Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados
La herencia de Sánchez en Alicante: la última provincia en inversión del Estado y hachazo al trasvase Tajo-Segura
Pedro Sánchez ha puesto fecha a las urnas y Alicante llega al final de la legislatura con una larga relación de reivindicaciones pendientes. El presidente del Gobierno ha anunciado este lunes la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, después de los últimos reveses parlamentarios de su Ejecutivo y en plena agitación política y social en torno a la vivienda. La provincia afronta la cita electoral con una cifra que resume buena parte del malestar de sus instituciones: continúa en el puesto 52 de 52 en inversión estatal por habitante.
El Gobierno defiende actuaciones concretas en el territorio, pero el balance que plantean las instituciones alicantinas es otro. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado aprobados en 2023 se prolonga durante 2026 y mantiene a Alicante en el último lugar de la clasificación inversora. Mientras tanto, se acumulan reivindicaciones en materia ferroviaria, aeroportuaria, viaria e hidráulica.
Y en plena jornada de convocatoria electoral, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha elegido precisamente Alicante para reivindicar una de las infraestructuras que más ha tardado en avanzar. El titular de Transportes ha anunciado en X la aprobación definitiva del estudio informativo de la Variante de Torrellano, una actuación que permitirá, cuando se ejecute, conectar el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández con la red ferroviaria y trasladar al interior las vías que actualmente discurren junto a la costa entre San Gabriel y Agua Amarga.
El momento no es menor. El anuncio se produce el mismo día en que Sánchez ha convocado las elecciones y mientras el nombre de Puente lleva meses apareciendo en las quinielas para encabezar la candidatura socialista por Alicante. Así, una infraestructura largamente reivindicada se convierte en carta de presentación de quien podría ser el número 1 en la papeleta del PSOE en la provincia.
Un anuncio, no una obra
La cautela resulta obligada también por el estado real del proyecto. La aprobación definitiva del estudio informativo es un paso administrativo relevante, pero no significa que las obras hayan comenzado ni que exista una fecha de puesta en servicio. Todavía deben desarrollarse los proyectos constructivos y completarse las siguientes fases administrativas antes de que la actuación pueda materializarse.
La Variante de Torrellano no es, además, una iniciativa surgida este lunes. Lleva años de tramitación. Adif adjudicó en abril por unos 5,1 millones de euros la redacción de los proyectos de la segunda fase de la actuación, que contempla aproximadamente 10,3 kilómetros de trazado para tráfico mixto de viajeros y mercancías.
Cuando esté ejecutada, la variante permitirá sacar de la fachada litoral el ferrocarril entre San Gabriel y Agua Amarga, liberar ese espacio y avanzar en la conexión ferroviaria con el aeropuerto. Es precisamente por eso por lo que el anuncio de Puente tiene especial valor político en Alicante: coloca al ministro al frente de una reivindicación histórica justo cuando acaba de abrirse el proceso electoral.
Pero entre la aprobación de un estudio y la llegada de los trenes existe todavía un recorrido. La diferencia entre ambas cosas es importante para cualquier balance riguroso de la legislatura.
El puesto 52 de 52
Más allá del anuncio de este lunes, el dato que ha alimentado durante años el malestar alicantino permanece: la provincia continúa situada en el puesto 52 de 52 en inversión estatal por habitante. La prórroga de las cuentas públicas aprobadas en 2023 ha prolongado esa situación durante 2026.
El reproche de las instituciones provinciales y autonómicas no se limita a las cantidades consignadas. Señalan también la acumulación de proyectos demorados y la falta de correspondencia entre el peso demográfico y económico de Alicante y el esfuerzo inversor del Estado.
La provincia se encuentra entre las más pobladas de España y mantiene una elevada actividad turística, industrial, logística y agroalimentaria. Sin embargo, las reclamaciones se repiten en ámbitos tan distintos como las Cercanías, el Corredor Mediterráneo, las carreteras o las infraestructuras hidráulicas.
Sin segunda pista
La otra gran batalla de la conectividad alicantina se libra en el aeropuerto. El DORA III contempla 868 millones de euros para el Alicante-Elche Miguel Hernández entre 2027 y 2031, destinados a la ampliación de la terminal, actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma y mejoras de seguridad.
La segunda pista, sin embargo, queda fuera de la planificación. La decisión choca con la reivindicación de la Generalitat, la Diputación y las organizaciones empresariales de Alicante, que consideran esa infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento futuro de una instalación que superó los 20 millones de pasajeros en 2025.
Imagen de archivo del aeropuerto de Alicante-Elche
El Ministerio de Transportes mantiene otra posición y considera que las necesidades de capacidad pueden atenderse mediante la ampliación de la terminal y la mejora de las instalaciones existentes. El resultado es que el Estado no incorpora la actuación que las instituciones alicantinas consideran estratégica para su siguiente salto de capacidad.
Además, el dinero del DORA no procede directamente de los Presupuestos Generales del Estado, sino de los recursos generados por el sistema aeroportuario de Aena. Por ello, los 868 millones no alteran el dato de inversión territorializada que sitúa a Alicante en el último lugar.
El agua aprieta
Si el aeropuerto representa una batalla por la capacidad y la conectividad, el Tajo-Segura constituye el frente más delicado para la economía de la provincia.
La avería detectada en septiembre ha obligado a paralizar el acueducto y ha revelado daños de mayor alcance de los inicialmente previstos. La Confederación Hidrográfica del Tajo estima que las obras requerirán varios meses, mientras los regantes reclaman que se aceleren al máximo los trabajos y que se preserven los recursos que no hayan podido ser trasladados durante el cierre.
Imagen de un cartel del trasvase Tajo-Segura
Para Alicante, el impacto es directo. El sistema resulta esencial para miles de hectáreas de regadío y también participa en el abastecimiento urbano del sureste. La interrupción obliga a aumentar el recurso a fuentes alternativas, especialmente la desalación, mientras el sector agrícola afronta la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua.
La avería se suma a una disputa de fondo sobre el futuro del trasvase. El Ejecutivo defiende la aplicación de la planificación hidrológica y de los caudales ecológicos establecidos para el Tajo. Regantes y administraciones del sureste consideran que las modificaciones de las reglas de explotación han reducido las garantías de la cuenca receptora.
La Generalitat ha convertido la defensa del Tajo-Segura en una de sus principales reclamaciones ante Madrid. Juanfran Pérez Llorca ha exigido al Gobierno que garantice el agua para Alicante y ha utilizado como argumento de contraste el compromiso hispano-marroquí de impulsar proyectos hidráulicos en el país norteafricano.
Una lista de reivindicaciones ignoradas
El agua y el aeropuerto se suman a una relación más extensa de reivindicaciones. La conexión ferroviaria aeroportuaria ha dado este lunes un paso administrativo, pero todavía no es una obra ejecutada. Las Cercanías continúan entre las prioridades de las instituciones alicantinas y también permanecen sobre la mesa distintas actuaciones del Corredor Mediterráneo y de la red viaria.
En el terreno hidráulico, la Generalitat reclama igualmente actuaciones estatales en proyectos como la reparación del embalse de San Diego, el Proyecto Vertido Cero para la bahía de Alicante y las obras contra las inundaciones en la Vega Baja.
La fotografía que deja la legislatura es, por tanto, más compleja que la sucesión de anuncios que puedan producirse en las próximas semanas. Hay inversiones comprometidas, proyectos que avanzan en su tramitación y actuaciones que continúan pendientes. Y hay también decisiones que las instituciones alicantinas consideran insuficientes, como la exclusión de la segunda pista del aeropuerto o el 'tijeretazo' al Tajo-Segura.
La campaña empieza
La convocatoria del 29 de noviembre convierte cualquier anuncio de gestión en una pieza más del nuevo escenario electoral. El caso de Torrellano es especialmente significativo porque el ministro que ha reivindicado la actuación podría convertirse en candidato del PSOE por Alicante.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una intervención en Alicante
Puente ha encontrado en la aprobación definitiva del estudio informativo una ocasión para presentarse ante la provincia con una actuación largamente demandada. Lo que todavía no existe es la infraestructura terminada, ni siquiera empezada. Esa diferencia será relevante cuando los partidos confronten sus balances durante la campaña.
En el otro lado de la balanza están los asuntos que siguen abiertos: Alicante continúa en el puesto 52 de 52 en inversión estatal por habitante, la segunda pista no figura en el DORA III y el Tajo-Segura afronta una avería de varios meses en plena incertidumbre sobre el futuro del trasvase.
Ese es el escenario con el que Alicante llega a las elecciones. Un territorio que recibe anuncios pero que sigue reclamando al Estado una respuesta acorde con su población, su actividad económica y sus necesidades de infraestructuras.