La fragata de la Armada española Victoria participa en la operación Atalanta
Fuerzas Armadas Defensa Nacional y opinión pública: ¿Qué ocurre en el mar Rojo?
Informa El Debate con regularidad y rigor sobre las características de los nuevos sistemas de armas que, poco a poco, van entrando en servicio en las Fuerzas Armadas españolas. Todos ellos son muy necesarios y vienen a rellenar los numerosos huecos que se han ido produciendo en nuestros inventarios durante los años de «vacaciones estratégicas» que los españoles hemos vivido hasta la invasión de Ucrania.
Pero las armas, por sí solas, no hacen la diferencia. Por mucho que la industria española construya buques, vehículos blindados o, en los próximos años, lanzacohetes comparables con los mejores; por mucho que participemos en programas internacionales para poner en servicio algunos de los aviones de combate más avanzados del mundo, no estaremos más seguros ni seremos más libres si no somos capaces de transmitir a quienes eligen convertirse en nuestros enemigos –y los hay, aunque nosotros no queramos– que estamos dispuestos a utilizar la fuerza militar para defender nuestros legítimos intereses. Ese es, precisamente, el fundamento de la disuasión.
Pero ¿es verdad que lo estamos? Porque, a estas alturas de la historia, no vamos a conseguir engañar a nadie. Y si constatamos que no es así, ¿cuáles son las razones? Clausewitz definía el poder militar como un triángulo que tenía como vértices el Gobierno, las Fuerzas Armadas y el pueblo. Eran otros tiempos, es verdad, pero sigámosle el juego: ¿cuál de ellos es el que debilita nuestra capacidad disuasoria?
Trataré de responder a esa pregunta a partir de un caso práctico muy de actualidad. Los rebeldes hutíes, apoyados y armados por el régimen iraní, deciden atacar desde el Yemen al tráfico marítimo internacional que pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb desde o hacia el canal de Suez. No se trata solo de un acto hostil contra Israel, como alegan los agresores. Además de Occidente, Rusia y la Liga Árabe condenan los ataques que obligan a muchas de las compañías navieras más importantes a enviar sus buques por el cabo de Buena Esperanza, encareciendo el precio de los fletes.
Incendio en el buque mercante Maersk Gibraltar tras sufrir un ataque de los hutíes
Después de pensárselo algún tiempo, Estados Unidos organiza una coalición para proteger la libertad de navegación, de la que España elige no formar parte, al menos de forma bilateral aunque deja abierta la puerta a algún tipo de colaboración entre la nueva coalición y Atalanta, la operación de la UE contra la piratería. Nada que objetar. Es, desde luego, legítimo que sea el gobierno quien tome las decisiones sobre política exterior. Sin embargo, la manera de hacerlo, sin debate público alguno, recuerda más al despotismo ilustrado del siglo XVIII –«todo para el pueblo pero sin el pueblo»– que al sueño de Abraham Lincoln en el renombrado discurso de Gettysburg: «que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la faz de la tierra.»
Tengo por cierto que esta forma de gestionar las decisiones militares encaja en la Constitución. No está ahí el problema. Me consta, además, que siempre hay razones para la opacidad cuando está en juego nuestra seguridad. Sin embargo, me parece que es un error. La falta de debate sobre estos asuntos no contribuye a fomentar la cultura de defensa de los españoles y, por esa misma razón, nos debilita: casi siempre es más fácil torcer el brazo de un Gobierno que el de un pueblo.
Si el Gobierno hubiera querido integrarse en la coalición y el Congreso lo hubiera autorizado, habría sido necesario enviar al mar Rojo una fragata de la clase «Álvaro de Bazán»
Cuando se necesita el apoyo de la sociedad, es necesario oír su voz. Sea esta la que sea. Recuerdo la tristeza con que un marino británico me relataba la salida de sus buques con destino a Irak, en 2003, mientras sus dotaciones escuchaban que la ciudadanía se manifestaba en Londres en contra de la guerra. Clausewitz habría predicho que aquello iba a terminar mal, y no por culpa de Tony Blair, de los militares británicos ni, mucho menos, de los londinenses. Era la desconexión entre pueblo y Gobierno la que debilitaba al Reino Unido en aquella guerra triste que la coalición liderada por los EE.UU. ganó en el frente y perdió en los corazones de los iraquíes.
En los asuntos relacionados con la defensa nacional ¿cómo podríamos dar al sufrido pueblo español el protagonismo que exigía Clausewitz y que le corresponde de acuerdo con nuestra Constitución? No es asunto sencillo porque, para empezar, no parece que lo deseemos. Muchos de los lectores de El Debate –y de otras cabeceras que también se interesan por asuntos militares– saben que, si el Gobierno hubiera querido integrarse en la coalición y el Congreso lo hubiera autorizado, habría sido necesario enviar al mar Rojo una fragata de la clase «Álvaro de Bazán». La veterana «Victoria», ya desplegada en la zona para combatir la piratería, no tiene las capacidades que se precisan para enfrentarse a los misiles de los hutíes. ¿No es extraño que, existiendo un interés constatable por esa información, de carácter puramente técnico, a nadie parezcan importarle las razones por las cuáles hemos preferido no hacerlo?
Fragata Álvaro de Bazán
Tengo para mí que una ley que obliga a debatir en el Congreso el despliegue de una fuerza militar en el extranjero no está completa si no prevé que se discuta la decisión contraria. Existe el riesgo de que el proceso se desequilibre en beneficio de la inacción. Simulemos desde aquí ese debate que creemos necesario. Los partidarios del despliegue bien podrían recordarnos que la Armada tiene entre sus razones de ser la defensa del tráfico marítimo, no solo en nuestras costas sino en todas las rutas que necesitamos mantener abiertas. Podrían añadir que la legitimidad de la defensa de buques mercantes, sin carga militar, está fuera de toda duda. Hasta podrían recordar a sus señorías que, si permitimos que se cierre el canal de Suez, los españoles tendremos que elegir entre ducharnos menos o pagar más por nuestra higiene.
¿Cuáles son los argumentos en contra? Dada mi profesión, me resulta un poco más difícil imaginarlos y es probable que me equivoque. Dicen que las armas las carga el diablo y las operaciones militares se sabe cómo empiezan, pero no cómo y cuándo van a terminar. Incluso una misión de vocación defensiva puede obligar, bajo ciertas circunstancias, al ataque a instalaciones en tierra –ha ocurrido incluso en la operación Atalanta– con víctimas que, de existir, los hutíes –que para eso son rebeldes– declararán civiles. ¿Por qué habría de meterse en ese avispero un Gobierno de coalición, aparentemente poco cohesionado en cuestiones de política exterior?
Rebeldes hutíes exhiben su armamento
También es posible que el Gobierno tema que cualquier acción militar contra los hutíes pueda tomarse como un acto de apoyo a Israel. Si ese fuera el caso, podría entenderse que es mejor recurrir a ese «que lo haga otro» con que Homer Simpson presentó su candidatura a la alcaldía de Springfield. Que sea otro quien saque la basura por las noches o quien pasee a nuestro perro por las mañanas. Que sea la OTAN o la UE las que se hagan responsables de la decisión. Que sean los EE.UU., el Reino Unido o Francia los que lidien con los misiles de los hutíes y la ira de sus partidarios, que algunos tienen. Incluso en España.
Y, a todo esto, ¿qué piensan los españoles? Si las encuestas no mienten, seguimos sin interesarnos demasiado por los asuntos militares, clamorosamente ausentes en nuestra prensa generalista. Quizá también nosotros, que votamos de acuerdo con nuestras convicciones en los asuntos relacionados con la economía, la sanidad o la educación, también preferimos «que lo haga otro» cuando de lo que se trata es de debatir sobre la defensa nacional.
Sin la presencia de los buques norteamericanos, hace tiempo que se habría cerrado el canal de Suez. Pero nosotros tenemos el Gobierno que elegimos con nuestros votos –no se acepta la protesta: el argumento se sostiene aunque los votos sean los de los demás– y dotamos a las Fuerzas Armadas con los recursos que aprueban los partidos que defienden nuestros intereses. Si no nos molestamos en pedir explicaciones sobre las decisiones que afectan a nuestra seguridad ¿a quién echar la culpa sino a nosotros mismos?
- Juan Rodríguez Garat Almirante retirado
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