El Poder Judicial activa el amparo a la magistrada de la dana frente a un abogado y un diputado del PP

El marco judicial que envuelve todo lo relacionado con la dana de Valencia del 29 de 2024 es de tal magnitud que el Juzgado número 3 de la localidad de Catarroja, cuya titular es Nuria Ruiz Tobarra, se encarga en exclusiva de la instrucción del caso. Además, determinadas actuaciones de ésta han derivado en no pocos recursos ante la Audiencia Provincial e, incluso, una queja formal y sendos recursos de amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Respecto a este último extremo, el órgano de gobierno de los jueces, a través de su Comisión Permanente, ha acordado admitir a trámite las dos peticiones de amparo que interpuso la magistrada de la riada contra el diputado nacional del Partido Popular Rafael Hernando y Rubén Gisbert, por el abogado de algunas víctimas de la tragedia. La decisión la ha adoptado la presidenta de la institución y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, junto a otros siete vocales.

La polémica en cuestión surgió a raíz de un informe elaborado por la Guardia Civil en el que avalaba la versión de la Generalitat Valenciana, reflejando que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, entonces liderado por Teresa Ribera y luego heredado por Sara Aagesen, no informó a tiempo de la crecida en el barranco del Poyo, el epicentro de la mayoría de las 230 víctimas mortales.

«Erróneo en sus consideraciones»

Para ello, los agentes de la Benemérita aportaron una escrupulosa cronología de los hechos. Sin embargo, el documento fue rechazado por Ruiz Tobarra. Es más, lo calificó como «erróneo en sus consideraciones». Entre los motivos esgrimidos, apuntó que «no se corresponde con lo acordado por esta juez», lo que en su opinión «constituye un vicio de origen», al mismo tiempo que subrayaba que «no se solicitaba ninguna valoración respecto a las actuaciones de los intervinientes».

Esta circunstancia provocó que Hernando escribiera un mensaje en su perfil oficial de la red social X: «La Guardia Civil hace un informe de investigación que destruye las tesis de la jueza de la dana y ella lo desacredita porque incrimina al Gobierno de Pedro Sánchez. La prevaricación es palmaria y Vallés te lo explica. Acabará mal», publicó, adjuntando el vídeo de la noticia que emitió Antena 3 Noticias.

El Debate se ha puesto en contacto con el diputado, quien confirma que tiene constancia de la decisión adoptada por el CGPJ. «No tiene ni pies ni cabeza», asegura. Igualmente, avanza que, aunque tiene un periodo de diez días para presentar alegaciones a la admisión a trámite del amparo a la instructora, su intención es presentar su recurso este mismo jueves.

Es más. También a preguntas de este periódico a Hernando cuando supo de la queja de la magistrada, no fue menos contundente: «Quien tiene que pedir amparo es el pueblo de Valencia ante una instrucción ilegal y sectaria», indicó añadiendo que el marido de la jueza «se está comportando como si fuera una parte más del procedimiento cuando no lo es», a colación de su participación en diversos interrogatorios. Tras calificar todo ello como «ilegal», apostilló: «Si no está capacitada para llevar una causa como esta, que renuncie».

En cuanto a Gisbert, el germen del choque es que interpuso en su momento una denuncia en la que acusaba a la jueza de revelación de secretos y prevaricación. Ésta fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quien, posteriormente, certificó la presencia en testificales de la pareja de la magistrada, si bien no ve delito en ello.

El tema temporal tampoco es baladí. La resolución del CGPJ sobre Hernando se da como consecuencia de un tuit que el parlamentario publicó el 12 de febrero de este mismo año. En cambio, esa celeridad no se está dando con la queja formal que hace un año planteó la que el día de la dana era consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, por, de nuevo, la participación activa del marido de la magistrada en comparecencias sin ser parte del procedimiento.