Hace una reserva en catalán y denuncia a un hotel de Valencia porque la recepcionista le pidió que hablara en español

Señalados con nombres y apellidos por «discriminación lingüística». Entidades subvencionadas por el Gobierno y la Generalitat de Cataluña apuntan hacia empresas privadas y trabajadores por el hecho de emplear el español para dirigirse a sus clientes.

Estos casos, conforme ha venido informando El Debate, se han entregado en la Sindicatura de Agravios de la Generalitat, en forma de denuncias por «discriminaciones lingüísticas» en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Uno de estas denuncias, presentada ante el Defensor del Pueblo Valenciano por la Plataforma per la Llengua, autoproclamada como la «ONG del catalán», se dirige contra un hotel de una prestigiosa cadena en la capital del Turia.

Según consta en el escrito entregado en la Sindicatura, un cliente narra que acudió a la recepción del hotel, en el que había reservado a través de Booking con la opción en catalán. De acuerdo con esta versión, el huésped se dirigió a una recepcionista en valenciano y «me exigió cambiar al castellano, diciendo que no me entendía».

El denunciante relata que «me pasé al inglés y me dijo que tampoco, que me dirigiera a ella en castellano». Ante la negativa del cliente, «calificó el valenciano de dialecto, de manera despectiva, iniciando un intento de argumentación alrededor de que se trataba de un establecimiento donde van turistas».

«Después de pedirle la hoja de reclamaciones en diversas ocasiones», la empleada del hotel explicó que «me entendía perfectamente y que no hacía falta que cambiara de lengua».

«La recepcionista parecía extranjera»

Según el denunciante, «la recepcionista parecía extranjera, probablemente italiana, y se negó a darme su nombre para ponerlo en la hoja de reclamaciones».

Las entidades promotoras del informe con las denuncias sobre «discriminación lingüística», como la propia Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana o Acció Cultural del País Valencià reclaman una modificación legal que imponga sanciones económicas a los «infractores» tanto el ámbito público como en el privado.