La factura ecológica del recorte al trasvase Tajo-Segura: la cuenca perderá 90 hectómetros cúbicos anuales sin evaluación ambiental

Durante más de cuatro décadas, las aguas llegadas desde el centro peninsular no solo han regado los campos y abastecido a las poblaciones del sureste, sino que han moldeado la propia naturaleza de su red fluvial. Desde la apertura de la infraestructura en 1979, el río Segura cuenta con un 'préstamo' hídrico que ronda los 300 hectómetros cúbicos anuales de media.

Ahora, la inminente merma de estos aportes -cuantificada en un recorte irreversible de 90 hectómetros anuales por la escalada de los caudales ecológicos en el Alto Tajo- restará una parte sustancial del volumen de agua que circula habitualmente por el corazón de la cuenca. Lo más alarmante de esta pérdida no es solo su magnitud, sino la ceguera institucional con la que se afronta: no existe ni un solo estudio técnico que evalúe cómo afectará este drástico tijeretazo a la flora y la fauna que dependen del río.

El paisaje amenazado abarca casi 100 kilómetros a cielo abierto. Las aguas procedentes del Tajo se encuentran con el río Mundo entre los embalses albaceteños de Talave y Camarillas, y desde allí inician un largo recorrido conjunto por el cauce del Segura hasta alcanzar el Azud de Ojós, punto neurálgico donde nacen los canales del postrasvase. Durante los últimos 45 años, este caudal continuo ha ejercido de auténtico desahogo, consolidando ecosistemas y riberas que han adaptado su biología a un volumen de agua que ahora tiene fecha de caducidad.

La paradoja burocrática resulta evidente al observar los criterios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). A la hora de calcular los caudales necesarios para mantener vivos los humedales y asegurar el buen estado de la cuenca, el organismo supervisor contabiliza única y exclusivamente los recursos propios (cifrados en 764 hectómetros cúbicos en la 'serie corta' de 1980 a 2018).

Siguiendo los manuales de Planificación Hidrológica, el agua trasvasada se etiqueta como una «presión morfológica», es decir, un volumen ajeno al sistema natural. Al aplicar esta fórmula matemática, el Gobierno descarta la realidad física de los últimos cuarenta años y asume el recorte del Trasvase Tajo-Segura sin contar con informes que midan el golpe real sobre la biodiversidad del río.

El fantasma del entubamiento de 2010

El temor a las consecuencias de restar agua al cauce tiene un precedente histórico que unió a la sociedad del sureste. En el año 2010, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó un macroproyecto para canalizar unos 100 hectómetros cúbicos anuales destinados al consumo humano. El plan pretendía llevar el agua entubada a lo largo de 145 kilómetros, desde el embalse del Cenajo hasta las plantas de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con un coste de 237 millones de euros. Aunque la justificación era estrictamente sanitaria -evitar exposiciones a contaminantes-, la obra condenaba al río a perder un 14 % de su caudal superficial.

Aquel proyecto desató una rebelión de gran alcance. Ayuntamientos de las vegas Alta y Media, organizaciones de regantes y la Plataforma en Defensa del Segura se movilizaron en bloque esgrimiendo el daño ambiental irreversible que sufriría el ecosistema fluvial. La presión social obligó al Gobierno central a anular la iniciativa en 2011.

Resulta sorprendente que hoy, ante una amputación hídrica de volumen casi idéntico -los 90 hectómetros previstos frente a los 100 de entonces-, el debate medioambiental apenas exista. A este impacto en el río se suma también la incertidumbre sobre el futuro del gran cinturón verde que ha florecido a lo largo de los 300 kilómetros del canal principal, entre los embalses de cabecera y el Talave.

Carencias crónicas en la vigilancia de la cuenca

Afrontar un recorte de esta envergadura a ciegas resulta todavía más crítico si se analiza la fragilidad de la red de vigilancia actual. El Plan Hidrológico del Segura ya reconoce que existen tramos donde se incumplen sistemáticamente los caudales ecológicos mínimos exigidos, motivado por las detracciones urbanas y agrícolas. Los puntos negros de esta radiografía ambiental se sitúan entre el Cenajo y Cañaverosa, desde el Reguerón hasta la desembocadura, en el tramo de Archena a la Contraparada y en varias zonas del río Mundo y el Taibilla.

Por si fuera poco, la capacidad de la Administración para monitorizar la salud del cauce es deficiente. Los últimos informes técnicos de la Comisaría de Aguas señalaron que, en 2023, medio centenar de masas de agua carecía de estación de aforos.

El déficit es tal que los expertos consideran imprescindible la instalación de 52 nuevos puntos de control para complementar a los 53 ya existentes. Con un régimen de caudales ecológicos tan dispar -que oscila entre los cero y los 2,21 metros cúbicos por segundo- y una evidente falta de termómetros fiables, el río Segura se prepara para perder una parte fundamental de su caudal sin que nadie haya calculado el coste real para la naturaleza.