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El ministro de Transportes, con el presidente de Adif a su derecha

El ministro de Transportes, con el presidente de Adif a su derechaEFE

Era lo que parecía

La rotura de una vía recién renovada confirma el peor escenario para el Gobierno

  • El ministro de Transportes comparece para justificar que la obra se hizo conforme a la normativa

  • El presidente solicita su comparecencia en el Congreso antes de ir obligado por la oposición

El relato de los pasajeros del Alvia que tuvieron que ir a pie hasta el Iryo en mitad de la noche porque ni Adif ni Renfe habían dado con ellos y, sobre todo, el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios cambiaron ayer el paso al Gobierno, en el primer día después de los tres de luto oficial decretados por las 45 víctimas mortales del Iryo y el Alvia (46, sumando el maquinista en prácticas de Gelida).

El Ejecutivo se había pasado desde el domingo por la noche, y sobre todo a partir del lunes, evitando reconocer que un fallo en la vía era la principal hipótesis desde el principio; aun cuando el lunes los expertos consultados por los periódicos, televisiones y radios ya apuntaban en esa dirección. Pero ello situaba al Ministerio de Transportes en el centro de la responsabilidad, tal y como El Debate abrió su edición del martes, así que había que ganar tiempo como fuese.

Sin embargo, el tiempo se acabó cuando la comisión hizo públicas este viernes sus primeras conclusiones: el carril se rompió antes del paso del Iryo, en un tramo que había terminado de ser renovado en mayo. Y que, aun así, había registrado siete incidencias desde entonces. En agosto, el PP solicitó a Transportes, a través del Senado, una copia del último informe de auscultación geométrica y dinámica de la vía entre Madrid y Córdoba. La respuesta del Ejecutivo llegó cuatro meses y medio después y fue: «La documentación requerida se circunscribe dentro del ámbito de los informes internos que no forman parte de un procedimiento administrativo formalizado ni generan efectos jurídicos frente a terceros».

El peor escenario se confirmó para el Gobierno, que al menos intentó reaccionar rápido. El ministro de Transportes convocó a la prensa para felicitarse por la rapidez -«en cuatro días tenemos respuestas», agradeció- y explicar qué trabajos se hicieron en la vía, con qué materiales, qué controles de calidad pasó y qué revisiones más tarde. Y la Moncloa anunció una comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, todavía sin fecha, que se habría producido aunque el presidente no hubiera querido porque la oposición estaba en condiciones de forzarla. De hecho, la iba a forzar.

El ministro de Transportes y, a su izquierda, el presidente de Adif

El ministro de Transportes y, a su izquierda, el presidente de AdifEFE

Puente volvió a ser Puente

El Óscar Puente que compareció este viernes por la tarde, ya se parecía más al que acostumbraba a ser antes de la tragedia. Afirmó que iba a desmentir «bulos» y cargó contra el PP por acusarle de falta de información. «No hay falta de información, hay falta de atención», corrigió a Alberto Núñez Feijóo. El responsable de Transportes sostuvo que la obra en ese tramo se adjudicó en 2022 a Ferrovial, OHLA, FCC y Azvi, que denominó «la flor y nata de la obra pública española». También aseguró que todo se hizo conforme a la normativa y negó que no se haya incrementado el gasto en mantenimiento.

El ministro llegó a señalar que las roturas en las vías son «un problema recurrente» en el sistema ferroviario español y europeo, y que, de hecho, hay contabilizadas unas 3.000 roturas al año en Europa. Según Puente, normalmente no tienen consecuencias para los pasajeros, «pero aquí hubo muy mala fortuna», añadió. No obstante, se revisarán todos los lotes por su el carril pudiera tener un defecto de fabricación.

Fin del paréntesis

Por lo demás, el paréntesis que el Gobierno y el PP se dieron tras el accidente del domingo en Adamuz acabó formalmente este viernes. El PSOE golpeó primero llamando a Alberto Núñez Feijóo a la comisión de investigación de la dana en el Congreso el lunes 2 de febrero, dos días después del homenaje de Estado a las víctimas en Huelva y el mismo día en que, en teoría, está previsto que se reanude el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Y el líder del PP respondió convocando a la prensa en la sede nacional del partido para dar un ultimátum al presidente del Gobierno: o accedía a comparecer de forma inmediata en un Pleno extraordinario para hablar de la crisis ferroviaria o el PP llevaría a Sánchez a un Pleno extraordinario en el Senado.

La solicitud del PP iba a debatirse en la Diputación Permanente que la Cámara Baja celebrará el martes por la tarde, pero no hará falta. Poco después, la Moncloa comunicó que el presidente había solicitado comparecer motu proprio para «dar cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario».

En realidad, no había tal voluntad, sino que el presidente sabía que el PP iba a conseguir el apoyo de otros grupos -de Vox y de Junts, al menos-, para forzarle a dar explicaciones. Y decidió no esperar a que eso pasara y adelantarse. La solicitud de Presidencia no lleva fecha, pero probablemente será la primera o segunda semana de febrero.

Si es la primera, a Sánchez le pillará en la recta final de la campaña en Aragón, que ya de por sí no está siendo fácil para Pilar Alegría. Si es la segunda, se producirá en plena resaca de esos comicios, en los que todas las encuestas vaticinan que el PSOE perderá y caerá en escaños ante Jorge Azcón, aunque la duda es cuántos.

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