Tres altos cargos del Ayuntamiento de Alicante plantan al juzgado en el caso de las viviendas de Les Naus

La investigación judicial sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas de la promoción Les Naus, en la Playa de San Juan, ha sumado este viernes un nuevo episodio de tensión institucional. Los tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante citados como testigos por la magistrada instructora no han acudido a declarar al juzgado, pese a haber sido convocados oficialmente para esclarecer su papel en el procedimiento de adjudicación de los inmuebles.

La jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de Gestión Patrimonial Pablo Torregrosa; y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura, estaban llamados a comparecer a las 10:00 horas ante la titular del juzgado de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante. Sin embargo, ninguno de los tres se ha presentado.

Fuentes presentes en la causa señalan que la magistrada ha comunicado ya a las partes que volverá a citar a los tres funcionarios municipales, cuya ausencia ha generado sorpresa entre las acusaciones populares. No es la primera vez que los tres evitan dar explicaciones públicas sobre el caso: tampoco comparecieron en la comisión municipal creada por acuerdo plenario para analizar lo sucedido en la promoción de Les Naus.

Críticas de las acusaciones populares

Quienes sí han acudido al juzgado han sido cuatro funcionarios de la Conselleria valenciana de Vivienda: el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez; la jefa de sección de Emergencia Habitacional, Marta Vera; la técnica de Arquitectura María del Carmen García; y la técnica de gestión de Administración General Marta Jiménez.

No obstante, las declaraciones han sido calificadas de escasa utilidad por las acusaciones populares, ejercidas por PSPV-PSOE y Ciudadanos. El abogado de Ciudadanos, Eduardo García-Ontiveros, ha ironizado ante los periodistas sobre las ausencias de los funcionarios municipales al señalar que «a lo mejor es que la citación del juzgado se ha debido perder por los pasillos del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante».

El letrado socialista Fernando Cazorla ha explicado que las citaciones judiciales fueron remitidas a través de la plataforma municipal y advierte de que, si los funcionarios vuelven a ausentarse tras una nueva convocatoria, «lo lógico» sería proceder a una tercera citación mediante intervención policial.

Expedientes que debieron ser anulados

Durante la jornada también han trascendido nuevos detalles sobre el funcionamiento del proceso de adjudicación de viviendas públicas. Según han relatado los funcionarios autonómicos, cuando un solicitante es requerido para aportar documentación adicional y no responde, el expediente debe decaer automáticamente.

Para las acusaciones populares, este extremo resulta especialmente relevante porque, según sostiene García-Ontiveros, hubo adjudicatarios que no atendieron esos requerimientos documentales y aun así obtuvieron una vivienda pública. «Hubo gente a la que se le requirió documentación, hicieron caso omiso y aun así fueron adjudicatarios de una vivienda», denuncia.

Cazorla añade que una de las testigos describe una relación de confianza con el técnico municipal Roberto Palencia, quien validó en solitario los expedientes investigados. Según relata, tras estallar el escándalo, Palencia habría reconocido en una reunión que la unidad familiar que formaba junto a su pareja había resultado beneficiaria de uno de los pisos.

Escándalo con consecuencias políticas

El caso de las viviendas públicas de Les Naus provocó una fuerte sacudida política en Alicante y derivó en varias dimisiones. Entre ellas figura la de la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez, del Partido Popular, que figuraba entre las beneficiarias de una de las viviendas investigadas.

También dimitió la directora general municipal María Pérez-Hickman, después de conocerse que dos de sus hijos y un sobrino habían resultado adjudicatarios de otros tres pisos de la promoción pública.