Ana Pontón candidata a la presidencia de la Xunta por el BNG
Los postulados radicales que defenderá el BNG como líder de la oposición en Galicia
Detrás de este nuevo Bloque, personalizado en la imagen de una mujer joven y empática, se esconden los mismos principios del viejo BNG
Todavía perdura la resaca de la noche electoral más intensa de los últimos años. Una noche en la que el Partido Popular revalidó la presidencia a la Xunta de Galicia, tras conseguir 40 escaños.
El BNG también repite puesto y quedará como partido líder de la oposición con 25 diputados. El PSdeG tan sólo consigue 9 escaños.
Detrás del discurso moderado de Ana Pontón durante toda la campaña electoral se esconden los ideales del viejo nacionalismo y que el BNG defenderá desde la oposición. Un programa que habla de la autonomía gallega como «una autonomía otorgada, limitada y tutelada» y plantea el «objetivo estratégico» del «ejercicio del derecho de autodeterminación», que permita una Galicia soberana con un sistema judicial y un concierto económico propios, o de la transferencia de la Seguridad Social entre otras muchas otras propuestas que bien podrían haber salido de un programa de Bildu o Esquerra.
En esta campaña, el BNG se ha centrado en hablar más de la política social y económica que de sus aspectos ideológicos, no expresando ante el electorado gallego sus pretensiones nacionalistas como la creación de nuevos impuestos a las viviendas vacías y a las grandes superficies; de establecer «una oferta educativa completa o principalmente en gallego» que pasaría a ser «vehicular» en la enseñanza pública excluyendo al castellano, o la creación de un policía propia; entre otras.
Estos son los puntos más radicales del programa del BNG que presentó en las elecciones.
Concierto Económico Propio y autodeterminación
El Bloque reclama un nuevo modelo basado en el concierto económico para Galicia como el de El País Vasco o Navarra. Los nacionalistas afirman que «debe ser prioridad del gobierno gallego un concierto económico que considere la atribución de plena capacidad normativa, de gestión y responsabilidad fiscal sobre los impuestos soportados en Galicia, contando con una Agencia Tributaria propia», es decir, un modelo para fijar su financiación autonómica que debe completarse «con la articulación de mecanismos redistributivos que garanticen el equilibrio territorial en el Estado». Una pretensión nacionalista histórica carente de cualquier posibilidad de viabilidad.
El nuevo estatus económico vendría de la mano de un nuevo estatus político que pasa por «reformulación del Tribunal Constitucional, que dejaría de ejercer funciones sobre Galicia» y por la «eliminación de las provincias y de su referencia como circunscripción electoral» y «por la creación de un poder judicial propio». El BNG considera que Galicia «padece una autonomía limitada y tutelada» y el modelo propuesto rompería con el actual ya que implicaría el reconocimiento del derecho de autodeterminación, y la consecuente desconexión de la Comunidad del Estado.
Derogación del plurilingüismo
Uno de los puntos más controvertidos es la política lingüística. El BNG aboga por la derogación del sistema de plurilingüismo en las aulas que se instauró en la época de Feijóo y la elaboración de una nueva normativa que garantice «igualdad lingüística en el sistema educativo».
El Bloque Nacionalista Gallego quiere el cambio del modelo lingüístico con una enseñanza totalmente en gallego, en detrimento del castellano. Su modelo es «una educación totalmente en gallego con el objetivo de conseguir la plena normalización de su uso».
El documento nacionalista propone «asegurar la existencia de contextos favorables para el uso de nuestro idioma entre familias y juventud», porque uno de los problemas que señala el BNG es la transmisión intergeneracional del gallego, así como políticas para incentivar el uso de la lengua gallega.
Además, esta política lingüística apuesta por «la introducción del portugués como ventaja competitiva». Y para ello prometen que la señal de Radio Televisión Portuguesa pueda verse «en todo el territorio gallego».
Policía propia y normativa electoral autonómica
El BNG recoge en su programa la creación de una policía gallega propia, que asumiría los efectivos de la actual unidad de la Policía Nacional adscrita a Galicia, pero también a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, dado que esta competencia dejaría de ser del Estado y pasaría a la Comunidad.
Esta medida tal y como recoge el programa nacionalista deberá «contemplar la progresiva sustitución de la Policía Nacional y Guardia Civil por el Cuerpo de Policía Gallego». De ser así, más de 10.000 familias se verían forzadas a abandonar Galicia.
Por otra parte, el BNG impulsará esta reforma legislativa de la normativa electoral autonómica, para que la edad mínima se rebaje hasta los 16 años y el umbral de voto necesario para alcanzar representación pase del 5 % al 3 %.
Cultura identitaria
La cultura para el BNG es una cuestión identitaria y que debe estar al servicio «del fortalecimiento de la identidad nacional». También la historia, para lo que proponen «programaciones temáticas sobre periodos históricos, acontecimientos o personalidades relevantes de la historia de Galicia», el «fomento de la utilización de personajes y contenidos de nuestra historia como fuente de creación artística» enfocados «a la población infantil y juvenil» así como la promoción de fiestas pero siempre que lleven aparejadas «celebraciones históricas generadoras de identidad, de conocimiento del pasado y de atractivo turístico».
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Nuevos impuestos
Impuestos en áreas comerciales y sobre viviendas vacías. Dentro del programa del BNG llama la atención la creación de un impuesto específico para las grandes superficies comerciales. Lo justifican para compensar el «grave impacto social y económico» que tienen ese tipo de espacios. El gravamen sería variable en función del tamaño del centro comercial.
Por otra parte, también el documento recoge que, las personas jurídicas que tengan viviendas vacías tendrán que pagar un impuesto específico. Según explican en su programa electoral, esto no afectaría a particulares, pero sí a empresas que tengan pisos vacíos durante un periodo mayor a los dos años. El gravamen variaría en función de los metros cuadrados de vivienda vacía.
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