interesara por si se había hecho alguna indagación para identificar y localizar al colombiano».
