Empresario juzgado en Vigo por defraudar más de 260.600 euros a Hacienda en los ejercicios de 2017 y 2018.
El dueño de una empresa en Gondomar se enfrenta a dos años de cárcel por defraudar más de 260.000 euros a Hacienda
La Fiscalía rebaja la pena inicial de condena, que era de 6 años, al haber reconocido el fraude
El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo ha celebrado la vista contra Anthony D.R., propietario de una empresa con sede en Gondomar (Pontevedra), acusado de defraudar más de 260.000 euros a la Agencia Tributaria durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018. El empresario reconoció los hechos, lo que llevó a la Fiscalía a reducir su petición inicial de condena.
En un primer momento, el Ministerio Público solicitaba seis años de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública, además de multas que superaban el millón y medio de euros. También pedía para la empresa una sanción de 781.847 euros y la pérdida durante cinco años del derecho a recibir subvenciones, ayudas públicas o beneficios fiscales.
Tras la confesión del acusado, la Fiscalía rebajó su petición a un año de prisión por cada delito, es decir, dos años en total, y redujo la multa para la empresa a algo más de 260.600 euros, equivalente al importe defraudado. Además, propone que la sociedad quede inhabilitada durante tres años para recibir ayudas o disfrutar de incentivos fiscales.
Por su parte, la Abogacía del Estado ha mantenido su acusación inicial, recordando que el procesado no ha devuelto todavía el dinero correspondiente a la cantidad defraudada. El juicio ha quedado visto para sentencia.
El escrito de la acusación
Según el escrito de acusación, la empresa del empresario vigués ocultó los ingresos obtenidos por ventas a través de la plataforma Groupon tanto en la Unión Europea como en Reino Unido. Para disfrazar los beneficios, los registraba en su contabilidad bajo el concepto de «préstamo del socio».
Además, el Ministerio Público sostiene que el acusado también ocultó fondos procedentes de una operación de transporte de mercancías entre la UE y Estados Unidos, evitando así declarar la totalidad de su volumen de negocio real.
Estas operaciones incrementaban significativamente la cifra de negocio de la compañía, lo que implicaba una base imponible mucho mayor de la que fue declarada a Hacienda. Como consecuencia de esta manipulación contable, el erario público dejó de ingresar un total de 260.615,71 euros.
El tribunal deberá ahora determinar si acepta la rebaja de pena propuesta por la Fiscalía tras la confesión del empresario o si atiende la postura más severa de la Abogacía del Estado, que insiste en que el fraude sigue sin ser reparado.
