Imagen de la conducción del trasvase Tajo-Segura
El PSOE activa la guerra contra el trasvase con 8.300 hectómetros cúbicos de agua más en el Tajo que en el Segura
Castilla-La Mancha lleva a los tribunales al Gobierno de Pedro Sánchez en pleno choque territorial por el agua, con abundancia en la cabecera y déficit estructural en el sureste
La decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de recurrir a los tribunales para forzar un recorte del trasvase Tajo-Segura ha reabierto una de las fracturas más profundas de la política hidráulica española. Lo hace, además, en un contexto especialmente sensible: mientras la cuenca del Tajo acumula 8.935 hectómetros cúbicos -el 80,82 % de su capacidad-, la del Segura se queda en 624 hm³, un 54,74 %, según los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La diferencia entre ambas supera los 8.300 hectómetros cúbicos. Es esa brecha la que alimenta la crítica desde el sureste, donde se interpreta la ofensiva judicial impulsada por Emiliano García-Page como una decisión política que ignora la realidad de un territorio estructuralmente deficitario en recursos hídricos.
El Ejecutivo autonómico aprobó el pasado martes el recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Pedro Sánchez para exigir la aplicación inmediata de las nuevas reglas de explotación, en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo sobre caudales ecológicos. El propio Page asumía el coste de la decisión al admitir que es «duro» denunciar a un Gobierno del mismo partido, aunque insistía en que la situación actual podría estar «rozando» el delito ecológico.
Sin embargo, la iniciativa no se produce en un escenario de escasez en la cabecera. Embalses clave presentan niveles elevados, como Alcántara con 2.792 hectómetros cúbicos sobre 3.160 de capacidad o Valdecañas con 1.261 de 1.446. En el sistema que alimenta el acueducto, Buendía almacena 1.014 hm³ y Entrepeñas 665, cifras que reflejan una recuperación notable tras años de sequía.
Desigualdad estructural
Frente a esa situación, el sureste mantiene un equilibrio mucho más frágil. La cuenca del Segura presenta embalses con niveles significativamente más bajos: La Pedrera apenas alcanza 107 hectómetros cúbicos de 246 posibles, el Cenajo se sitúa en 225 de 437, y otros como Santomera (3 de 26) o Valdeinfierno (1 de 12) evidencian la falta de reservas.
Esta asimetría es la base de un conflicto que trasciende el debate técnico. Para los territorios receptores, la reducción del trasvase no es solo una cuestión ambiental, sino un golpe directo a su modelo económico, al abastecimiento urbano y al equilibrio territorial.
Desde el Gobierno murciano, la consejera Sara Rubira ha criticado el «postureo» de los socialistas y ha reclamado al Ejecutivo central que frene cualquier recorte. «Si de verdad quieres defender el trasvase Tajo-Segura exígele a Sánchez la retirada inmediata del aumento de los caudales ecológicos, que supondrá un hachazo a nuestros regantes y agricultores», señaló.
Rubira también cuestionó el momento elegido para plantear restricciones: «Aprobar un recorte hoy no tiene sentido», afirmó, en referencia a los más de 1.500 hectómetros cúbicos acumulados en los embalses de cabecera.
Un giro político con antecedentes
El actual conflicto se inscribe en una línea política más amplia dentro del PSOE en materia de agua. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la derogación del trasvase del Ebro incluido en el Plan Hidrológico Nacional aprobado en 2001, una decisión que dejó sin efecto un proyecto destinado a llevar recursos a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Almería.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante una sesión de control en el Senado
Años después, el propio Zapatero lo reafirmó de forma explícita durante la campaña electoral de 2008 con una frase que marcó época: «Mientras yo sea presidente del Gobierno no habrá trasvase del Ebro». Aquella decisión supuso un punto de inflexión en la política hidráulica española y dejó a las regiones más deficitarias sin una alternativa estructural a gran escala.
Desde entonces, el sureste ha dependido en mayor medida del trasvase Tajo-Segura, de la desalación y de recursos limitados, lo que explica la sensibilidad actual ante cualquier intento de recorte.
Choque dentro del PSOE
El conflicto ha abierto además una brecha interna en el propio PSOE. El secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, acusó a García-Page de «hipocresía» por exigir solidaridad mientras, a su juicio, la niega en materia de agua.
La respuesta desde Castilla-La Mancha no se hizo esperar. La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, defendió que la comunidad «lleva 47 años siendo solidaria» y rechazó las críticas al considerar que la demanda responde a una «obligación legal y medioambiental».
Padilla también cargó contra el Ejecutivo central por la falta de interlocución, denunciando un «silencio deliberado» por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y la ausencia de reuniones con la vicepresidenta Sara Aagesen.
Presión del sector agrario
En paralelo, el sector agrario del sureste ha elevado el tono. Organizaciones como ASAJA Murcia denuncian que se está utilizando al campo como «chivo expiatorio» y reclaman inversiones en infraestructuras, así como el mantenimiento de los caudales del trasvase.
Los regantes insisten en que el sistema ha sido durante décadas un «motor de desarrollo» y advierten de que cualquier recorte agravará un déficit hídrico que consideran estructural.
Un conflicto abierto
La vía judicial emprendida por Castilla-La Mancha añade presión a un debate que ya combina factores ambientales, económicos y políticos. El Gobierno de Pedro Sánchez queda ahora en el centro de un pulso en el que debe equilibrar el cumplimiento de las sentencias del Supremo con las demandas de territorios que dependen del agua trasvasada.
El calendario político añade presión a un debate ya de por sí complejo. En 2027 coincidirán elecciones municipales, autonómicas y generales, y el agua amenaza con convertirse en uno de los temas centrales de la campaña.
En territorios como la Comunidad Valenciana y Murcia, donde el trasvase es clave para la economía, el recorte podría tener un alto coste electoral para la izquierda. El Gobierno central es consciente de este riesgo, lo que explica en parte la gestión de los tiempos en la aplicación de las nuevas normas.
Al mismo tiempo, el enfrentamiento entre territorios y dentro de los propios partidos añade un componente político adicional. La pugna por el agua no es solo una cuestión de recursos, sino también de poder y de influencia electoral.
