Tener nómina ya no basta: la nueva pobreza en Galicia golpea a familias con trabajo y vivienda

El IX informe sobre exclusión y desarrollo social en Galicia, presentado este miércoles por la Fundación FOESSA y Cáritas en Galicia, constata que la vivienda es uno de los grandes problemas de la exclusión social en Galicia. «El 26 % de los hogares gallegos presenta algún indicador de exclusión residencial. Más de 78.000 hogares (el 7 %) soportan gastos excesivos de vivienda que los sitúan por debajo del umbral de pobreza severa tras pagar alquiler o hipoteca.

«La vivienda es el cuello de botella de la integración social en Galicia y es ahora, más que nunca, un derecho 'fake' que debe convertirse en un pilar del bienestar», ha expuesto el coordinador técnico del informe, Thomas Udrich, que ha presentado los resultados este miércoles en compañía de representantes de las cinco Cáritas diocesanas.

Esta problemática viene motivada por el incremento de los precios de compra y alquiler, que se produce «a un ritmo superior al de las rentas familiares» en un contexto marcado por la oferta limitada y la especulación inmobiliaria». Por ejemplo, una vez descontados los gastos mensuales de vivienda, más de 78.000 hogares se quedan con ingresos por debajo del umbral de la pobreza severa.

Además, el informe coloca al 7 % de los hogares (160.000 personas) en una situación de vivienda insegura en Galicia por problemas de legalidad, precariedad e inestabilidad de la tenencia y a un 6 % (170.000) con dificultades de habitabilidad, insalubridad y hacinamiento.

Una política de vivienda seria

«Sin una política de vivienda seria que tenga en cuenta a las familias y personas en situación o riesgo de exclusión, con políticas de vivienda social y alquileres sociales, la mejora económica nunca se va a traducir en integración social», ha valorado Udrich.

De esta modo, la vivienda, que «expulsa del territorio y de una vida digna», se une al empleo, que ha «perdido su capacidad para rescatar de esa expulsión», como los motores principales de la exclusión: «Se trabaja más, sin que eso garantice la integración social a una parte de la población».

El diagnóstico general es que, entre 2018 y 2024, la exclusión social cayó en Galicia del 16,8 % hasta un 12,7 %, con unas 342.000 personas afectadas. Sin embargo, esta evolución se explica únicamente por el descenso en su forma moderada, ya que la expulsión severa apenas varía y sigue afectando al 6,8 % de la población.

De esta forma, se da, según Udrich, un «doble desplazamiento»: «Una parte de quienes estaban en posiciones más favorables cae hacia formas de integración más frágiles, mientras que parte de quien antes vivía exclusión moderada mejora, aunque sin salir del todo de la vulnerabilidad y quedando en ese espacio de integración precaria».

Exclusión en materia de salud

Paralelamente, la exclusión en materia de salud ha aumentado en cinco puntos hasta afectar al 18 % de la población gallega. Mientras en otras comunidades esta dimensión se vincula a la escasez de recursos económicos para costear medicamentos y prótesis, en Galicia destaca la «falta de asistencia médica» por enfermedades graves o crónicas.

En este contexto, Galicia duplica la media estatal en el número de hogares que declaran que algún miembro con alguna dolencia de esta gravedad no ha recibido atención médica en el último año, lo que supone un total de 78.000.

Durante su intervención, Udrich ha desmentido el mito de la «pasividad» de las personas en situación de exclusión o de pobreza en relación a la idea de que «viven de prestaciones insociales sin buscar soluciones o emprender acciones: «Esa idea es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia».

El informe pone de relieve que tres de cada cuatro hogares en exclusión social severa activan estrategias de inclusión, como son la búsqueda de empleo, la formación y la activación de redes. «Pero chocan con barreras estructurales y se topan con dispositivos muchas veces fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados», ha matizado.

Se reduce el riesgo de pobreza

La tasa de riesgo de pobreza en Galicia se sitúa en el 14,2 % de la población y, en el caso de la severa, en el 5,9 %, cifras que se reducen y son menores respecto a las registradas a nivel estatal. Con todo, se incrementa la carencia material, que sufre un 4,8 % de la ciudadanía gallega.

Existe una «fragilidad cotidiana» en la que un 26,7 % no puede afrontar gastos imprevistos; el 17 % no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, y al 4 % le es imposible permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

«En este contexto, el sistema de garantía de ingresos no está a la altura de las necesidades», ha manifestado Udrich. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegaba, en noviembre de 2024, al 2,7 % de los hogares, un porcentaje «muy reducido» de sus potenciales beneficiarios (51,1 %). Mientras, la cobertura de la Renta de Inclusión Social en Galicia (Risga) es «muy limitada» y se ha reducido desde la entrada en vigor del IMV hasta el 0,50 % en 2023.

Cuidado y justicia social

Ante esto, Cáritas propone un «cambio de paradigma», en el que se pase de un modelo centrado en el crecimiento y el rendimiento a otro basado en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ambiental.

«Este nuevo enfoque reconoce que el bienestar no se mide solo por el consumo, sino por la capacidad de garantizar vidas dignas y sostenibles», ha manifestado el coordinador técnico del informe, que llama a ejecutar intervenciones transversales que abarquen a toda la programática de la unidad familiar.