Gabriela Bravo, en una imagen de archivo, tomando posesión como consejera, junto a Ximo Puig

Gabriela Bravo, en una imagen de archivo, tomando posesión como consejera, junto a Ximo PuigEuropa Press / Jorge Gil

Ximo Puig se casa con su exconsellera Gabriela Bravo

La pareja contraerá matrimonio el 12 de septiembre tras varios años de relación

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo, han fijado finalmente la fecha para formalizar su relación sentimental. El enlace tendrá lugar el próximo 12 de septiembre, en lo que supondrá la culminación de un vínculo forjado durante los años en los que ambos dirigieron los destinos de la Comunidad Valenciana bajo el paraguas del Gobierno del Botánico.

La ceremonia representará las segundas nupcias para ambos. Puig mantuvo una relación de décadas con la periodista Amparo Panadero, con quien tiene dos hijos, mientras que Bravo estuvo casada con el abogado Manuel del Hierro, padre de sus tres hijos. Sin embargo, este anuncio de carácter personal llega en un momento de notable agitación judicial para el entorno familiar del expresidente, lo que proyecta una sombra inevitable sobre la celebración.

Mientras la pareja ultima los detalles del enlace, la actualidad judicial ha vuelto a situar el apellido Puig en el foco de los tribunales. Esta misma semana se ha confirmado que Francis Puig, hermano del exjefe del Consell, se sentará definitivamente en el banquillo de los acusados. La Audiencia de Valencia ha desestimado los recursos de su defensa, ratificando el procesamiento por delitos que, según la acusación, habrían servido para el cobro irregular de subvenciones públicas.

La trayectoria de Gabriela Bravo también ha estado marcada por este doble papel: el de máxima responsable de la Justicia valenciana y el de compañera sentimental de Puig. Tras el cambio de gobierno en 2023 y un breve paso por la Mesa de las Cortes autonómicas, Bravo optó por abandonar la política activa para reincorporarse a la carrera fiscal.

El banquillo espera a la familia

El procesamiento de Francis Puig y su socio, Joan Enric Adell Bover, supone un revés para el relato de transparencia de la etapa socialista. Los jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial han sido contundentes al rechazar la supuesta «indefensión» alegada por los acusados. El caso investiga el presunto fraude en las ayudas para el fomento del valenciano concedidas entre 2015 y 2018, coincidiendo con los primeros años de Ximo Puig en la presidencia.

Según el auto judicial, los acusados habrían actuado para «incrementar ficticiamente los gastos» y así justificar subvenciones que no les correspondían o que debieron ser de cuantía inferior. El juez instructor describe una operativa basada en conceptos genéricos, facturas de años anteriores y servicios sin justificación documental, lo que ha derivado en una acusación por delito de estafa que podría acarrear penas de más de diez años de cárcel.

En este contexto, Ximo Puig vive actualmente una realidad muy distinta en París, donde ejerce como Embajador Delegado Permanente de España ante la OCDE desde febrero de 2024. Este cargo diplomático, obtenido tras su salida de la política autonómica y su renuncia a la Secretaría General del PSPV, le permite mantener una distancia física con los juzgados valencianos que ahora acechan a su círculo más íntimo.

El enlace del 12 de septiembre servirá para oficializar una unión que nació en el núcleo del poder valenciano, pero lo hará bajo la presión de un calendario judicial que amenaza con sentar al hermano del novio en el banquillo poco después de que se apaguen los ecos de la celebración.

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