La acusación popular contra Mónica Oltra augura que el juicio a la candidata de Compromís se celebrará después de las elecciones municipales

Mónica Oltra prepara su nuevo desembarco en Compromís, pero a la par tiene que prevenir su situación procesal. Ya hace prácticamente cuatro meses que la Audiencia de Valencia ordenó abrirle juicio oral a ella, y más de una decena de cargos de su confianza, por, presuntamente, encubrir los abusos sexuales del que fuera su marido a una menor tutelada. Ella era vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y la eclosión del caso le llevó a la dimisión y el, obvio, ostracismo político. Justo cuando la maquinaria de la izquierda forzaba para recuperar su figura para el Ayuntamiento de Valencia, llegó el mazazo judicial.

A día de hoy no hay fecha para la celebración del juicio contra Mónica Oltra. Su situación procesal no ha cambiado, por lo que su imagen como acusada ante el juez está asegurada. En este caso, y por intereses tan personales como políticos, podrían colisionar dos calendarios que no encajan: el judicial y el electoral.

Mónica Oltra será entronizada como candidata de Compromís para el Ayuntamiento de Valencia el próximo 4 de julio. A partir de ese instante su figura de alcaldable irá ligada, si no lo va ya, con la de acusada.

Desde la acusación popular representada por Gobierna-te señalan a El Debate una combinación, que de darse, sería un tanto estrafalaria. «No descartamos que el juicio sea después de las elecciones municipales de 2027», contestan a este periódico.

La Audiencia de Valencia no ha puesto fecha al juicio y de hacerla no va a ser 'de un día para otro'. Por ejemplo, el juez Pablo Ruz dictó el auto de apertura de juicio por el caso Gürtel el 5 de marzo de 2015 y la Audiencia Nacional señaló el 8 de febrero de 2016 que el juicio comenzaría el 4 de octubre de ese año. Año y medio entre el auto y la primera sesión.

El tiempo que discurre depende, realmente, de la disponibilidad del Juzgado y de la sala para la coordinación de un caso, como sería este caso de Mónica Oltra, en el que se esperan la celebración de varias sesiones y con extensas declaraciones.

Lo que sí es prácticamente seguro es que la nueva candidata municipal de Valencia va a compaginar la precampaña electoral con su preparación para el juicio, dejando en bandeja que Compromís va a ofrecer a la ciudadanía una alcaldable acusada y a falta de juicio.

En el caso de que el juicio fuera a celebrarse antes de las elecciones, la Audiencia debería anunciar la fecha entre septiembre y finales del año. En el momento empiece 2027 sin concretarse el día y avancen las primeras semanas del nuevo año ya se estaría ante el escenario que auguran desde Gobierna-te.

O Mónica Oltra es juzgada como candidata o lo es como, al menos, concejal del Ayuntamiento de Valencia. Dejando de lado el efecto electoral que puede tener la situación procesal de la dirigente de Compromís, tanto por parte de su partido como del resto de formaciones, el juicio con su condena o absolución pueden ser ya el primer vuelco para la política municipal de la próxima legislatura.

Justamente al respecto desde la acusación popular representada por Gobierna-te señalan que, «a tenor de sus declaraciones en medios de comunicación, su motivación para presentarse a la alcaldía de Valencia responde a una narrativa de presión sobre los magistrados que la juzgarán, según ella misma ha manifestado».

En ese mismo sentido prosiguen señalando que «necesita ganar en política para no perder en los juzgados. Necesita victimizarse con la narrativa de que se «violan sus derechos políticos» necesita un trato diferencial con respecto a cualquier otro ciudadano para escapar de las consecuencias penales de sus actos relacionados con los dos casos por los que está investigada. Eso sí es lawfare».

Compromís tiene claro que no importa presentar como candidata a una persona acusada por encubrir los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del que fuera su exmarido, otra cosa es que una acusación tan grave no sea tenida en cuenta por la población que debería apoyar a una candidata con un juicio pendiente y por el que hasta podría entrar en la cárcel.