La jueza de la dana se queda sin las pistas clave en su encrucijada para imputar a Mazón

La instrucción de la dana de Valencia cogió velocidad de crucero más pronto de lo que se pensaba. La tragedia del 29 de octubre de 2024 pronto tuvo como objetivo final la Generalitat Valenciana, intentando equiparar la responsabilidad política con la penal. Las imputaciones de la exconsellera Salomé Pradas y su número 2 en Emergencias, Emilio Argüeso, eran el preludio de un intento de alcanzar a Carlos Mazón, pero quince meses después, la jueza de la dana carece de las pistas clave para poder imputar al ya expresidente.

La respuesta americana señalando que es imposible recuperar textualmente los mensajes de WhatsApp enviados y recibidos por el que fuera jefe de Gabinete de Mazón son un golpe a la parte más esencial de la instrucción. La investigación judicial, las citaciones en tiempo y forma, los autos y las formas dentro de la sala sólo se entienden si el actual diputado alicantino constara o fuera a constar como investigado.

Hasta la fecha no ha habido ninguna testifical que haya servido para demostrar una intervención directa de Mazón en el tardío aviso de la Generalitat Valenciana a la población, ni en cuanto a su contenido ni al tiempo que tardó en enviarse.

Sin acceso a los mensajes textuales de José Manuel Cuenca, la instrucción queda ya 'vendida' a futuro, a expensas de cualquier medida que pueda solicitar la defensa jurídica de Mazón, entre las que podría estar pedir hasta la nulidad total del procedimiento.

Y hasta este punto de la investigación judicial se ha llegado después de delimitar la instrucción en el camino de la Generalitat, acogiéndose únicamente a la ley regional por la que se establece la titularidad y responsabilidad ante una catástrofe, sin querer entrar en valorar el papel, al menos, de cada persona que estuvo implicada en el Cecopi.

Y todo ello pese a constar testificales confirmando que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó durante su intervención en la reunión de Emergencias, las notables diferencias entre las previsiones de Aemet y los datos finales del episodio y actuaciones tan diversas como suspender los trenes pero no cotar las carreteras estatales.

Ninguna actuación de otra administración, local, provincial ni estatal, están bajo la lupa de Nuria Ruiz Tobarra. En los ayuntamientos la investigación parecía sencilla, aunque de un gran volumen por el número de localidades afectadas, ya que sólo había que comprobar si en ciudades y pueblos se actuó de forma correcta durante las primeras horas de aquel fatídico día.

Con respecto al papel provincial, la jueza ha citado en dos ocasiones al presidente Vicent Mompó por haber estado voluntariamente en el Cecopi, no por ninguna actuación en concreto.

Con respecto al papel del Estado ya quedó comprobada su ausencia delictiva pese a no activar el mecanismo de emergencia nacional, por ejemplo.

Y han ido pasando los autos, las diligencias y las testificales y ningún camino conduce a Mazón. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya cortó la aspiración de Nuria Ruiz Tobarra de imputar al aforado Mazón, al considerar que no existían en ese momento elementos suficientes para asumir la causa contra el expresidente.

Pero esta decisión judicial superior no ha servido para cortar las a la magistrada, quien ha continuado su encrucijada contra Mazón a través de su personación en la causa y con determinadas diligencias que volvían a poner en el foco judicial la actuación del expresidente de la Generalitat Valenciana.

Quince meses después de imputar a la exconsellera Salomé Pradas y al que era su número 2 en Emergencias el día de la dana, la jueza Nuria Ruiz Tobarra no tiene más hilo del que tirar contra Mazón, lo que evidencia que una instrucción no puede estar focalizada y centrada en un objetivo final tan claro y evidente.