La isla poblada más pequeña de España apela a una Ley de la Generalitat para su independencia

Inspirada por el modelo de autogestión de otros núcleos poblacionales de la provincia, Tabarca ha decidido dar un paso firme apelando a la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana para reclamar su autonomía administrativa. El objetivo principal de la isla poblada más pequeña de España es constituirse como entidad local menor y dejar de depender formalmente del Ayuntamiento de Alicante, lo que le permitiría elegir en las urnas a su propio presidente y asumir el control directo de sus competencias. Se trata de un horizonte político y burocrático con el que esta comunidad -acostumbrada a lidiar históricamente con el aislamiento de sus escasos sesenta residentes permanentes y sus 30 hectáreas de superficie- busca poner fin a más de una década de reivindicaciones para gestionar su propio núcleo urbano.

La decisión se ha materializado tras una recogida de firmas impulsada por la asociación vecinal Tabarca Isla Plana. El resultado fue concluyente: 33 rúbricas a favor, superando la mitad del censo oficial de 59 empadronados.

El espejo de la Marina Alta (y Valencia)

Los promotores de la iniciativa no parten de cero. Para diseñar su hoja de ruta, han establecido contactos con alcaldes de otras entidades locales menores de la provincia, todas ubicadas en la comarca de la Marina Alta, que hace años lograron exactamente lo que Tabarca persigue ahora:

Jesús Pobre (Denia): Independizada parcialmente en el año 2000, cuenta con unos 1.033 habitantes y un presupuesto de 600.000 euros. Denia les devuelve el 80 % de su recaudación. Desde la isla ya han contactado con él para conocer el modelo de cerca.

La Llosa de Camacho (Alcalalí): Constituida en 1996, apenas supera los 200 habitantes, pero maneja un presupuesto de 80.000 euros con superávit. Su alcalde, Kiko Costa (Compromís), alienta a los tabarquinos asegurando que cuentan con una financiación «justa» basada en su aportación real de impuestos.

La Xara (Denia): Es la más poblada de la provincia, con más de 2.000 vecinos, constituida como entidad en 1984.

Fuera de Alicante, José Codoñer, alcalde independiente de El Perelló (Sueca, Valencia) —la entidad local menor más habitada de la autonomía—, advierte de que «la lucha continúa» tras la constitución legal a la hora de pactar la financiación, y muestra ciertas reservas sobre la viabilidad económica de Tabarca debido a su escasa recaudación de IBI. No obstante, reconoce que la condición insular juega a su favor: «Es una isla y su terreno está claramente delimitado», lo que evita los habituales conflictos de fronteras.

Las implicaciones del cambio

Si el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana dan luz verde al proyecto, Tabarca experimentaría un cambio radical en su administración:

Elecciones propias: En los comicios municipales, dispondrían de una segunda urna para elegir a su presidente (alcalde pedáneo) y a sus vocales (concejales).

Gestión presupuestaria: La isla diseñaría sus propios presupuestos. Los fondos provendrían de un acuerdo con el Consistorio alicantino, habitualmente proporcionales a la recaudación generada en la propia entidad.

Competencias delegadas: Podrían asumir el control de todas las áreas excepto dos: la Policía Local y los planes de ordenación urbana, que seguirían en manos de Alicante.

Acceso directo a fondos: Capacidad para solicitar subvenciones de manera directa a instituciones como la Diputación.

«Abandono» y falta de servicios

Para los residentes, el encanto natural del enclave -declarado primera reserva marina de España en 1986 y cuyo casco urbano cuenta con la categoría de Bien de Interés Cultural- choca frontalmente con la dureza de su día a día. Carmen Martí, presidenta de la asociación vecinal, resume el sentir general: «Llevamos 11 años peleando y hemos dicho basta. Con todas estas características, deberíamos tener un trato especial. Ya está bien, dependemos del mar y del tiempo».

El aislamiento físico se agrava por lo que los vecinos denuncian como inacción institucional. Destacan la deficiencia histórica en el transporte marítimo regular y la eterna paralización del Plan Especial de Tabarca, crucial para el ordenamiento del territorio. Todo ello enmarcado en una fluctuación demográfica extrema: de la calma invernal pasan a soportar desembarcos diarios de entre 3.000 y 5.000 turistas en verano, generando una presión sobre los servicios que, a su juicio, no se atiende bien desde la península.

Choque político en la capital

El movimiento insular ha agitado el tablero político en Alicante. Desde el equipo de Gobierno, el vicealcalde Manuel Villar (PP) ha afirmado desconocer el contenido de la petición formal y ha negado categóricamente que el Consistorio tenga abandonada a la isla.

Por el contrario, la oposición ha cerrado filas con las demandas vecinales. Ana Barceló (PSOE) acusa al Gobierno de Luis Barcala de carecer de un modelo para Tabarca y de retrasar injustificadamente la aprobación del Plan Especial: «Es lógico que los vecinos quieran tomar decisiones debido a la inacción». En la misma línea, Rafa Mas (Compromís) considera que la emancipación administrativa es una «opción seria» y la única salida para unos vecinos que «están hartos, y con razón», anunciando además que pedirán la convocatoria urgente de la comisión de Tabarca.

Mientras la clase política debate, en las calles encaladas de la pequeña isla amurallada los abogados de la asociación ya preparan el papeleo. La independencia parcial ha dejado de ser una quimera para convertirse en un trámite administrativo en marcha.