El TSJM admite una demanda contra Sánchez por incumplir la orden de explicar cuántos días escondió a su hermano en Moncloa

Primero fue su esposa, a punto de ser procesada por cuatro delitos; después su hermano, cuyo juicio comenzará el próximo 28 de mayo, y ahora es el turno del protector de ambos: Pedro Sánchez también tendrá que enfrentarse a una demanda, admitida ya por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por negarse a revelar todos los detalles del escondite que le prestó precisamente a David Sánchez Pérez-Castejón, nada menos que en La Moncloa.

A Sánchez, en fin, se le acumulan los problemas legales por el uso personalista que hace de los recursos del Estado. Cuando el juez Peinado da por concluida la instrucción sobre Begoña Gómez, imputándola los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, dictando un auto de procesamiento para la mujer del presidente del Gobierno, ahora el presidente se enfrenta a una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por desobedecer la orden que le obliga a detallar la estancia de su hermano en Moncloa.

En concreto, el tribunal ha admitido a trámite, este 6 de abril, una demanda ante la desobediencia y opacidad reinante en la sede de la Presidencia del Gobierno, después de que Sánchez incumpliera el mandato del Consejo de Transparencia, recogido en la resolución 2025-1945 de este 12 de diciembre, que le obligaba a explicar cuánto tiempo acogió a David Sánchez, entre otras cuestiones.

La directora jurídica de Moncloa, Isabel León, en un escrito del pasado 28 de enero, publicado en exclusiva por El Debate, ya trató de zanjar el asunto, alegando que las visitas e invitados de Sánchez entran en un «domicilio familiar», del que no se registra la actividad, lo que abriría la puerta a que el presidente pueda utilizar La Moncloa para invitar a una cantidad ilimitada de personas, cuyos gastos serían cargados a las arcas públicas sin que constara su registro en ningún lugar, exento de control alguno.

De hecho, señaló que «este órgano asiste al presidente del Gobierno y organiza la actividad oficial» de Pedro Sánchez, pero que desde el momento en que el jefe del Ejecutivo «traslada su domicilio al interior del Palacio de la Moncloa», se atienden «las necesidades del Palacio sin interferir, y por tanto sin actuación ni información, en lo concerniente exclusivamente al ámbito personal del domicilio familiar», por lo que según el escrito de Ejecución , «este órgano no tiene un registro de visitas del domicilio familiar».

Para justificar esta falta de información esgrime que su gestión y, por tanto, la información que maneja se circunscribe únicamente «a la actividad que realizan los departamentos y unidades que conforman la Presidencia del Gobierno», que según dice no tienen nada que ver con la residencia de Sánchez.

Es decir, que las visitas privadas que recibe el presidente del Gobierno no serían registradas, lo que parece cuando menos extraño, teniendo en cuenta que se trata de una instalación sujeta a constantes controles de seguridad por el departamento de Seguridad Nacional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La excusa del «domicilio familiar» de Sánchez no es nueva, sino que Presidencia ya la ha esgrimido en varias ocasiones para ocultar el uso indiscriminado de los recursos del Estado. De hecho, lo hizo para esconder con quién se gastó los 45.000 euros que destinó a sus vacaciones en La Mareta este mes de agosto, aunque finalmente el CTBG emitió una resolución obligando a Sánchez a aclarar qué visitas recibió «con indicación de la razón de su permanencia en la residencia vacacional del Jefe del Ejecutivo y secretario General del PSOE».

Del mismo modo, Moncloa recurrió a esta misma argucia legal respecto de las reuniones celebradas por Begoña Gómez en el despacho presidencial con Barrabés o cuando ejercía como directora de la Cátedra de la UCM en la sede presidencial mientras era asistida por Cristina Díaz, que actuaba como su secretaria privada, pero pagada con fondos públicos. Hechos que ahora colocan a ambas al borde del juicio oral y ante un jurado popular.

De hecho, el juez Peinado, en su auto de procesamiento contra Gómez, ha aludido a esta cuestión, asegurando que las conductas que «provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal», ambos relativos al delito de tráfico de influencias.

A esto, añade que «desde la llegada de su esposo primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».

Por otra parte, Presidencia aseguró no haber recibido ninguna «orden o instrucción» acerca de la residencia de David Sánchez y su pareja, «ni se ha autorizado ningún gasto o solicitado el uso de medio de transporte oficial para actuaciones de personas ajenas a los convivientes».

Según las fuentes jurídicas personadas en el procedimiento, la clave para defender la atípica gestión que de los recursos públicos hace el presidente en beneficio propio se encuentra en la expresión «personas ajenas a los convivientes», un cajón de sastre en el que cabría el uso de los recursos públicos en supuestos como el de su hermano y cuñada, que tuvo a su disposición un vehículo de Presidencia para trasladarla a revisiones ginecológicas durante su embarazo, según adelantaba en este periódico Alejandro Entrambasaguas.

No obstante, este silencio de Presidencia intentando proteger a Sánchez no es nuevo, sino también trató de ocultar al propio Senado los detalles de la estancia de David Sánchez en Moncloa, después de que el PP registrase una batería de peticiones al respecto y que despachó con una sola frase: «El Gobierno no realiza valoraciones sobre informaciones periodísticas».

De hecho, los elevados recursos públicos que utiliza el presidente es algo que ha venido relatando este periódico, que se ha enfrentado a todo tipo de trabas impuestas por parte de Moncloa para ocultarlos. Un ejemplo de ello es que Presidencia del Gobierno, acorralada en los tribunales, reconoció tras una demanda ante el TSJM que Sánchez se gastó 159.699,62 euros ‘extra’ solo en sus vacaciones de lujo en La Mareta, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 17 de mayo de 2023.

Fueron 88 días de vacaciones, que repartió en 13 periodos distintos, comprendidos entre el 1 de enero de 2020 y el 17 de mayo de 2023 y la estancia más cara corresponde al veraneo en La Mareta cuando el coste reconocido por Moncloa alcanzó los 84.505,06 euros, de los cuales 22.385 euros se derivan del alojamiento; 33.312,75 euros, de locomoción; 27.902,06 euros, de manutención, y 905,25 euros, de mantenimiento.

No obstante, Presidencia no explicó exactamente a qué corresponden tales gastos, más allá de los conceptos genéricos, ni tampoco con quién pasó Sánchez todos estos días de vacaciones, pese a que así lo había ordenado el CTBG, por lo que la causa sigue su curso en los juzgados.

Del mismo modo, el uso del Falcon por parte de Begoña Gómez se encuentra en una situación similar, pues, el TSJM ha dado la razón a este periódico, tras dos intentos fallidos de Moncloa de acabar con la causa remitiendo datos incompletos.

De hecho, terminó por reconocer que existían viajes personales, para remitir posteriormente los desplazamientos a los palacios y residencias del Estado, pero sin especificar fechas y transportes de regreso. Eso sí, hizo únicamente referencia a los «desplazamientos del presidente del Gobierno a residencias oficiales». Una treta más para ocultar si Gómez ha utilizado los medios de transporte y las residencias oficiales sin que Sánchez estuviera presente y, por tanto, disponer de los recursos públicos a su antojo.