El espejismo de las desaladoras: el Gobierno asfixia el Tajo-Segura mientras su alternativa marina hace aguas

El plan de desalación del Ministerio para la Transición Ecológica no avanza al ritmo previsto y encabeza el arranque del verano de 2026 atrapado en una acumulación de retrasos en las obras de ampliación de la cuenca del Segura. El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado estructuralmente la producción de agua marina como la gran alternativa para paliar el inminente recorte del trasvase Tajo-Segura.

Sin embargo, la incapacidad de acompasar la puesta en marcha de estos recursos con la reducción de los caudales del acueducto -pendiente del cambio definitivo de las reglas de explotación- sitúa al sector primario del sureste en una posición de extrema vulnerabilidad, agravada por el cierre y las restricciones en los acuíferos sobreexplotados.

La planta de Torrevieja, la de mayor capacidad de Europa para agua potable, encarna de forma evidente este desfase en el calendario. La instalación debía haber alcanzado este mismo mes de junio su ampliación de 40 hectómetros cúbicos (hm³) para situar su capacidad total en los 120 hm³ anuales, un volumen que la colocaría firmemente entre las diez desalinizadoras más grandes del mundo, solo superada en el Mediterráneo por las israelíes de Hadera y Sorek.

No obstante, la culminación de los trabajos se retrasará hasta finales de año o principios de 2027. Francisco Javier Baratech, presidente de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), ha explicado que la UTE encargada de ejecutar el proyecto (Sacyr y Ferrovial) solicitará una nueva prórroga debido a las severas dificultades en el plazo de entrega de equipos como bombas y tuberías fabricados en Asia, un estrangulamiento logístico derivado de las tensiones en el tráfico marítimo mundial por la guerra de Irán.

La planta de Valdelentisco, sin fondos

El escenario es todavía más complejo en la planta murciana de Valdelentisco, señalada como el eslabón más débil del despliegue estatal al no haberse podido licitar siquiera las obras de ampliación. Esta infraestructura, que actualmente opera a un ritmo de 35 hm³ anuales y debe duplicar su capacidad para atender las previsiones, se ha quedado fuera de los fondos europeos 'Next Generation', los cuales expiran definitivamente este verano tras seis años de vigencia.

Ante la «rigidez absoluta» de la Administración para ampliar los plazos de ejecución, Acuamed se ve obligada ahora a tramitar un nuevo convenio de gestión directa para buscar vías de financiación alternativas, como los fondos FEDER o el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Como consecuencia, el proyecto tendrá que esperar al menos dos años más, dado que la ejecución material requerirá un mínimo de 20 meses una vez se logre adjudicar.

Este parón financiero y logístico contrasta con la sucesión de anuncios políticos realizados a lo largo del año pasado. En mayo de 2025, el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, anunció que el Ministerio licitaría dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja para aportar 50 y 100 hm³ adicionales, respectivamente, fijando su horizonte entre finales de 2026 y principios de 2027.

Posteriormente, en julio de 2025, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) formalizó la licitación de los pliegos técnicos para redactar los anteproyectos de estas nuevas instalaciones. Sin embargo, estas promesas conviven con la realidad de que la ampliación original de Torrevieja, aprobada técnicamente en el BOE en abril de 2023 con un presupuesto de 118 millones de euros ratificado por el Consejo de Ministros en diciembre de ese año, sigue sufriendo aplazamientos en su ejecución.

Críticas a una planificación a largo plazo

La idoneidad de proyectar complejos clónicos en las mismas zonas litorales donde las infraestructuras actuales no logran culminar sus ampliaciones ha despertado recelos técnicos y políticos. La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, cuestionó en su momento el sentido de duplicar estas instalaciones en los mismos términos municipales de Torrevieja y Águilas. Por su parte, el catedrático y diputado nacional del PP por Alicante, Joaquín Melgarejo, calificó la proyección de dos plantas nuevas en el actual escenario de carencia de Presupuestos Generales del Estado como una «cortina de humo».

Melgarejo recordó que la experiencia histórica desmiente la celeridad de las promesas de los gobiernos del PSOE: la primera planta de Torrevieja se anunció en el año 2005 tras la derogación del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro, pero no estuvo operativa hasta 2014, casi una década después.

«Se acerca 2027 y no hay nada hecho; pretender construir dos desaladoras nuevas en dos años es una quimera», advirtió el experto, subrayando la estimación de Acuamed de que cualquier obra hidráulica de esta magnitud exige un horizonte mínimo de ocho años entre tramitación burocrática y construcción. El Plan de Cuenca especifica que la producción prevista para 2027 debe alcanzar los 349 hm³, pero el suministro real actual sigue estancado en el entorno de los 280 hm³.

El desfase en el calendario de la desalación debilita asimismo el encaje de las resoluciones judiciales que regulan el trasvase. En su reciente sentencia desestimatoria del recurso de los regantes, el Tribunal Supremo validó la elevación progresiva de los caudales ecológicos en el Alto Tajo (que pasarán de 6 a 8,6 metros cúbicos por segundo en cinco años) precisamente bajo la premisa de que esta implantación escalonada se justificaba para dar tiempo al desarrollo de recursos alternativos que compensasen las pérdidas en el Segura.

El dictamen judicial aludía explícitamente a las inversiones en las plantas de Acuamed, la creación de parques fotovoltaicos para abaratar costes energéticos y la mejora de las interconexiones de redes. Con la mayoría de estas medidas complementarias sin cumplir, las tarifas fotovoltaicas en el aire y los plazos de ampliación desbordados, el sureste encara el verano con la certeza del recorte hídrico pero sin la red de seguridad marina prometida por el Gobierno de España.