Clamor en el campo contra el Gobierno: «Con Pedro Sánchez Marruecos nos ha adelantado»

Detrás de las frías resoluciones judiciales y los despachos ministeriales de Madrid se esconde el drama humano, silencioso y diario, de miles de familias del sureste español. Agricultores que miran al cielo y a unos embalses bajo mínimos, conscientes de que la tierra que sus abuelos convirtieron en el pulmón verde de Europa se está agrietando de forma irreversible. Para ellos, el agua no es un debate político ni una moneda de cambio; es la educación de sus hijos, el sustento de su hogar y el futuro de su comarca.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que avala el incremento de los caudales ecológicos y abre la vía a un tijeretazo definitivo al trasvase Tajo-Segura, ha caído como un mazazo psicológico sobre una comunidad que se siente perseguida y abandonada por su propio Gobierno.

En este escenario de máxima tensión, los dos máximos representantes del regadío del sureste comentan la situación durante una charla con El Debate. José Vicente Andreu, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Alicante (Asaja), y Lucas Jiménez, al frente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), revelan en una conversación conjunta una realidad indignante: mientras el campo español se ahoga entre restricciones, el Ejecutivo central riega con 340 millones de euros de dinero público las infraestructuras hídricas de Marruecos, blindando al competidor más directo y agresivo de la huerta nacional.

La indignación en el sector no es para menos. José Vicente Andreu se muestra tajante al analizar la postura de Moncloa ante la asfixia del sector primario. «A Pedro Sánchez no hay que decirle nada. Es perder el tiempo», dispara con desagrado el líder de Asaja. Para Andreu, la financiación de la gigantesca desaladora de Casablanca con fondos españoles es la gota que colma un vaso ya desbordado por la ideología. «Nosotros perdemos capacidad productiva y ellos la ganan financiada con dinero de los españoles. Una auténtica barbaridad», lamenta, señalando que los efectos de esta asimetría ya se palpan en las góndolas de los supermercados europeos, donde Marruecos ya ejerce como el principal proveedor de tomate y judías, posición que pronto arrebatará también en el sector de los frutos rojos.

«Compromisos ocultos»

Desde el Scrats, Lucas Jiménez comparte este diagnóstico de desamparo institucional y eleva el tono contra la gestión de un Gobierno al que define como «desnortado o preso de no sabemos qué compromisos». Jiménez no esconde su frustración ante lo que califica como una «traición de primer nivel» contra el tejido productivo del sureste.

El representante de los regantes denuncia que el Ejecutivo se ha sentado «de espaldas al sector primario español», demostrando una apatía absoluta a la hora de defender a sus productores en Europa o de autorizar de forma coyuntural tratamientos contra plagas que sí se permiten en países vecinos. «Pareciera que España es un país industrializado que puede prescindir de su magnífico sector primario», ironiza con indignación.

La batalla judicial, lejos de enfriar los ánimos, ha reubicado los cañones del sector hacia el terreno político. Aunque acatan el veredicto del Supremo, los regantes denuncian que la Justicia operó en un vacío técnico al ignorar por completo las periciales aportadas por los agricultores, que demostraban que un caudal de 6 metros cúbicos por segundo era más que suficiente para mantener la salud ambiental del Tajo. Para el presidente de Asaja, la fijación de los nuevos umbrales carece de rigor científico y obedece a una agenda de demolición: «El daño es terrorífico. Solo una mente enferma puede consentir llegar a esta situación».

El agua como trinchera electoral

Los líderes agrarios coinciden en que el verdadero enemigo del trasvase no es el cambio climático, sino el cálculo demoscópico. Apuntan directamente al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quien acusan de orquestar una campaña de confrontación para arañar rédito en las urnas. «Page tiene pánico ante las próximas elecciones autonómicas con la corrupción y desgobierno que está apareciendo en su partido», asevera Andreu, recordando que el mandatario socialista retiene el poder por un estrechísimo margen. «Para él, el agua es simplemente una herramienta política más para intentar mantener el poder. Si de verdad le interesase el estado del Tajo, depuraría las aguas de Toledo para no contaminarlo», sentencia el líder de Asaja Alicante, tachando la estrategia castellanomanchega de «política barata» basada en el mantra del agravio.

Jiménez secunda esta visión y compara la actitud de Page con la que en su día tuvo José Luis Rodríguez Zapatero cuando derogó el histórico Trasvase del Ebro, una decisión que, a su juicio, dinamitó la paz hídrica definitiva de España. «Es todo producto del cuenteo de votos, del juego político», afirma el presidente del Scrats, lamentando que las ambiciones partidistas pasen sistemáticamente por encima de las necesidades de un sector estratégico nacional.

El mito de la desalación

El Ministerio para la Transición Ecológica lleva meses enarbolando la bandera de la desalación como la panacea que sustituirá los caudales del acueducto Tajo-Segura. Sin embargo, los regantes desmontan este argumento con matemáticas y física básica. Andreu lo resume de manera impecable: «Trasvasar un metro cúbico del Alto Tajo al Segura cuesta 1 kilovatio/hora de energía, porque el agua está en la parte alta. Desalar en Torrevieja ese mismo metro cúbico cuesta 4 kilovatios/hora, y el agua está junto al mar; hay que construir tuberías y gastar ingentes cantidades de energía para que llegue a los regantes».

La alternativa gubernamental no solo es económicamente prohibitiva para la rentabilidad de las explotaciones, sino que, además, carece de la infraestructura necesaria para ser una realidad. Lucas Jiménez recuerda con dureza el encuentro que mantuvo con la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, a quien acusa de engañar deliberadamente al sector con un plan de inversiones millonario que nunca llegó a materializarse. «Se sentó frente a buena parte de mi Junta de Gobierno y, mirándonos fijamente a los ojos, nos prometió más de tres mil millones de inversión para compensar el recorte. Mintió. Mintió con la frialdad de quien lleva toda la vida haciéndolo», relata Jiménez, quien reduce los compromisos del Ejecutivo a «3.050 millones de mentiras» ante la ausencia de obras de conexión eléctrica y canalizaciones fotovoltaicas.

El agravio internacional en las fronteras del Tajo

El sinsentido de la planificación hídrica española adquiere tintes internacionales cuando se analiza el comportamiento de los caudales en la frontera occidental. Jiménez pone el foco sobre una realidad de la que los políticos de la cuenca cedente nunca hablan: los masivos excedentes que España envía de forma sistemática a Portugal, muy por encima de las obligaciones legales del Convenio de Albufeira. Mientras el tratado bilateral estipula un mínimo anual de 2.700 hectómetros cúbicos, el Tajo vierte hacia el país vecino una media de 5.000, con picos que superan los 7.000 hectómetros cúbicos.

«Jamás oímos poner el grito en el cielo a los dirigentes políticos de Castilla-La Mancha por este hecho. Nunca les oímos quejarse por esa demasía que favorece la proliferación de una pujante agricultura en el país vecino», denuncia el presidente de las comunidades de regantes. Toda la maquinaria administrativa y mediática del Estado, lamentan, se ha concentrado en recortar algo más de 100 hectómetros cúbicos que para el Tajo son una cifra marginal, pero que para las provincias de Alicante, Murcia y Almería representan la delgada línea entre la supervivencia y el desierto.

El horizonte que dibuja el sector es sombrío, pero la resistencia es total. Los regantes avisan de que vigilarán al milímetro cada votación en el Congreso y exigen que cualquier modificación de las reglas de explotación pase por las Cortes y no por decreto. El campo del sureste se niega a ser desmantelado en silencio mientras contempla cómo el dinero de sus propios impuestos financia la modernización agrícola del norte de África. Como concluye con contundencia José Vicente Andreu, la ecuación que plantea la Moncloa es tan simple como destructiva: «Mitad de agua significa mitad de vida. Así de sencillo».