La Generalitat Valenciana activa un servicio para desalojar a los okupas: «Urgencias 24 horas»

La Generalitat Valenciana ha dado un golpe sobre la mesa en lo que a la lucha contra la okupación ilegal se refiere. En este sentido, el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este domingo que su Gobierno ha licitado el nuevo servicio de intervención para la recuperación de viviendas públicas okupadas ilegalmente en la región.

Según ha explicado, se trata de una iniciativa que hunde sus raíces en la «creciente necesidad de dar una respuesta rápida, coordinada y segura ante las okupaciones irregulares que afectan al parque público de viviendas». Y es que, según datos de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), el 13 % de los los más de 14.500 inmuebles de titularidad autonómica están usurpados «de manera ilegal».

«Somos conscientes de que arrastramos un grave problema de okupación irregular desde hace muchos años sin que se tomaran cartas en el asunto, por lo que es momento de actuar y poner los medios necesarios para acabar con una situación que impide acceder a un hogar a muchas familias vulnerables que sí respetan la legalidad y aguardan en las listas de demanda», ha señalado el mandatario.

Tal como ha subrayado, quienes toman estas casas al margen de lo que dicta la ley «vulneran los derechos de los demandantes, impiden rehabilitar los inmuebles y generan graves riesgos de seguridad para toda la comunidad vecinal debido a los enganches ilegales a la red eléctrica».

Entre las principales actuaciones del nuevo servicio que se pondrá en marcha está la atención de urgencias 24 horas, con asistencia inmediata de avisos de ocupación o intrusión, operativo todos los días del año, con un tiempo máximo de respuesta de una hora.

Asimismo, la empresa adjudicataria se encargará de hacer un acompañamiento y representación de la EVHA en procedimientos administrativos de recuperación de viviendas, coordinación con fuerzas y empresas de seguridad.

Del mismo modo, también realizará labores de coordinación técnica, mediante la gestión y supervisión de la instalación de sistemas de seguridad, puertas antiokupación y alarmas, así como la documentación y reporte de todas las actuaciones.

Para realizar este trabajo, la empresa deberá contar con un equipo multidisciplinar formado por un coordinador jurídico y al menos tres inspectores técnicos, así como medios materiales como vehículos, equipos informáticos y dispositivos móviles.

El servicio estará sujeto a un riguroso plan de trabajo e indicadores de seguimiento, garantizando la transparencia y la evaluación continua de los resultados.

El contrato, con una duración inicial de tres años y posibilidad de dos prórrogas anuales, abarca la totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana. El valor estimado es de 796.831 euros (IVA excluido). El plazo de presentación de ofertas finaliza el 30 de julio y la información está disponible en la Plataforma de Contratación del Estado.

Estrategia integral contra la okupación

Este nuevo servicio complementa la estrategia integral que la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad que dirige Susana Camarero viene desarrollando contra la okupación ilegal. Así, a primeros de 2026, adjudicaba el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público, con una inversión de 4.743.200 euros, por un periodo de cuatro años.

Además, desde julio de 2023 ha habido un total de 1.231 actuaciones para impedir el asalto de viviendas, incluyendo descerrajados, tabicados, cambios de puerta e instalación de 608 puertas antivandálicas.

Asimismo, y para frenar el uso indebido de los garajes y evitar la okupación ilegal de viviendas vacías se ha reforzado el servicio de seguridad privada en distintos grupos de vivienda del parque público.

Para Pérez Llorca, con esta licitación la Generalitat «refuerza su compromiso con la gestión eficiente y segura del parque público de viviendas, asegurando la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y la convivencia en las comunidades afectadas por la okupación irregular».

Se trata, ha zanjado, «de una garantía para que las viviendas del parque público lleguen a las personas vulnerables que las solicitan cumpliendo los requisitos y la normativa».