Imagen de archivo del senador de Vox Fernando Carbonell
Vox denuncia en el Senado la incoherencia del PSOE al admitir «diferencias significativas» en el acceso a la dependencia
El PSOE en general y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en particular llevan presumiendo años de la fortaleza de lo que denominan «el escudo social», es decir, una serie de medidas puestas en marcha o fortalecidas por el propio Ejecutivo con el objetivo de que «nadie se quede atrás». Una de estas es la dependencia. Sin embargo, los socialistas no han salido demasiado bien parados en el Senado al respecto.
«Cuando un sistema reconoce derechos pero no los garantiza, el problema no es de redactar normas, sino de eficacia, de gestión y, sobre todo, de credibilidad institucional». Así ha respondido el senador de Vox Fernando Carbonell a una moción del Grupo Socialista para la modernización del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Un texto que admite que existen «diferencias significativas en el acceso, tiempos de espera y cobertura efectiva», y que decenas de miles de personas se encuentran en ese llamado «limbo de la dependencia», con un derecho reconocido, pero sin prestación efectiva.
Los datos son «contundentes», según ha expuesto el representante conservador en la Cámara Alta: «Más de 250.000 personas siguen atrapadas en distintas fases del procedimiento, y más de 32.000 han fallecido en un solo año esperando ser atendidas». «No hablamos de cifras abstractas: hablamos de personas que tenían reconocido un derecho y no llegaron a ejercerlo», ha puntualizado.
Para el portavoz de Vox, a esta situación se añade que el sistema «sigue consolidándose como un modelo de baja intensidad, con prestaciones económicas reducidas y servicios insuficientes para cubrir necesidades reales». Así, «estamos ante un problema de desajuste estructural entre lo que se promete y lo que se promete y lo que se presta».
«Por debajo de la media europea»
En cuanto a la financiación, Carbonell ha señalado que España destina en torno al 1 % del PIB a cuidados de larga duración, «muy por debajo de la media europea». Además, ha señalado como «más relevante» que el volumen es la forma: el sistema descanse mayoritariamente sobre las comunidades autónomas, mientras la aportación estatal se mantiene lejos de los compromisos políticos reiteradamente anunciados.
También se ha referido a la desigualdad territorial, pues la descentralización ha generado lo que, en la práctica, son diecisiete sistemas distintos, con diferencias notables en financiación y, por tanto, tiempos de espera, intensidad de los servicios y acceso efectivo.
Por último, se ha pedido que se aborde «con honestidad» el hecho de que «el sistema se sostenga, en gran medida, sobre el cuidado informal, prestado mayoritariamente por mujeres en el ámbito familiar, un coste invisible que no aparece en los presupuestos pero que resulta esencial para su funcionamiento».