Imagen de un cartel del trasvase Tajo-Segura
Los regantes llevarán el hachazo del Gobierno al trasvase Tajo-Segura ante la Justicia europea
Los usuarios apuran todas las vías legales frente a la imposición de los caudales ecológicos que recortarán a partir del año que viene la llegada de agua a Alicante, Murcia y Almería
Los regantes no dan por perdida la batalla contra el hachazo al trasvase Tajo-Segura decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Sindicato de Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que avala la imposición de nuevos caudales ecológicos que reducirán a la mitad las transferencias hídricas a Alicante, Murcia y Almería.
Los regantes sostienen que durante el procedimiento se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al no permitírsele aportar pruebas periciales. Por ello, piden al Tribunal Supremo que deje sin efecto el fallo que permite el recorte del trasvase Tajo-Segura.
El Scrats es consciente de que el incidente de nulidad tiene escasos visos de prosperar, pero supone un paso previo a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los usuarios del trasvase Tajo-Segura anuncian que exprimirán todas las vías para defender sus derechos y la llegada del agua al sureste español.
Argumentan al respecto que durante el procedimiento llevado a cabo en el Supremo no se admitieron como pruebas los informes técnicos que cuestionaban la fundamentación de los caudales ecológicos.
Un recurso el Constitucional no parará las nuevas normas del trasvase Tajo-Segura, que al estar regulado por Ley debe ser aprobado en el Congreso para que entren en vigor en 2027, año en el que se celebrarán elecciones generales, autonómicas y municipales.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Los regantes ya advierten de que apurarán todas las posibilidades que les brinda el ordenamiento jurídico y llevarán la mutilación del trasvase Tajo-Segura ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
A la espera de un largo proceso judicial de consecuencias imprevisibles, desde Scrats también se lamenta que apenas se ha ejecutado una mínima parte de los 3.000 millones de euros anunciados por el Gobierno en materia de desaladoras, conexiones hidráulicas o mejoras en la depuración de aguas.
