El juez mantiene la presión contra el ayuntamiento del PSOE que construyó una piscina de 1,2 millones de euros en Valencia

Tras dos solicitudes muy sonadas para archivar la causa, el juez responde con más diligencias. Nueva vuelta de tuerca en el caso que investiga la presunta construcción ilegal de una piscina por parte del Ayuntamiento de Alboraya dentro del término municipal de Valencia en una zona protegida. Tras las correspondientes solicitudes de archivo por parte del exalcalde Joan Ribó y de la Fiscalía, el togado Jarabo Calatayud ha solicitado más diligencias.

En una providencia, a la que ha tenido acceso El Debate, el juez Alberto Jarabo acuerda pedir nuevas pruebas al Ayuntamiento de Alboraya, precisando que «no se solicita que se remitan los expedientes administrativos urbanísticos, sino que se realice un informe ex novo y ex professo».

Así, el Consistorio liderado por el PSOE deberá aportar, por ejemplo, «fecha de inicio de los expedientes para la construcción de los elementos que se describe después; y circunstancias urbanísticas, con expresión de los procesos seguidos», «fecha y circunstancias de la licitación de las obras de dichos elementos; incluyendo lo referente a la memoria y demás documentos urbanísticos atinentes a los proyectos», «fecha y circunstancias de la adjudicación de las obras; con detalle del organismo adjudicante, y de la identidad del contratista, »fecha y circunstancias del inicio de comienzo de las obras de esos equipamientos« y »fecha y circunstancias de la finalización y entrega de las obras de aquellos".

En referencia a estos datos el magistrado pregunta directamente por las obras llevadas a cabo en varias parcelas ubicadas en el «término de Valencia». El objetivo es conocer las diferentes actuaciones para construir el acceso a la instalación en cuestión, así como «el pabellón, la cafetería, el campo de fútbol con graderío, dos campos de fútbol 7, una pista deportiva cubierta, aparcamiento, frontón cubierto, acceso a la piscina y el edificio de la piscina cubierta».

Y justamente éstas son las primeras diligencias después de que tanto la defensa de Joan Ribó, ejercida por el abogado del Ayuntamiento de Valencia, como la Fiscalía solicitaran al juez el archivo de la causa.

El exalcalde justificó que se le investigada por el simple hecho de haber sido «primer edil del Ayuntamiento», mientras que el ministerio público justificó la solicitud de sobreseimiento señalando que «en ningún caso quedan perfilados los elementos objetivos, y sobre todo de culpabilidad exigidos en los tipos penales que se imputan».

A pesar de estas peticiones, el juez ha estimado oportuno proseguir con la instrucción pidiendo más documentación, con el fin de aclarar si la construcción de la instalación deportiva de Alboraya en suelo de Valencia cumplió con la legalidad tanto urbanística como medioambiental.

En la instrucción aún queda pendiente aclarar la situación procesal de Sandra Gómez. La actual eurodiputada socialista era la encargada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia cuando Alboraya construyó en término municipal de la capital. Es por ello que las partes han solicitado su imputación, cuestión que debe solicitar el juez ante el Tribunal Supremo al gozar del aforamiento correspondiente para los diputados europeos.