Oltra no es la víctima

Durante años, Mónica Oltra construyó una imagen pública basada en la superioridad moral. Era la política de la empatía, de los discursos sobre la protección de los vulnerables, de las lecciones constantes sobre feminismo, ética y derechos sociales. Por eso el caso de la menor tutelada abusada por su entonces marido no solo cuestionó una carrera política: hizo saltar por los aires toda una narrativa cuidadosamente fabricada y convenientemente jalonada desde los altavoces de la izquierda.

Pero lo más obsceno de este asunto no ha sido únicamente el escándalo institucional. Lo verdaderamente insoportable ha llegado después. Porque con el paso del tiempo hemos asistido a una operación de inversión moral tan grotesca como perversa: la dirigente política ha intentado ocupar el lugar de víctima de una cacería política y judicial mientras la menor abusada desaparecía del relato público. Y no, Oltra no es la víctima.

La víctima fue una menor tutelada por la Administración valenciana. Una chica vulnerable cuya protección dependía directamente del sistema público que dirigía el entorno de Oltra. Esa menor denunció abusos cometidos por un trabajador de un centro financiado con dinero público, posteriormente condenado por sentencia firme. Ese debería ser el centro permanente de cualquier debate decente. Sin embargo, parte de la izquierda política y mediática decidió desplazar el foco hacia otro sitio: el supuesto sufrimiento político de Mónica Oltra.

Desde entonces hemos visto entrevistas lacrimógenas, discursos de martirio y una estrategia perfectamente reconocible de victimización política. Oltra recorre medios y platós presentándose como perseguida de una conspiración judicial, mediática y política. El comodín del lawfare se ha convertido en refugio habitual de demasiados dirigentes cuando la realidad les resulta incómoda. Todo es persecución. Todo es una cacería. Todo, menos asumir responsabilidades.

La gran hipocresía es especialmente hiriente porque procede de un espacio político que durante años exigió dimisiones inmediatas por cuestiones éticas muchísimo menos graves. Aquellos que defendían que la ejemplaridad debía situarse por encima de la mera legalidad ahora se esconden. La ética pública, al parecer, solo sirve cuando el señalado pertenece al adversario. Pero la ciudadanía no es estúpida. Y cada vez resulta más evidente la distancia entre el discurso moral que durante años predicó Oltra y la forma en que reaccionó cuando el escándalo llamó a su propia puerta. Porque en lugar de preservar la credibilidad institucional, eligió victimizarse y convertir cualquier crítica en un ataque político, hasta que la obligaron a marcharse. Ese es el verdadero fracaso del llamado «escudo social» que tanto proclamaba la izquierda valenciana. Cuando llegó el momento decisivo, se construyó un relato donde la víctima pasó a ser la política. Y esa inversión moral resulta sencillamente intolerable.

La operación política consistió en transformar a una dirigente poderosa en una falsa mártir pública y hasta Bruselas ha desautorizado a socialistas y nacionalistas en su intento de que el Eurocámara archivara la fiscalización de este caso y, bien al contrario, con el voto de la mayoría, se retoman y continúan los trabajos de investigación sobre las posibles fallas institucionales en la protección de menores tutelados. Y eso desmonta otro de los grandes intentos de manipulación política: hacer creer que todo se reduce a una campaña de acoso contra una dirigente progresista.

La gran obscenidad de este caso es contemplar cómo quien ocupó el máximo poder político en materia de protección de menores ha terminado recorriendo platós y entrevistas presentándose como víctima de una conspiración, mientras la única víctima real -la menor abusada- vuelve a quedar relegada al silencio. Oltra tiene altavoces, militancia y entrevistas. La menor solo tuvo un sistema que falló.

Elena Bastidas es portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas en la comisión de Familia, Política social e Igualdad