El técnico expedientado por la adjudicación irregular de vivienda pública en Alicante a su superior: «La he cagado y asumiré responsabilidades»

El director territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante ha asegurado este miércoles ante la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en Playa de San Juan, que el funcionario expedientado por estos hechos reconoció su error. Según su testimonio, el técnico le dijo: «Lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades».

Así lo ha trasladado a los medios el abogado Eduardo García-Ontiveros, representante de la acusación popular ejercida por Ciudadanos, tras la declaración conjunta de tres cargos de la Administración autonómica: el propio director territorial, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda y el secretario territorial adjunto.

Durante su comparecencia, los testigos han reconocido que no revisaban en profundidad los expedientes una vez que el técnico encargado del visado se los remitía. Según el letrado, han explicado que, por norma general, se limitaban a comprobar el contrato final y confiaban en el trabajo del funcionario responsable.

Estas declaraciones, las primeras en la causa sobre las VPP de Les Naus, se han producido a petición del Ministerio Público, que solicitó que comparecieran en calidad de «testigos peritos». Cada uno de ellos respondió a las preguntas planteadas «en su ámbito de conocimiento».

Un sistema basado en la confianza

Ante la jueza, los tres cargos han señalado que elaboraron un informe sobre los 140 pisos tras revisar los expedientes junto a otros cinco técnicos. También han indicado que el funcionario expedientado analizó personalmente la documentación «por iniciativa propia».

El caso presenta un elemento especialmente relevante: una de las adjudicatarias de una vivienda en esta promoción es la pareja del propio técnico investigado, arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.

Los testigos han detallado además que todo el proceso de adjudicación se realizó de forma telemática. Los requisitos económicos se comprobaban a través de la renta y el Registro de la Propiedad, pero no se verificaba si los solicitantes podían tener inmuebles a través de sociedades. En cuanto a la composición de las unidades familiares, se basaba únicamente en declaraciones responsables.

El papel del promotor, en cuestión

Otro de los puntos clave abordados en la declaración es el papel del promotor, que, según los testigos, adjudicó «personalmente» las viviendas. Aunque debe cumplir ciertos requisitos, han reconocido que no existe una normativa que obligue a la Administración a exigir su cumplimiento de forma estricta, si bien se está trabajando para regular esta cuestión.

Para García-Ontiveros, estas afirmaciones evidencian que la normativa actual «es un coladero» que permite situaciones como la investigada. A su juicio, el sistema deja en manos del promotor la adjudicación sin controles suficientes.

El abogado ha insistido en que el técnico expedientado fue señalado como responsable «único» de los 140 expedientes y que fue él quien decidió visarlos. También ha revelado que, cuando estalló la polémica, desde Valencia se pidió información sobre una adjudicataria que resultó ser la pareja del funcionario.

Fue en ese contexto cuando, según el testimonio recogido, el técnico reconoció su actuación ante el director territorial.

La investigación continúa

La acusación popular considera necesario que el funcionario expedientado declare ante la jueza para aclarar lo sucedido. Mientras tanto, la instrucción sigue su curso.

El próximo día 24 está previsto que comparezcan otros cinco técnicos de Vivienda que participaron en la revisión posterior de los expedientes. La jueza y la Fiscalía Anticorrupción tratan de determinar si existieron irregularidades en el proceso de adjudicación.

Según García-Ontiveros, las declaraciones ya practicadas han permitido aclarar aspectos «muy concretos», aunque advierte de que este tipo de procedimientos pueden deparar aún nuevas sorpresas