La UME revela a la jueza de la dana que el Gobierno dijo que «no preocupaba» la crecida mortal del barranco del Poyo

Han tenido que pasar 491 días desde la tragedia de la dana de Valencia para que el sede judicial se escuche que la Confederación Hidrogáfica del Júcar consideró «no preocupante» la crecida mortal del barranco del Poyo. El segundo comandante de la UME citado esta semana como testigo ha convertido su declaración en el enésimo sonrojo al papel de Miguel Polo durante aquel caótico Cecopi del 29 de octubre de 2024.

El relato hasta la fecha es que Miguel Polo no había alertado de la crecida del barranco del Poyo durante su conexión virtual con el Cecopi que tenía lugar en l'Eliana, pero ahora ese 'silencio' sería con matices. A tenor de lo declarado por un comendante de la UME presente en la reunión, el presidente de la CHJ sí habría hecho referencia al incremento de caudal del mortífero barranco, pero habría declarado que «no era preocupante».

Según la declaración del testigo, Miguel Polo intervino sobre las 17 horas y «dijeron que subía el caudal del Poyo pero sin preocupación. No había preocupación por la CHJ. Sólo comentaron eso pero no como una preocupación por caudales».

Polo, exconcejal socialista y ahora presidente del organismo dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez para el control de toda la cuenca del Júcar, habría admitido, según el comandante de la UME, que el incremento «no era preocupante» cuando el caudal del Poyo superaba en ese mismo momento el umbral naranja del cauce.

De «no preocupante» a arrasar Valencia

Es más, a los 25 minutos escasos de que hablara Polo, el Poyo ya superaba el umbral rojo, sin que conste que indicara en persona la peligrosidad del momento. Una hora después de que el presidente de la CHJ infravalorara el inicio de la ola mortífera que asoló el sur de Valencia, el Poyo ya llevaba 1.200 hm3/s y a las 19:00 horas el testigo se rompió dada la magnitud de la oleada, que en ese momento era de 2.283 hm3/s.

No es la primera vez que un testigo señala el papel de Miguel Polo durante la gestión de la emergencia. Ésta es la enésima declaración en la que se evidencia que los departamentos dependientes del Gobierno de España optaron por adoptar un papel extremadamente cauteloso y respectando la distancia para no verse involucrados en la caótica toma de decisiones del Cecopi.

Tanto la jueza Nuria Ruiz Tobarra como la Audiencia de Valencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el Tribunal Supremo han negado cualquier imputación más allá de las relativas a la Generalitat Valenciana, rigiendo la instrucción por el Plan de Inundaciones que limita las competencias a la administración autonómica.