Embargan parte de la pensión de una mujer por dejar de pagar la factura de agua de su inquilina okupa

La historia de Pilar viene de largo. Tal y como ha ido desglosando El Debate, esta propietaria de un piso céntrico de La Coruña lleva casi cinco años viviendo un infierno. Su inquilina se convirtió en okupa y dejó de pagar el alquiler. Ahora, a través de un aviso de su banco, verá embargada parte de su pensión por haber dejado de pagar las facturas del agua que ella no ha disfrutado .

«Es muy triste porque yo nunca le he debido dinero a nadie. Nunca he tenido deudas y ahora me embargan lo que es mío», lamenta Pilar en declaraciones para El Debate. Aunque la propietaria tiene la casa alquilada a una mujer de origen marroquí que no paga la cuota desde hace casi cinco años, la factura del agua le seguía llegando a ella. «Hay una deuda de casi mil euros que me negué a seguir pagando», asegura la víctima. «Cuando me llegó el embargo me derrumbé», afirma.

Todo comenzó cuando Pilar y su marido decidieron alquilar su casa de La Coruña, un piso céntrico y con tres dormitorios. La inquilina aseguraba que nadie le quería alquilar un piso por su país de origen. «Yo no estaba muy conforme pero terminé aceptando», recuerda Pilar cuyo marido falleció en mayo de 2020. «Fue en ese momento cuando dejó de pagar», cuenta añadiendo que aportó algunas cuotas a través de las ayudas a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde entonces, Pilar dejó de recibir el alquiler y la Justicia no le da solución. «Con toda la vergüenza del mundo me fui con una pancarta delante de servicios sociales pidiendo que le buscaran algo», recuerda Pilar que ha agotado todas las vías posibles para solucionar la situación.

Esta semana, un aviso del banco llegaba para empeorar la situación. «Estimada María Pilar, queremos informarte sobre la retención en tus cuentas como consecuencia de un proceso de embargo», puede leerse en el documento bancario al que ha tenido acceso El Debate. En total, un embargo de 88 euros que, por el momento, Pilar no puede usar para su vida diaria. Este embargo está emitido desde el Ayuntamiento de La Coruña al tratarse de una factura de agua. Cabe recalcar que la inquiokupa sí tiene la luz registrada a su nombre. Hasta donde sabe Pilar, con una deuda creciente también.

La propietaria está desesperada, no cuenta con ayuda de las autoridades y es fundadora de una asociación que da visibilidad a este tipo de hechos. Bajo el nombre de APROVIJ (Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica), quince afectados se han reunido para intentar dar una mayor visibilidad a una problemática real. «Queremos alzar la voz contra el abuso constante al que nos somete el Real Decreto 11/2020, un decreto que ha convertido a muchos de nosotros, los propietarios, en víctimas de una indefensión jurídica si precedentes», puede leerse en su página web de reciente construcción. «Se ha creado un escenario de vulnerabilidad para todos aquellos que han trabajado arduamente para construir su hogar y su seguridad», añaden.

«No podemos ser el escudo social de los que no quieren trabajar o de los que trabajen pero quieren estar en nuestras viviendas gratis», se quejan.

Aunque las esperanzas flaquean, Pilar espera que se solucione la situación que lleva años impidiendo que se mude a La Coruña donde viven sus hijos.