Miembros de INESGAL y Leseo Bufete
Ecologistas gallegos vinculados al BNG fueron promotores de los eólicos contra los que ahora luchan
Un bufete fundado por miembros del BNG y conexiones con antiguas empresas adjudicatarias de contratos eólicos son los encargados de impulsar la ofensiva judicial contra la Xunta y los parques actuales
En 2009, la entrada de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia tras el gobierno que el PSOE mantuvo en bipartito con el nacionalismo gallego del BNG, trajo consigo la anulación de un concurso eólico realizado el año anterior. La suspensión se llevó a cabo por considerar que se trataba de un proceso con «tachas graves de legalidad» e inseguridad jurídica.
A raíz de esa decisión, varias empresas, entre ellas Iniciativas Estratéxicas Galegas (INESGAL) S. A., quedaron fuera del reparto otorgado por el bipartito. INESGAL fue fundada en abril del año 2008 y, entre sus miembros, contaba con Fernando Adolfo de Abel Vilela. Era, concretamente, secretario de la sociedad. Años después, este profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela pasaría a ser colaborador jurídico de la plataforma más importante del ecologismo gallego, la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA).
El concurso en el que INESGAL resultaba adjudicataria quedó anulado. Uno de sus miembros es ahora activista contra los eólicos
En 2011, INESGAL presentó una demanda contra la anulación del procedimiento del que hubiesen resultado beneficiados. La firma Montserrat María Calvo Ríos, pareja de Abel Vilela y miembro del bufete de abogados LESEO. Este bufete, actualmente uno de los más activos en la lucha contra los parques eólicos en Galicia, tenía como administradores a Óscar Insúa y Alberte Souto, miembros del BNG. Concretamente, Insúa es diputado en el Parlamento de Galicia desde las pasadas elecciones autonómicas, momento en el que abandonó el bufete. Por su parte, Souto fue secretario general de la Consejería de Medio Rural durante el bipartito y ha sido asesor del partido en el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento autonómico.
El bufete LESEO fue fundado por miembros del BNG y ahora firma gran parte de las demandas contra los eólicos
Ofensiva contra los eólicos
Este bufete, fundado por miembros del partido nacionalista, es el protagonista de las demandas presentadas contra la Xunta de Galicia cuyo objetivo es neutralizar los proyectos eólicos. La representante legal de estas demandas es, precisamente, Calvo Ríos, y es el propio Abel Vilela –a pesar de su evidente vinculación pasada con la explotación eólica– el que participa como colaborador externo para potenciar esta ofensiva.
De hecho, la pareja de Calvo Ríos forma parte del equipo jurídico del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica cuyo objetivo es luchar contra «macroproyectos energéticos renovables». En la página web de dicha asociación se le describe como «colaborador de ADEGA» y apunta que «actualmente prepara un informe para el Parlamento Europeo sobre la evolución y situación del sector eólico en Galicia». En este punto es importante remarcar que más de 60 parques eólicos gallegos están paralizados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) y que los proyectos esperan el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Esta paralización ha sido ampliamente rechazada por el Supremo, que ha emitido ya varias sentencias favorables a la reactivación de dichos parques. En marzo de este mismo año, el Alto Tribunal consideró que el hecho de que dos o más instalaciones de parques «compartan instalaciones de conexión» no comporta, ineludiblemente, que se deba considerar «la existencia de un único proyecto de parque eólico a efectos de su evaluación medioambiental, sino que habrá que examinar en cada caso las circunstancias concurrentes».
De este modo, ha delimitado el concepto de fragmentación, que ha generado polémica en los últimos años y al que han apuntado varias asociaciones ecologistas. Los magistrados consideran que «habrá que examinar en cada caso las circunstancias concurrentes, a la luz de la normativa y de la jurisprudencia aplicables».
El revés del Supremo a la Justicia gallega hizo que el TSXG elevase el asunto a Europa
Esta decisión, junto a las anteriores, comporta una sentencia de vital importancia al establecer jurisprudencia sobre una de las demandas de los grupos contrarios a la instalación de eólicos.
Ante este revés que contraviene sus decisiones, la Justicia gallega ha elevado el pulso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tendrá que pronunciarse al respecto.
