El nuevo plan del Gobierno para la sequía obligará a mantener las piscinas vacías y reducir la presión del agua en Alicante

El Gobierno aprieta las tuercas al sureste peninsular frente a la falta de agua. El nuevo Plan Especial de Sequía de la cuenca del Segura, que ya ha entrado en vigor, impone un drástico endurecimiento de las restricciones que amenaza con asfixiar a sectores clave en la provincia de Alicante y la vecina Región de Murcia.

En lugar de aportar nuevas soluciones de calado, el Ministerio opta por trasladar el peso de los recortes a los municipios con un sistema escalonado que, en sus fases más críticas, obligará a mantener vacías las piscinas privadas e, incluso, facultará a la Administración para reducir la presión de los grifos y acometer cortes temporales en el suministro.

El documento, que actualiza la normativa vigente desde 2018, impone un estricto corsé dividido en cuatro escenarios: normalidad, prealerta, alerta y emergencia. La principal consecuencia de este cambio de rumbo es que el Estado descarga gran parte de la responsabilidad de gestión sobre los consistorios.

A partir de ahora, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes -condición que engloba a los principales polos turísticos del litoral y prelitoral alicantino- están obligados a redactar y aplicar sin contemplaciones sus propios planes de emergencia. Esta imposición ata de manos a 24 administraciones locales y a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (de la que depende el grueso del abastecimiento en Alicante), afectando a casi dos millones de ciudadanos.

Desde la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya se advierte, en tono de reproche, que todavía existen consistorios que ni siquiera han iniciado este farragoso trámite administrativo.

A medida que los indicadores hidrológicos empeoren, las exigencias asfixiarán cada vez más a las localidades. Ya en la fase de alerta, el Gobierno exige a los municipios una reducción mínima del 10 % en el abastecimiento de agua potable. Este porcentaje solo podrá modularse a la baja si el ayuntamiento en cuestión demuestra haber pagado de su bolsillo inversiones previas para evitar pérdidas en su red. Pero el verdadero varapalo llega con la fase de emergencia: el ahorro impuesto escalará hasta el 15 % de la demanda urbana y se desplegará una severa lista de prohibiciones.

Quedará vetado regar zonas verdes o áreas deportivas, baldear calles, lavar vehículos con manguera y tener fuentes públicas sin circuito cerrado. Además, se prohíbe el llenado de piscinas privadas. Esta última restricción cae como un jarro de agua fría en la provincia de Alicante justo en el arranque de su temporada alta de turismo.

Aunque sin llegar a un escenario apocalíptico, la imposibilidad de ofrecer este servicio en urbanizaciones, chalés y alojamientos vacacionales supone un evidente y muy inoportuno perjuicio para el gran motor económico de la Costa Blanca. Y por si fuera poco, si estas prohibiciones no logran el ahorro fijado, la CHS se reserva el derecho a bajar la presión de la red o ejecutar cortes directos a los ayuntamientos.

Castigo al campo y mayor afán recaudatorio

El sector primario alicantino y murciano será la otra gran víctima de esta nueva hoja de ruta. El plan condena a la agricultura a un esquema de tijeretazos que comienza con una merma del 10 % del riego en prealerta, pero que puede desplomarse hasta recortar un 50 % el agua asignada en el peor de los escenarios. Ante semejante golpe a la rentabilidad agraria, la única directriz de supervivencia que concede el documento es el sacrificio de los cultivos hortícolas de temporada para intentar salvar, como mal menor, el arbolado y los cultivos leñosos.

Para intentar maquillar este estrangulamiento, el plan fía gran parte del abastecimiento a medidas complementarias basadas en encarecer el recurso. Destaca la movilización de hasta 29 hectómetros cúbicos de agua desalada -vital pero de alto coste para el sur de Alicante-, la extracción de 36 hectómetros de los pozos de sequía o un mercado de intercambio de derechos de agua que podría rascar entre 10 y 25 hectómetros más si el consumo humano entra en números rojos.

Lejos de incentivar, la revisión del plan apuesta por la vía punitiva. La Confederación ejercerá un estrecho marcaje para verificar que los ayuntamientos alicantinos aplican estos dolorosos protocolos, redoblando la persecución de lo que consideran consumos «abusivos». Además, el documento insta a imponer tarifas mucho más progresivas para encarecer los recibos y castigar los excesos, abriendo incluso la puerta a inventar «tarifas de sequía» que penalizarán directamente a las arcas municipales.

Para justificar la activación temprana de todos estos recortes, la CHS ha modificado los criterios técnicos con los que mide la crisis. El nuevo modelo separará la sequía puramente meteorológica de la escasez provocada por el consumo, y dividirá el diagnóstico: a partir de ahora, el agua procedente del cuestionado trasvase Tajo-Segura y el caudal de las desaladoras pesarán un 50 % en el indicador principal. En la práctica, una nueva fórmula matemática que servirá de aval técnico para que el Gobierno pueda apretar el botón de las restricciones mucho antes de lo que se hacía hasta ahora.