Tubos de canalización de agua para el riego en la provincia de Alicante
La Comunidad Valenciana y Murcia, en pie de guerra contra el Gobierno: «Recortan el Tajo-Segura mientras financian a Marruecos»
La Generalitat Valenciana y la Región de Murcia han consolidado un frente institucional inquebrantable para frenar el inminente recorte al trasvase Tajo-Segura impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Acusando al Ejecutivo central de imponer criterios políticos bajo el paraguas del ecologismo, ambas autonomías exigen que el futuro hídrico del sureste español no se decida a puerta cerrada. El malestar en el Levante se ha tornado en indignación ante lo que consideran una paradoja insostenible: el recorte de casi el 50 % al agua destinada a regadío coincide temporalmente con la financiación estatal de infraestructuras hídricas en Marruecos, un competidor directo del sector agroalimentario español.
La estrategia de defensa conjunta se formalizó tras una reunión de trabajo en Madrid entre el conseller de Agricultura valenciano, Miguel Barrachina, y su homólogo murciano, Joaquín Buendía, este lunes. Ambos dirigentes han lanzado una advertencia tajante al Ministerio para la Transición Ecológica: no aceptarán negociaciones bilaterales que excluyan a los territorios receptores. Exigen que cualquier modificación de las reglas de explotación se rija estrictamente por criterios técnicos y de interés general, integrando en el diálogo a todas las comunidades, regantes y sectores afectados.
«El futuro del agua del sureste español no puede decidirse en una mesa cerrada entre el Gobierno de España y una sola comunidad autónoma», aseveró Barrachina, en velada alusión a las presiones de Castilla-La Mancha. Por su parte, Buendía defendió la legitimidad de su región basándose en la máxima eficiencia: «Murcia es un ejemplo internacional que reutiliza el 98 por ciento de sus aguas urbanas. No se puede invocar la ecología para justificar recortes políticos mientras el Estado mantiene en el cajón las inversiones de depuración en el Alto Tajo». Para el consejero murciano, mantener los envíos no es un «favor» al sureste, sino una obligación del Estado.
La paradoja marroquí
El descontento trasciende a las consejerías y ha sido elevado al más alto nivel autonómico. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, aprovechó este lunes su encuentro institucional con el ministro de Hacienda, Arcadi España -donde constató la negativa del Ejecutivo a paliar por la vía rápida la grave infrafinanciación valenciana-, para denunciar la política hídrica del Consejo de Ministros.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el Rey de Marruecos, Mohamed VI el 21 de febrero de 2024 en Rabat
Pérez Llorca tildó de «incomprensible» que el Ejecutivo central ponga excusas medioambientales para recortar el trasvase mientras aporta fondos para infraestructuras similares en Marruecos, que compite agresivamente con las hortalizas y frutas españolas. A esto se suma, según denunció, la ineficacia administrativa del Estado, evidenciada en una paupérrima ejecución presupuestaria de apenas el 3,9 % en la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El diagnóstico de la crisis es compartido en la Región de Murcia. Durante la asamblea de la cooperativa Alimer, su presidente autonómico, Fernando López Miras, garantizó su apoyo «inamovible» a regantes y agricultores frente a un Gobierno que actúa contra la infraestructura por una «cuestión política».
En ese mismo foro, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, recordó que el Estado gestiona 16 trasvases, pero paradójicamente solo cuestiona el del Tajo-Segura. Gil alertó de que suprimir esta arteria vital causará un perjuicio equiparable a la reconversión industrial de los años 80: «Si no tenemos agua, no podemos producir, y perderemos la autonomía alimentaria en gran parte de Europa».
Cifras frente a Castilla-La Mancha
La argumentación del eje valenciano-murciano encuentra respaldo en los propios datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. A fecha de 15 de junio de 2026, la cuenca del Tajo presenta unos niveles boyantes, acumulando 8.416 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un holgado 76,12 % de su capacidad total. En dramático contraste, la cuenca del Segura languidece al 59,30 % con apenas 676 hectómetros cúbicos.
Precisamente esta holgura en la cabecera del Tajo, con los embalses de Entrepeñas y Buendía situándose en torno a los 1.600 hectómetros cúbicos a comienzos de mes, ha permitido que la Comisión de Explotación del Acueducto apruebe en su reunión de este mismo martes un nuevo trasvase de 120 hm³ para los meses de junio y julio (a razón de 60 hm³ cada mes).
Esta decisión permite aplicar el máximo de derivaciones previstas con las reglas actuales -acercando el volumen al límite anual fijado en 600 hm³-, pero el Levante lo percibe únicamente como un balón de oxígeno temporal a la espera de que el Gobierno de España aplique las nuevas reglas que reducirían estos envíos para garantizar el caudal ecológico del río.
Estado de los embalses por cuencas
A pesar de esta disparidad, desde Castilla-La Mancha, el Gobierno de Emiliano García Page mantiene una postura antagónica y presiona para finiquitar la infraestructura. Su portavoz gubernamental, Esther Padilla, reiteró recientemente la exigencia de que el sureste se abastezca exclusivamente a través de desaladoras en Alicante, Murcia y Almería, una alternativa que los agricultores consideran económicamente inviable e insuficiente.
Los regantes del SCRATS advierten de que el principal resultado de elevar artificialmente los caudales ecológicos del Tajo es, simplemente, multiplicar el agua excedente que termina vertiéndose en Portugal.
Un frente común también en Bruselas
Más allá de la guerra del agua, la alianza entre la Comunidad Valenciana y Murcia extiende sus reivindicaciones a la Unión Europea de cara a la PAC post-2027. Ambos Ejecutivos preparan una cumbre nacional para exigir reciprocidad comercial y protección frente a las normativas comunitarias. Denuncian la competencia desleal de terceros países que introducen sus productos en Europa sin someterse a las mismas y estrictas obligaciones ambientales, laborales o de sanidad vegetal (fitosanitarias) que ahogan al agricultor español.
La conclusión del frente común es unánime y cristaliza el hartazgo del sector primario mediterráneo: «Si Europa quiere preservar su seguridad alimentaria, debe proteger a quienes producen alimentos dentro de Europa», sentenció Barrachina, dejando claro que el sureste español está dispuesto a competir, pero exige hacerlo en igualdad de condiciones y sin que el propio Estado le corte el grifo.
