Imagen de archivo tomada en una pizzería ajena a esta información
Un cliente denuncia a una pizzería de Valencia porque la empleada es de Córdoba y no entiende el catalán
Un cliente ha denunciado a una pizzería de Valencia porque la empleada que le atendió era de Córdoba y le dijo que no entendía el catalán. Este caso forma parte de un informe sobre «discriminación lingüística» que obran en poder de la Sindicatura de Agravios de la Generalitat en el que se señalan a empresas privadas que emplean el castellano.
Conforme ha venido informando El Debate, detrás de este documento, que recopila 153 denuncias y ha sido entregado a un organismo oficial, se encuentran entidades como la Plataforma per la Llengua o Escola Valenciana.
En esta ocasión, la denuncia se centra en una pizzería de la capital del Turia (cuya nombre es citado en el informe) en la que un hombre pidió «un menú en catalán». Según consta en el relato depositado en la Sindicatura de Agravios (el equivalente al Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana), la empleada que le atendió le dijo que «no le entendía».
La denuncia narra que la trabajadora contó al cliente que era de Córdoba. El consumidor había pedido dos porciones de pizza con dos ingredientes. A su juicio, la expresión en catalán es muy parecida al español. Pese a ello, la empleada, «que se puso nerviosa, alzó la voz y llamó la atención al resto de personas que se encontraban en el local», sostuvo que no le comprendía, ante lo que el cliente sostiene en su denuncia que la trabajadora «se ofendió porque le hablé en catalán».
Este caso engrosa la lista de 153 denuncias sobre supuesta «discriminación lingüística» que apunta hacia empresas privadas y profesionales del sector público como médicos e integrantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Apoyo del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña
Las entidades que promueven el informe cuentan con el respaldo en forma de subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Generalitat de Cataluña.
Además, estas asociaciones gozan del apoyo explícito del Ejecutivo central, verbalizado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
