Imagen de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto a un edificio en obras en Castalla (Alicante)
Menos de 400 viviendas para cinco millones de ciudadanos: la pírrica oferta del Gobierno ante el colapso inmobiliario valenciano
El Ministerio de Vivienda ha abierto el proceso para adjudicar 398 inmuebles protegidos frente a un déficit estructural de 215.000 casas en la región
La grave crisis de acceso a la vivienda que azota a España ha situado al mercado residencial en un punto crítico de estrangulamiento. En este escenario de tensión nacional, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha su principal apuesta para tratar de incrementar el parque público de arrendamiento.
Sin embargo, al descender al detalle territorial, las medidas impulsadas desde el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, resultan manifiestamente insuficientes. Para una Comunidad Valenciana que alcanza ya los 5.574.948 habitantes a mediados de 2026, la oferta estatal se limita a una pírrica cifra de 398 inmuebles en régimen de alquiler asequible.
Esta medida se canaliza a través de Casa 47, el nuevo portal inmobiliario público y programa estatal gestionado por la Entidad Estatal de Vivienda para poner a disposición de la ciudadanía casas recuperadas de la Sareb bajo criterios de asequibilidad económica.
El plan no se ha diseñado de forma exclusiva para el territorio valenciano, ya que responde a una convocatoria estatal que suma 638 inmuebles repartidos en cinco comunidades autónomas (Galicia, Cataluña, Navarra, Asturias y la propia Comunidad Valenciana).
En la Comunidad Valenciana, los 398 pisos disponibles se distribuyen en más de una veintena de municipios de Castellón, Valencia y Alicante. Las superficies de las viviendas oscilan entre los 30 m2 y los 160 m2, con precios mensuales que varían entre los 350 euros y los 1.066 euros según la localidad.
Imagen de archivo de construcción de viviendas en Valencia
Los contratos ofrecerán una estabilidad de hasta 75 años, estructurados en un periodo inicial de 14 años y prórrogas automáticas de siete años siempre que se mantengan los requisitos de acceso.
El plazo de solicitud en el portal permanece abierto hasta el 21 de septiembre. Las personas interesadas, que pueden realizar la gestión de forma telemática sin límite de edad y acreditando nacionalidad española o residencia legal, disponen de fichas individuales con fotografías, ubicación y límites de ingresos anuales fijados para la unidad de convivencia.
Entre las condiciones exigidas figura no poseer una vivienda en propiedad y contar con unos ingresos netos conjuntos de entre 16.800 y 63.000 euros (entre 2 y 7,5 veces el IPREM). La renta asignada no podrá rebasar en ningún caso el 30 % de la renta media del municipio. Tras verificar los requisitos, la adjudicación provisional se realizará mediante sorteo ante notario para posteriormente realizar la visita y la firma del contrato.
Un desequilibrio estructural
Frente a esta reducida oferta, los análisis macroeconómicos revelan la inmensidad del problema en la región. Un informe presentado por Jorge Galindo, director de EsadeEcPol, en el marco del ciclo de conferencias organizado por Cajamar y el Ivie en Valencia, detalla que España acumula un déficit de casi 750.000 viviendas entre enero de 2021 y diciembre de 2025 al comparar la creación de nuevos hogares con las viviendas terminadas.
En la Comunidad Valenciana, la carencia por este desfase alcanza las 142.000 casas. Si a esta cifra se añade la estimación de compraventas por parte de no residentes, el déficit acumulado en la comunidad escala hasta las 215.000 viviendas, convirtiendo a la provincia de Alicante en la segunda de toda España con mayor déficit estructural.
Durante la jornada, inaugurada en junio de este año por Jesús García (Cajamar) y Joaquín Maudos (Ivie), Galindo identificó tres grandes motores de la demanda en los últimos años: el aumento poblacional y la formación de hogares más pequeños impulsados por la inmigración, el fuerte crecimiento de las viviendas turísticas -que aumentaron un 75 % en España entre 2016 y 2024 y suponen hasta una de cada once viviendas en barrios como el Cabañal en Valencia- y la inversión extranjera no residente.
En esta última variable, Alicante encabeza la clasificación nacional con un 34 % de compras por parte de extranjeros no residentes en 2025, superando a Málaga (29 %) y Baleares (23 %).
La oferta nueva, totalmente paralizada
Las proyecciones del INE apuntan a que España creará 3,7 millones de nuevos hogares entre 2024 y 2039, pero la edificación avanza a un ritmo insuficiente. Mientras que a nivel nacional se construyen apenas 0,38 viviendas por cada nuevo hogar, en la Comunidad Valenciana la brecha es aún más severa: en Alicante se edifica una vivienda por cada 3 nuevos hogares (0,30), en Valencia una por cada 5 (0,22) y en Castellón solo una por cada 7 (0,15).
Esta escasez de oferta ha provocado una drástica escalada de precios. En la ciudad de Valencia, el metro cuadrado de compraventa se ha encarecido un 134 % en la última década. En el mercado del arrendamiento, los precios ofertados en portales aumentaron un 83 % entre 2015 y 2023 en la Comunidad Valenciana, frente al 57 % de media nacional.
Este repunte contrasta frontalmente con la evolución de los salarios nominales, que en el mismo periodo solo crecieron un 22 % según datos del INE, lo que significa que el precio del alquiler en la autonomía creció casi cuatro veces más rápido que los sueldos de los trabajadores.
Propuestas para superar la parálisis
Ante este diagnóstico, los expertos insisten en que la solución requiere medidas de gran calado orientadas a expandir la construcción y el parque accesible. Entre las actuaciones propuestas por EsadeEcPol figuran la implantación del silencio administrativo positivo en la tramitación de expedientes, la reducción de plazos urbanísticos y de licencias, la movilización efectiva de suelo público y la creación de un gran parque de alquiler social.
Actualmente, España cuenta con menos de un 3 % de vivienda en alquiler social, una cifra lejana respecto a la media de la Unión Europea, que ronda el 9 %.
Asimismo, se reclama una mayor inversión en infraestructuras de transporte para conectar nuevas zonas residenciales y un refuerzo de la seguridad jurídica para los arrendadores a fin de estimular el mercado de largo plazo.
Mientras estas reformas estructurales se posponen, sorteos puntuales como el de las 398 viviendas de Casa 47 apenas logran hacer mella en la gigantesca necesidad habitacional que padece la población valenciana.
