La Generalitat echará un pulso al Gobierno para defender «por todas las vías» la costa valenciana frente a los deslindes

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha trasladado a representantes de las principales asociaciones de afectados por los deslindes de la costa de Dénia (Alicante) que la Generalitat «combatirá» la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno por la vía administrativa, política y judicial.

Además, ha avanzado que el Consell presentará el correspondiente recurso en septiembre y ha expuesto las alternativas que defiende la administración autonómica para compatibilizar la protección del litoral con la seguridad jurídica de los ciudadanos.

En el encuentro --con la participación del secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra; el director general de Costas, Marc García Manzana, y la comisionada del puerto de Dénia, Pepa Font-- se ha analizado la situación de los expedientes de deslinde que afectan a distintos tramos del litoral de Dénia y se han escuchado las reivindicaciones de los vecinos afectados, informa la Generalitat.

Martínez Mus ha asegurado que «la Generalitat ha estado y seguirá estando al lado de los afectados desde el primer momento y defenderá sus intereses con todos los instrumentos a su alcance». Según ha expuesto, el Consell se ha opuesto a los deslindes durante toda su tramitación administrativa, mantiene recursos contra los tres expedientes promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y ahora dará «un paso más» recurriendo también la modificación del Reglamento General de Costas.

Tras señalar que la Generalitat ya ha presentado alegaciones al proyecto normativo estatal, ha garantizado que, una vez aprobado definitivamente, acudirán «a todas las vías posibles, administrativas, políticas y judiciales para defender los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».

El conseller ha subrayado que la Generalitat comparte la preocupación de los propietarios afectados por unas actuaciones que tienen incidencia sobre miles de viviendas, parcelas y actividades económicas vinculadas al litoral. «La protección de la costa es un objetivo irrenunciable, pero debe ser compatible con la seguridad jurídica, con los derechos de los ciudadanos y con el desarrollo sostenible de nuestros municipios costeros», ha defendido.

En esta línea, ha insistido en que cualquier actuación sobre el dominio público marítimo-terrestre se debe sustentar en criterios técnicos rigurosos, objetivos y consolidados en el tiempo: «No podemos generar incertidumbre permanente entre los vecinos mediante decisiones que afectan a sus propiedades y a su futuro sin ofrecer las máximas garantías técnicas y jurídicas».

Durante la reunión se ha explicado a los afectados las consecuencias de la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno, que la Generalitat rechaza al considerar que introduce cambios de enorme trascendencia sin las suficientes garantías técnicas y jurídicas.

Según ha detallado Mus, la principal novedad consiste en permitir que un único temporal excepcional se pueda utilizar como referencia para determinar de forma permanente los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. Este cambio «sustituye un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un episodio aislado», algo que a juicio de la Generalitat «genera una grave inseguridad jurídica, incrementa la discrecionalidad administrativa y puede afectar a miles de propietarios en todo el litoral valenciano».

El titular de Medio Ambiente también ha trasladado a los representantes vecinales las alternativas que propone la Generalitat para garantizar «una gestión del litoral basada en criterios científicos consolidados, la seguridad jurídica y el equilibrio entre la protección ambiental y los derechos de los ciudadanos».

Dos de los cinco tramos «más afectados» en España

Paralelamente, ha reclamado al Gobierno actuaciones efectivas para combatir la regresión costera y ha advertido que dos de los cinco tramos «más afectados» de toda España se encuentran en la Comunidad Valenciana: Castelló-Sagunt y Valencia-Dénia. En general, ha defendido que la protección del litoral no puede limitarse a ampliar deslindes, sino que debe ir acompañada de inversiones y actuaciones de regeneración que permitan preservar la costa.

Por último, Mus ha reiterado la voluntad de la Generalitat de seguir colaborando con los afectados y de defender un modelo de gestión litoral que «combine la protección ambiental con la seguridad jurídica, la proporcionalidad, el rigor técnico y el respeto a los derechos de los ciudadanos».