Vox presenta en las Cortes Valencianas una iniciativa para rechazar cualquier medida del Gobierno que censure las redes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció días atrás que el Ejecutivo legislará para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que para algunos partidos políticos no es sino una 'cortina de humo' para que se hable menos de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y de Gélida (Tarragona), así como de la notable controversia que se ha generado al respecto, especialmente en lo que concierne al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Al respecto, el Grupo Parlamentario Vox en las Cortes Valencianas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para rechazar cualquier propuesta del Gobierno «que pretenda censurar las redes sociales y que restrinja la libertad de expresión e información de los españoles». La iniciativa pide al Ejecutivo «que garantice y respete el derecho de los ciudadanos de poder expresarse y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, sin ser molestado o perseguido por ello».

En este sentido, el portavoz de los de Santiago Abascal en el Hemiciclo regional, José María Llanos, ha afirmado este viernes que «la libertad de expresión es uno de los pilares de toda sociedad libre y democrática». «La Constitución Española reconoce este derecho como fundamental en su artículo 20, garantizando la libre manifestación de ideas y opiniones y la libertad de información, de cátedra y de creación. Además, se prohíbe expresamente cualquier forma de censura previa», ha señalado

«Control del discurso público»

«Sin embargo, en los últimos años se han producido unos cambios preocupantes que amenazan seriamente a la libertad de expresión. En la Unión Europea se ha desarrollado una serie de normas que, bajo la apariencia de proteger la democracia o combatir la desinformación, introducen mecanismos de control del discurso público. Mientras que, en España, el Gobierno ha planteado medidas como la eliminación del anonimato en redes sociales o la reforma de leyes orgánicas vinculadas al honor y al derecho de rectificación. También ha aprobado un anteproyecto de ley que otorga grandes competencias a las administraciones, que dependen del poder ejecutivo, para supervisar y sancionar a los medios de comunicación», ha denunciado el síndico.

Por ello, el Grupo Parlamentario «exige» que el Gobierno de Sánchez «renuncie a cualquier tipo de censura previa o a intervenir en publicaciones, grabaciones o cualquiera otro medio de información». Igualmente, la PNL solicita «que se asegure y respete la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los profesores para garantizar una comunicación pública que sea libre».

«La realidad que esconde todo esto es que el poder corrupto teme todo aquello que no puede controlar. Por eso, desde hace años los europeos somos testigos de una ola represiva que viene de las autoridades de Bruselas en contra de la libertad de expresión e información en redes sociales. Nuestra nación sufre un gobierno que ha hecho de la mentira, la corrupción y la perversión los ejes sobre los que gira toda su acción de gobierno», se describe.

El texto concluye lamentando que con «los índices de pobreza disparados, los servicios públicos destrozados, generaciones enteras de españoles sin poder tener vivienda digna y adecuada, y unas calles cada vez más inseguras, el Gobierno de Pedro Sánchez sabe que para aplacar las críticas a su gobierno ya no le basta con tener controlados a los medios de comunicación tradicionales por medio de subvenciones y partidas de publicidad institucional».